¿La tercera es la vencida? El nuevo intento de Trump para intentar procesar a James Comey

La Administración de Donald Trump ha iniciado un tercer intento de procesar penalmente a James Comey, que dirigió el FBI entre 2013 y 2017. Esta vez, el caso gira en torno a una presunta divulgación de información relacionada con la seguridad nacional a un periodista de The New York Times en octubre de 2016, cuando Comey todavía estaba al frente de la principal agencia federal de investigación estadounidense.

La acusación sostiene que Comey habría ordenado a miembros de su equipo contactar con el periódico para corregir información publicada previamente por Reuters y que, durante ese proceso, se habría transferido ilegalmente material clasificado. El asunto está relacionado con una orden judicial secreta que obligaba a Yahoo a examinar determinados correos electrónicos para identificar posibles comunicaciones vinculadas a una organización terrorista extranjera.

James Comey niega haber cometido delitos y sus abogados ya han solicitado que se desestime el procedimiento, al sostener que los hechos fueron investigados en dos ocasiones anteriores sin que los fiscales consideraran justificado presentar cargos, por lo que esta nueva iniciativa solo pretende reabrir un asunto antiguo mediante un mecanismo procesal insuficiente. El propio exdirector del FBI respondió públicamente con dureza a través de un vídeo difundido en redes sociales, donde afirmó: «Sería casi cómico si no fuera un abuso tan atroz del Departamento de Justicia». Asimismo, reiteró que se considera completamente inocente y que mantiene su plena confianza en la independencia del poder judicial federal.

La controversia no se limita a determinar si hubo una filtración. La cuestión central consiste en establecer si existen pruebas suficientes para sostener una acusación penal y si el procedimiento utilizado por el Departamento de Justicia es legalmente válido. 

Los hechos se remontan a los últimos meses de la campaña presidencial de 2016, cuando Estados Unidos vivía una intensa controversia sobre las operaciones de vigilancia y las investigaciones relacionadas con la seguridad nacional. Según los documentos judiciales citados en las informaciones, el artículo de The New York Times se refería a una orden secreta del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocido como FISA, que obligaba a Yahoo a examinar determinados mensajes para detectar posibles vínculos con una organización terrorista extranjera. La información publicada se apoyaba en fuentes gubernamentales anónimas.

Los fiscales sostienen que Comey habría dirigido a sus subordinados para que hablaran con un periodista con el propósito de corregir información considerada inexacta y que esa intervención habría terminado en una transferencia ilícita de información clasificada sobre técnicas de vigilancia gubernamental. La acusación presentada ante un tribunal federal de Washington contempla dos cargos relacionados con la divulgación.

Sin embargo, las investigaciones anteriores no concluyeron con una imputación penal por estos hechos. El fiscal especial John Durham, encargado de examinar el origen de la investigación federal sobre los posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump, investigó también la divulgación y recomendó en un memorando clasificado de diciembre de 2018 que no se presentaran cargos contra ninguna persona por ese episodio, según los documentos citados por la defensa.

Posteriormente, en enero de 2019, la Fiscalía federal del Distrito de Columbia abrió una segunda investigación, identificada con el nombre en clave Tropical Vortex. El expediente fue cerrado en febrero de 2020 sin acusaciones. La existencia de esos antecedentes no impide automáticamente que una investigación se reabra si aparecen nuevas pruebas o se identifican fundamentos jurídicos diferentes. Pero sí plantea preguntas sobre qué ha cambiado desde entonces y por qué el Departamento de Justicia considera ahora que existen motivos para actuar.

La diferencia clave: el plazo de prescripción y la acusación presentada por la Fiscalía

El elemento más novedoso de esta tercera iniciativa no es únicamente el contenido de los cargos, sino el instrumento procesal elegido. El Departamento de Justicia presentó lo que en el sistema federal estadounidense se denomina criminal information, una acusación formal redactada por la Fiscalía sin necesidad de que un gran jurado vote previamente una imputación. Según un funcionario del departamento, el documento busca suspender o preservar el plazo de prescripción aplicable a los posibles delitos contemplados en la Ley de Espionaje.

Ese plazo de diez años habría vencido a principios de octubre de 2026. La Fiscalía sostiene que presentar una criminal information para detener el cómputo del plazo constituye una práctica reconocida por los tribunales federales y respaldada por decisiones de varios tribunales de apelación. 

La defensa cuestiona precisamente ese argumento, ya que los abogados de Comey afirman que la legislación aplicable exige presentar una imputación aprobada por un gran jurado —conocida como indictment— dentro del plazo legal. Desde su punto de vista, el documento presentado por los fiscales resulta insuficiente para mantener abierta la posibilidad de procesarlo una vez vencido dicho límite; una postura compartida por el exfiscal federal Elie Honig, analista jurídico de CNN, quien calificó el mecanismo de inusual y cuestionó que pudiera utilizarse sin el consentimiento del acusado bajo estas circunstancias.

