La aprobación definitiva del nuevo reglamento por parte del Consejo de la Unión Europea no supone que vayan a aparecer de inmediato centros de deportación en terceros países, pero sí elimina uno de los principales obstáculos legales para ponerlos en marcha. La norma permite establecer estos llamados centros de retorno mediante acuerdos con países que no pertenecen a la UE.
El cambio es relevante porque Bruselas pretende que las decisiones de retorno sean más efectivas. Actualmente, alrededor de dos de cada tres personas que reciben una orden de salida de la Unión no abandonan finalmente el territorio comunitario, según el propio Consejo.
La lógica de la nueva regulación es, por tanto, cerrar esa brecha entre una decisión administrativa y su ejecución. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos ya están explorando acuerdos con terceros países, mientras Ruanda aparece entre los destinos que se han manejado en las conversaciones.
El modelo no implica que cualquier persona pueda ser enviada automáticamente fuera de la UE. Debe existir un acuerdo con el país receptor y este debe respetar las normas internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución. Los menores no acompañados quedan excluidos de este mecanismo.
España plantea el principal debate jurídico
España ha votado en contra de la aprobación y sitúa el foco precisamente en las garantías que acompañarán a estos traslados. El Gobierno sostiene que el sistema puede generar inseguridad jurídica y cuestiona que los derechos de las personas afectadas queden suficientemente protegidos una vez abandonan el territorio comunitario.
La preocupación no es menor. La cuestión central será determinar quién supervisará las condiciones de estos centros, qué mecanismos tendrá una persona para recurrir una decisión y qué autoridad responderá si se producen vulneraciones de derechos.
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El reglamento establece que los acuerdos con terceros países deberán respetar el derecho internacional. Sin embargo, la discusión política se desplaza ahora hacia su aplicación práctica: no basta con establecer una obligación jurídica si después resulta complicado controlar cómo se cumple a miles de kilómetros de las instituciones europeas.
La nueva frontera de la política migratoria europea
El movimiento encaja además en una tendencia más amplia: varios gobiernos europeos están buscando mecanismos para hacer más rápidos los retornos y responder con mayor dureza ante aumentos de las llegadas irregulares.
Paradójicamente, la UE afronta este giro cuando las entradas irregulares han descendido de forma significativa. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha señalado que las llegadas irregulares a las fronteras exteriores han caído un 55% en los últimos dos años.
La aprobación tampoco cierra el debate. Grecia ha planteado paralelamente crear un mecanismo que permita suspender temporalmente las solicitudes de asilo durante grandes crisis migratorias.
El resultado es un cambio progresivo del enfoque europeo: además de reforzar las fronteras, Bruselas y varios gobiernos quieren aumentar la capacidad para ejecutar las decisiones de retorno. El verdadero examen llegará ahora, cuando los acuerdos con terceros países pasen del terreno político al funcionamiento real y haya que demostrar que la rapidez de las expulsiones puede convivir con las garantías previstas por el derecho internacional. @mundiario
