La guerra entre Estados Unidos e Irán entra en una nueva fase política y diplomática precisamente cuando el conflicto militar vuelve a situar a Washington y Teherán frente a acusaciones de enorme gravedad. Una misión internacional de investigación auspiciada por Naciones Unidas sostiene que existen “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques efectuados en febrero contra una escuela y un complejo deportivo en Irán. En el mismo informe, los investigadores concluyen que las autoridades iraníes cometieron crímenes contra la humanidad durante la represión de las protestas antigubernamentales iniciadas a finales de 2025.
La reacción de la Administración de Donald Trump ha sido inmediata. La Casa Blanca ha rechazado el informe y ha cargado contra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La portavoz adjunta Anna Kelly sostuvo que el organismo “no ha logrado nada en materia de Derechos Humanos” y defendió que la única parte del conflicto a la que Washington atribuye crímenes de guerra es el régimen iraní.
Por primera vez en esta fase de la guerra, un organismo internacional coloca bajo escrutinio tanto las actuaciones militares estadounidenses como la represión ejercida por Teherán. Y lo hace mientras el presidente Trump prepara su presencia en Nueva York para la Asamblea General y su Administración autoriza la entrada de dirigentes iraníes.
La misión independiente de investigación sobre Irán no es un tribunal penal. Su función consiste en recopilar pruebas, entrevistar fuentes y documentar posibles violaciones del derecho internacional. Sus conclusiones pueden posteriormente ser utilizadas por tribunales nacionales o internacionales, pero el informe por sí mismo no condena penalmente a ningún responsable.
En el caso estadounidense, los investigadores se concentraron principalmente en dos ataques del 28 de febrero, el primer día de la operación militar contra Irán. El primero afectó a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, en el sur del país. Según las autoridades iraníes, murieron más de 150 personas, entre ellas alrededor de 120 escolares. La misión considera que existen motivos razonables para concluir que fuerzas estadounidenses fueron responsables del ataque y que el edificio escolar constituía un objetivo civil claramente identificable.
La investigación sostiene además que el centro educativo se encontraba cerca de una instalación naval de la Guardia Revolucionaria iraní, pero que no encontró pruebas de que la escuela estuviera siendo utilizada con fines militares en el momento del ataque.
El segundo episodio se produjo en Lamerd, donde un ataque contra un complejo deportivo provocó víctimas civiles y daños en edificios residenciales y una escuela cercana. Los investigadores consideran igualmente que el objetivo era identificable como instalación civil y califican el ataque de indiscriminado.
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La cuestión de los datos de objetivos militares
Uno de los elementos más delicados del informe es la explicación sobre Minab, ya que la misión sostiene que Estados Unidos no actualizó adecuadamente la información de sus sistemas de objetivos ni confirmó que el edificio escolar constituyera un objetivo militar. De hecho, el documento va más allá de un simple error técnico al considerar que existieron elementos suficientes para calificar la acción como una actuación temeraria ante un riesgo sustancial para los civiles.
La cuestión ya había aparecido anteriormente. Una investigación periodística de Reuters había informado de que una investigación militar estadounidense apuntaba a que las fuerzas de Estados Unidos probablemente estuvieron detrás del ataque contra la escuela, aunque el Pentágono no había publicado sus conclusiones definitivas. Trump afirmó posteriormente que «nadie» había atacado deliberadamente la escuela y que existían numerosas variables en el campo de batalla. El Pentágono, por su parte, no ha aceptado públicamente las conclusiones de la misión de la ONU.
Por eso resulta importante distinguir entre responsabilidad material por un ataque, intención deliberada y calificación jurídica de la conducta. Son cuestiones diferentes que deberán ser examinadas con pruebas y criterios jurídicos específicos. Además, el informe no presenta a Irán como una víctima exenta de responsabilidad. Al contrario, dedica una parte sustancial de sus conclusiones a la represión de las protestas que comenzaron a finales de diciembre.
La misión afirma que las autoridades iraníes llevaron a cabo un ataque generalizado y sistemático contra población civil mediante asesinatos ilegales, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y restricciones severas de la libertad de expresión. Los investigadores advierten además de que no pudieron verificar de manera independiente el número total de muertos y heridos. Las cifras oficiales iraníes mencionan 3.038 fallecidos y 25.000 heridos, pero la misión considera probable que el balance real sea superior.
La conclusión sobre los crímenes contra la humanidad tiene, por tanto, un origen distinto de la acusación contra Estados Unidos. En un caso se analiza la conducta militar durante una guerra; en el otro, una política de represión sistemática contra civiles.
La Casa Blanca ha respondido al informe cuestionando directamente la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos. Anna Kelly ha señalado a Irán por la muerte de ciudadanos, ataques contra estadounidenses, acciones en el estrecho de Ormuz y agresiones contra otros países de la región.
La respuesta de Washington refleja también una disputa más amplia sobre la legitimidad de los mecanismos internacionales de investigación. Estados Unidos no acepta las conclusiones como una determinación judicial de responsabilidad y mantiene que sus operaciones militares se realizan conforme al derecho aplicable a los conflictos armados.
Teherán, por su parte, tampoco ha aceptado históricamente las acusaciones internacionales sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos y atribuye parte de la violencia de las protestas a enemigos internos y externos. El informe introduce así una dificultad adicional para cualquier intento de negociación: ambas partes llegan a la mesa con acusaciones internacionales graves contra la otra.
Y, pese a todo, Irán podrá ir a Nueva York
Esta aparente contradicción se vuelve aún más interesante ante la decisión de Estados Unidos de permitir la entrada de una delegación iraní a Nueva York. Al respecto, el Departamento de Estado confirmó que la comitiva principal del Gobierno iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien la autorización incluye restricciones de viaje y de compras, además de una reducción en el número de integrantes en comparación con el año anterior, está previsto que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, intervenga ante la Asamblea General.
Estados Unidos es el país anfitrión de Naciones Unidas y tiene obligaciones derivadas del acuerdo que regula la sede de la organización. La autorización para que representantes iraníes entren en territorio estadounidense no implica, por tanto, un restablecimiento de relaciones diplomáticas ni una reducción de las sanciones.
Es, fundamentalmente, una combinación de obligaciones como país anfitrión y necesidad de mantener abierto un espacio diplomático. La coincidencia temporal entre el informe y la autorización de los visados ofrece una fotografía especialmente compleja. Washington cuestiona duramente a Naciones Unidas mientras permite que los principales dirigentes iraníes acudan precisamente al escenario de la organización internacional.
No es necesariamente una contradicción jurídica. Una cosa es denunciar las conclusiones de un organismo de investigación y otra impedir la participación de una delegación de un Estado miembro en la Asamblea General, especialmente cuando existen obligaciones internacionales relacionadas con la sede de Naciones Unidas. Pero políticamente el momento es significativo.
La presencia de Pezeshkian en Nueva York puede convertirse en una oportunidad para que Irán presente su propia versión de la guerra y de las acusaciones contra Estados Unidos. Para Washington, también será una ocasión para defender su actuación y denunciar la represión interna iraní.
La misión de la ONU ha utilizado deliberadamente una fórmula prudente: “motivos razonables para creer”. No equivale a una sentencia ni determina automáticamente responsabilidades individuales.
Eso no resta importancia a sus conclusiones, pero obliga a situarlas en su contexto jurídico. Los investigadores han documentado posibles violaciones que pueden ser utilizadas en procedimientos posteriores; corresponde a órganos judiciales competentes determinar responsabilidades penales si se inicia un proceso. @mundiario