La diferencia es importante porque no se trata solo de determinar si la información divulgada estaba protegida. Antes de llegar al fondo del asunto, el juez tendrá que resolver si el procedimiento puede seguir adelante. Si considera que la actuación de la Fiscalía no interrumpió válidamente la prescripción, el caso podría quedar bloqueado sin que se celebrara un juicio sobre la conducta atribuida a Comey.

Esta nueva causa debe entenderse dentro de una secuencia de enfrentamientos judiciales entre Comey y la Administración Trump, aunque los expedientes tengan objetos diferentes. En septiembre de 2025, el Departamento de Justicia acusó al exdirector del FBI de realizar presuntas declaraciones falsas al Congreso y de obstruir un procedimiento legislativo en relación con la investigación sobre Rusia y la campaña presidencial de Trump de 2016. Sin embargo, ese proceso fue desestimado en noviembre de 2025, luego de que el tribunal concluyera que la fiscal federal designada para dirigirlo había sido nombrada ilegalmente, una decisión que también afectó a la causa abierta contra Letitia James, fiscal general de Nueva York y otra figura enfrentada políticamente con Trump.

El tercer expediente penal, abierto en Carolina del Norte en abril de 2026, se refiere a una publicación de Comey en Instagram. En ella aparecía una formación de conchas marinas en la arena con los números «86 47». Algunos partidarios de Trump interpretaron la imagen como una amenaza contra el presidente, dado que la expresión «86» puede utilizarse coloquialmente con el sentido de eliminar o deshacerse de alguien.

Comey acompañó la fotografía con un mensaje sobre un paseo por la playa y negó que pretendiera amenazar al mandatario. También ha pedido que se desestime esa causa. Este expediente es independiente de la nueva acusación por la supuesta filtración de 2016. Uno gira en torno al significado y la intención de una publicación en redes sociales; el otro, a la presunta divulgación de información protegida y a la validez del procedimiento empleado para perseguirla.

Trump y Comey: una enemistad que comenzó en la Casa Blanca

La relación entre ambos se deterioró significativamente durante el primer mandato de Trump, culminando en mayo de 2017 cuando el presidente destituyó a Comey mientras el FBI investigaba la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y los contactos relacionados con la campaña republicana. La investigación posterior del fiscal especial Robert Mueller concluyó que Rusia sí había interferido en aquellos comicios y examinó detalladamente los contactos entre Moscú y el entorno de Trump. Si bien el informe final de Mueller no encontró pruebas suficientes para establecer una conspiración criminal entre la campaña y el Gobierno ruso, sí documentó numerosos contactos y describió los esfuerzos sistemáticos de Rusia para favorecer la candidatura republicana.

La destitución de Comey intensificó una disputa en la que, ya en sus memorias publicadas en 2018, el exdirector describió de forma muy crítica su relación con Trump, mientras que el presidente, a su vez, lo ha acusado reiteradamente de deshonestidad y ha reclamado su procesamiento. Si bien esta enemistad constituye un contexto político relevante, no demuestra por sí misma que la nueva causa sea infundada; del mismo modo, las acusaciones de la Fiscalía tampoco prueban que Comey haya cometido los delitos que se le atribuyen. Por lo tanto, para establecer responsabilidades, será estrictamente necesario examinar las pruebas y resolver las objeciones procesales conforme a la ley.

La controversia se produce, además, en un periodo de actuaciones judiciales políticamente sensibles impulsadas por el Departamento de Justicia, incluidas investigaciones contra antiguos funcionarios federales. En este escenario, la independencia de los fiscales y la percepción de que los procedimientos responden a criterios jurídicos, y no a rivalidades políticas, se han convertido en parte central del debate público.

Si el juez acepta el argumento de la Fiscalía, el procedimiento podrá continuar y los fiscales tendrán que sostener sus acusaciones mediante las pruebas correspondientes; por el contrario, si da la razón a la defensa, la causa podría ser desestimada por motivos procesales. Más allá del desenlace directo, este caso también podría generar nuevas controversias sobre el uso de los instrumentos de acusación federal y los límites temporales que el Congreso ha establecido para perseguir determinados delitos. Al respecto, mientras la Fiscalía defiende que actuó dentro de una práctica judicial plenamente reconocida, la defensa considera firmemente que se intenta sortear una exigencia legal que ya ha expirado.

Trump aseguró ante periodistas que acababa de conocer la noticia y negó tener información detallada sobre el expediente, aunque describió a Comey como un «policía corrupto». Esa declaración no aclara quién tomó las decisiones procesales ni permite determinar si el presidente intervino en la investigación. @mundiario