Islandia dice “no” a la UE: por qué los islandeses rechazan negociar con Bruselas

El resultado del referéndum celebrado en Islandia deja una conclusión incómoda para Bruselas: la Unión Europea puede resultar políticamente poco atractiva incluso para un país rico, democrático, occidental y profundamente integrado en el mercado europeo. Con una participación del 82,5%, los islandeses rechazaron por 52,8% frente a 47,2% la propuesta de reanudar las negociaciones de adhesión. No votaban todavía sobre la entrada efectiva en la UE, sino sobre si querían volver a abrir un proceso negociador que llevaba más de una década congelado.

La diferencia es importante. Un triunfo del «sí» habría permitido recuperar las conversaciones; cualquier eventual tratado de adhesión habría necesitado posteriormente otra consulta popular. El «no», por tanto, no convierte a Islandia en un país menos europeo de un día para otro. Pero sí demuestra que la plena pertenencia a la UE no ha conseguido presentarse ante una mayoría de islandeses como una mejora suficientemente clara respecto al modelo que ya tienen.

La paradoja islandesa explica buena parte del voto. El país forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE) y del espacio Schengen. Tiene acceso al mercado único europeo y aplica una parte muy amplia de las normas comunitarias, aunque permanece fuera de las instituciones de la Unión. También mantiene una estrecha cooperación con los países europeos en numerosos ámbitos.

Desde la perspectiva de muchos votantes, la pregunta era sencilla: ¿qué beneficios adicionales proporcionaría la adhesión que compensasen las nuevas obligaciones? Los partidarios del «no» encontraron una respuesta convincente: no demasiados, al menos no suficientes para asumir el coste político de ceder competencias adicionales a Bruselas.

El argumento tiene especial fuerza porque Islandia no parte de una posición de aislamiento económico. Ya disfruta de buena parte de las ventajas comerciales de Europa sin pertenecer formalmente al club. Precisamente por eso, la adhesión puede parecer menos necesaria que para países que aspiran a utilizar la UE como instrumento de convergencia económica, modernización institucional o anclaje geopolítico.

La situación también explica por qué el resultado no debe interpretarse automáticamente como un rechazo a Europa. Islandia ha rechazado la pertenencia plena, no la relación con Europa.

La pesca fue el verdadero campo de batalla

La cuestión que más pesó en la campaña fue la pesca. No se trata simplemente de un sector económico: en Islandia forma parte de la identidad nacional y de una larga historia de defensa de sus aguas.

La industria pesquera representa alrededor del 8% del PIB y cerca del 40% de los ingresos por exportaciones, según los datos recogidos durante la campaña. Además, el sector mantiene una relación especialmente sensible con la soberanía nacional después de las conocidas «Guerras del Bacalao» que enfrentaron a Islandia y Reino Unido durante el siglo XX.

El temor de los pescadores era concreto. La entrada en la UE implicaría quedar sometido a la Política Pesquera Común, un sistema en el que las decisiones sobre cuotas y gestión de los recursos pesqueros se adoptan dentro del marco comunitario. Para quienes defendían el «no», el riesgo consistía en perder capacidad de decisión sobre uno de los principales recursos naturales del país.

No es una preocupación marginal. Según datos difundidos durante la campaña, hasta el 90% de las empresas vinculadas al sector pesquero se oponían a reabrir las negociaciones.

El Gobierno intentó responder asegurando que negociaría condiciones específicas para proteger la pesca islandesa y que Bruselas estaba dispuesta a estudiar «soluciones particulares». Pero el argumento llegó tarde o no fue suficientemente convincente. Para buena parte del electorado, la incertidumbre sobre lo que ocurriría con las aguas islandesas pesó más que las posibles ventajas futuras.

Además, la agricultura completó el argumento económico del «no», ya que los productores locales temían que una mayor apertura del mercado facilitara la entrada de alimentos más baratos procedentes de otros países europeos. En un país pequeño, marcado por condiciones climáticas y costes de producción muy particulares, esta perspectiva generó una profunda preocupación por la supervivencia de las explotaciones familiares. Sin embargo, por debajo de los temores sectoriales de la pesca y la agricultura, existía una cuestión todavía más profunda y transversal: la soberanía.

Los euroescépticos plantearon que Islandia podía terminar aceptando decisiones europeas en ámbitos en los que actualmente conserva una capacidad de decisión mucho mayor. Para un país de unos 400.000 habitantes, la idea de trasladar competencias a una estructura política de 27 Estados también alimenta el temor de que su influencia efectiva sea limitada.

El mapa electoral refleja esa división. Reikiavik fue la única zona del país donde venció el «sí», mientras las circunscripciones rurales se inclinaron mayoritariamente por el «no». En el noroeste, noreste y sur, el rechazo superó el 60%. No fue, por tanto, únicamente una votación sobre Bruselas. Fue también una expresión de las diferencias entre una capital más internacionalizada y un territorio donde los recursos naturales tienen un peso mucho mayor en la economía y en la identidad colectiva.

Trump, Rusia y el Ártico no fueron suficientes

El rechazo tampoco significa que los argumentos favorables a la UE fueran débiles. Islandia mantiene una moneda propia históricamente vulnerable a episodios de inflación y volatilidad. Los tipos de interés son considerablemente superiores a los del Banco Central Europeo. Los defensores de la adhesión sostuvieron que una eventual adopción del euro podría aportar estabilidad y reducir costes financieros para empresas y hogares.

Además, los partidarios de la integración defendieron que Islandia ya aplica numerosas normas comunitarias sin participar plenamente en las instituciones que las diseñan. Ese es uno de los argumentos más sólidos del «sí»: Islandia acepta buena parte de las reglas del mercado europeo, pero no dispone del mismo peso político en su elaboración que tendría como Estado miembro.

El Gobierno había acelerado la consulta por el deterioro del escenario geopolítico. La guerra de Ucrania, las tensiones en el Ártico y las controvertidas posiciones de Donald Trump respecto a Groenlandia habían reforzado la tesis de que Islandia necesitaba estrechar sus vínculos con Europa.

Islandia pertenece a la OTAN, aunque carece de ejército propio y depende de sus aliados para su defensa. En este contexto, una relación más estrecha con la UE podía interpretarse como un refuerzo adicional frente a un entorno estratégico cada vez más incierto. Sin embargo, la geopolítica no logró desplazar a la pesca del centro del debate. Reuters señala precisamente que las preocupaciones por la soberanía y la protección del sector pesquero terminaron inclinando la balanza.

Para la Unión Europea, el resultado tiene una dimensión simbólica considerable. Islandia habría sido un candidato peculiar: rico, estable, democrático, altamente desarrollado y ya estrechamente vinculado al mercado comunitario. Precisamente por eso, su adhesión habría permitido defender la idea de que la UE sigue siendo atractiva también para países que no necesitan incorporarse para alcanzar niveles básicos de prosperidad.

El rechazo recuerda además precedentes como Noruega, que rechazó la adhesión en 1972 y 1994, y demuestra que el atractivo de la UE no es uniforme cuando un país dispone de recursos naturales estratégicos, elevada renta y alternativas de integración exterior. 

Islandia no ha cerrado para siempre la puerta. El propio carácter de la consulta deja abierta la posibilidad de que otra generación vuelva a plantear la cuestión. Pero políticamente el mensaje actual es claro: Bruselas tendrá que ofrecer algo más convincente que una integración institucional para convencer a los islandeses. @mundiario