Bruselas se cansa de los vetos: la cláusula para que nadie repita el “modelo Orbán”

La Unión Europea prepara una cláusula anti-Orbán para la próxima ampliación. La expresión es deliberadamente gráfica y procede de la preocupación que durante años ha generado en Bruselas la experiencia de Hungría: un país puede cumplir las condiciones necesarias para entrar en la UE y, una vez dentro, iniciar un retroceso democrático que resulte mucho más difícil de corregir porque pasa a disponer de los mismos derechos institucionales que el resto de Estados miembros.

La Comisión Europea quiere modificar esa lógica antes de que llegue la siguiente ampliación. Su propuesta, presentada el 6 de octubre dentro del paquete para preparar una Unión más amplia, contempla nuevas salvaguardias en los futuros tratados de adhesión, incluida la posibilidad de suspender el derecho de voto de un nuevo Estado miembro en los casos más graves de incumplimiento de los valores europeos. El mecanismo tendría carácter temporal, específico y reversible.

No se trata, por tanto, de expulsar automáticamente a un país ni de crear miembros de segunda categoría. El objetivo declarado es disponer de una herramienta más rápida que las actuales cuando un Gobierno recién incorporado empiece a incumplir compromisos fundamentales sobre democracia, Estado de derecho o cooperación leal con la Unión.

La UE ya tiene un mecanismo para responder a vulneraciones graves de sus valores: el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. En su fase más severa permite suspender determinados derechos del Estado infractor, incluido el derecho de voto en el Consejo.

El problema es que se trata de un procedimiento políticamente complejo. La experiencia de Hungría y, durante años, de Polonia mostró las dificultades de avanzar hasta las sanciones más contundentes cuando existen alianzas entre gobiernos nacionales. La Comisión considera que una Unión que pretende incorporar nuevos miembros no puede depender exclusivamente de una herramienta que puede resultar demasiado lenta precisamente cuando necesita reaccionar con rapidez.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha planteado abiertamente la necesidad de disponer de mecanismos más rápidos que el artículo 7 para impedir que un futuro Gobierno erosione los valores europeos después de haber conseguido la adhesión.

¿Qué es exactamente la cláusula anti-Orbán?

La propuesta establece una salvaguardia institucional que quedaría incorporada a los futuros tratados de adhesión. Bajo este esquema, y durante un periodo limitado que contempla hasta 15 años después de su ingreso, cualquier nuevo Estado miembro estará sometido a mecanismos reforzados para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en las negociaciones. En los escenarios más graves, las penalizaciones podrían incluir desde la suspensión de los derechos de voto en el Consejo de la UE hasta restricciones financieras o la aplicación de mecanismos correctores en sectores específicos.

Hay un matiz fundamental: no significa que cualquier discrepancia política con Bruselas pueda acabar en la retirada del voto. La propuesta está concebida para situaciones graves de retroceso respecto a los valores del artículo 2 del Tratado y al principio de cooperación sincera.

Además, la Comisión insiste en que las salvaguardias deberán ser temporales, proporcionales, reversibles y sometidas a revisión periódica. Esa condición responde precisamente a una de las objeciones más previsibles: si un país entra en la UE pero durante 15 años puede ser privado de derechos fundamentales, ¿sigue existiendo una Unión de miembros iguales?

La respuesta está en el nuevo ciclo de ampliación abierto por la guerra de Ucrania. Kiev presentó su candidatura en 2022 y las negociaciones de adhesión comenzaron formalmente en 2024. En 2026 Ucrania y Moldavia avanzan en los capítulos negociadores, mientras Montenegro y Albania figuran también entre los candidatos más avanzados.

La invasión rusa cambió drásticamente la naturaleza política de la ampliación. Mientras que durante años el debate sobre los nuevos miembros fue fundamentalmente institucional y económico, hoy se ha transformado en una cuestión prioritaria de seguridad europea y competencia geopolítica. Desde esta perspectiva, Bruselas advierte que Rusia y China intentan expandir su influencia sobre los países candidatos, alertando de que una UE incapaz de integrar a su propia vecindad corre el riesgo de perder peso estratégico; de ahí que Ursula von der Leyen haya definido el proceso como un «imperativo geopolítico».

Durante el Gobierno de Viktor Orbán, Hungría bloqueó y amenazó con bloquear distintas decisiones comunitarias relacionadas con Ucrania y las sanciones contra Rusia. En el caso de las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia, el bloqueo húngaro llegó a retrasar la apertura de los primeros capítulos sustantivos hasta que el cambio político en Budapest permitió desbloquear el proceso apenas este año.

El principio de unanimidad otorga a cada Gobierno nacional una herramienta de veto sumamente poderosa, ya que un solo Estado puede bloquear una decisión respaldada por el resto. Si con los 27 miembros actuales el consenso ya resulta complejo, una Unión de 30, 32 o 35 países podría multiplicar el riesgo de parálisis institucional. Por esta razón, la Comisión propone activar las denominadas cláusulas pasarela, un mecanismo que permite transicionar de la unanimidad a la mayoría cualificada en áreas específicas sin necesidad de emprender una reforma convencional de los Tratados comunitarios.

Entre los ámbitos señalados figuran sanciones, lucha contra el fraude fiscal y determinadas medidas fiscales relacionadas con la energía. También se plantea utilizar la mayoría cualificada para determinadas decisiones intermedias de las propias negociaciones de adhesión.

¿Una UE de miembros iguales o una UE con etapas?

El elemento institucional más delicado de la propuesta es cómo se activaría la suspensión. La regla ordinaria de mayoría cualificada del Consejo exige que voten a favor al menos el 55% de los Estados miembros, que representen como mínimo el 65% de la población de la Unión. La Comisión pretende utilizar esta lógica para dificultar que una minoría de gobiernos aliados pueda bloquear la aplicación de determinadas medidas.

Esta medida modifica sustancialmente el equilibrio actual de poder, ya que su propósito es evitar que un pequeño grupo de Estados pueda proteger indefinidamente a otro frente a una respuesta institucional europea. Sin embargo, este cambio plantea una cuestión jurídica y política inevitable: ¿quién determina exactamente cuándo un Gobierno ha cruzado la línea entre una discrepancia legítima y una vulneración grave de los valores europeos?

La respuesta deberá estar sometida a criterios jurídicos verificables, procedimientos claros y posibilidades de defensa. De lo contrario, una herramienta concebida para proteger el Estado de derecho podría convertirse en una fuente permanente de conflicto entre instituciones europeas y gobiernos nacionales.

Bruselas quiere evitar que las salvaguardias creen “miembros de segunda categoría”. La propia Comisión sostiene que las medidas serán limitadas en el tiempo y desaparecerán cuando deje de existir el riesgo que las justificó. Sin embargo, los países candidatos ya han expresado preocupación por que las nuevas condiciones puedan generar una relación asimétrica con los miembros actuales o proporcionar a estos últimos instrumentos adicionales de presión política. 

El debate será especialmente relevante para Ucrania y Moldavia. Ambos países buscan acelerar su integración en un momento en el que la dimensión geopolítica de la ampliación es evidente, pero Bruselas quiere evitar que la urgencia estratégica termine reduciendo las garantías institucionales exigidas a cualquier nuevo miembro. @mundiario