Fico acusa a Merz de “chantaje”: los euroescépticos desafían a Alemania por la ayuda a Ucrania

La financiación de Ucrania ha abierto un nuevo frente de confrontación dentro de la Unión Europea. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha condicionado el respaldo de Alemania al próximo presupuesto comunitario de siete años a que los Veintisiete garanticen nuevas ayudas económicas a Kiev. La respuesta ha sido inmediata: el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha calificado la iniciativa de «caso de manual de chantaje» y ha amenazado con utilizar el veto de su país. Detrás del enfrentamiento hay algo más que una discusión sobre dinero: está en juego quién paga el coste de la guerra, cómo se toman las decisiones europeas y hasta dónde puede llegar Alemania para imponer una política común.

La controversia comenzó con una carta de Merz dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que el canciller defendió que todos los Estados miembros deben comprometerse a financiar las necesidades de Ucrania. Según el dirigente alemán, ese compromiso constituye un «requisito esencial» para abordar cualquier otra cuestión con consecuencias financieras, incluido el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.

La posición de Berlín parte de una reclamación que comparten varios de los principales defensores de Kiev: el esfuerzo económico europeo está distribuido de manera desigual. Alemania, uno de los mayores contribuyentes al presupuesto comunitario y uno de los principales respaldos financieros de Ucrania, considera que no resulta sostenible que unos pocos países soporten una parte desproporcionada de los costes mientras otros quedan al margen.

El problema inmediato es el déficit de financiación ucraniano. Según las cifras recogidas por The Guardian y Euronews, Kiev necesita alrededor de 70.000 millones de euros adicionales para cubrir sus necesidades de 2027, tanto militares como civiles. La Unión Europea se ha comprometido a buscar unos 45.000 millones, aproximadamente dos tercios de esa cantidad, mientras que el resto debería proceder de aliados como Reino Unido y Canadá.

Esta necesidad se suma al préstamo europeo de 90.000 millones de euros acordado anteriormente para cubrir parte de los gastos ucranianos de 2026 y 2027. No obstante, Eslovaquia, la República Checa y Hungría consiguieron quedar exentas de participar en aquella operación y ya han anticipado que tampoco se incorporarán a una nueva ronda de financiación. El problema radica en que el siguiente presupuesto plurianual europeo, correspondiente al periodo 2028-2034, todavía debe negociarse. En este escenario, el canciller Merz pretende que la ayuda a Ucrania forme parte estructural de esa arquitectura financiera, condicionando el presupuesto de modo que ningún Estado miembro pueda beneficiarse de los recursos comunitarios mientras se desentiende de un compromiso que Berlín considera estratégico.

Fico responde con el veto y acusa a Alemania de chantaje

La reacción más contundente ha llegado desde Bratislava. Robert Fico rechazó la presión alemana y acusó al canciller de utilizar el peso económico de Alemania para obligar a otros gobiernos a aceptar una política que no comparten. «Lo que está haciendo el canciller federal es un caso de manual de chantaje y lo rechazo», declaró. El primer ministro eslovaco insistió en que su país es soberano y tiene derecho a mantener una posición propia sobre la guerra y la financiación de Ucrania.

Su respuesta incluyó una advertencia institucional: Eslovaquia dispone del mismo poder de veto que Alemania en las decisiones presupuestarias que requieren unanimidad. «Del mismo modo que el señor Merz habla de utilizar su veto, yo puedo decir exactamente lo mismo«, afirmó durante su encuentro con el primer ministro checo, Andrej Babiš.

Fico mantiene desde hace tiempo una posición crítica con la estrategia europea hacia Rusia. Se ha opuesto a la ayuda militar a Ucrania y ha priorizado las relaciones políticas con Moscú, una postura que lo distancia de buena parte de los dirigentes comunitarios. Por ello, su rechazo a la iniciativa de Merz no responde únicamente a una discrepancia presupuestaria: también refleja una diferencia profunda sobre cómo debe actuar Europa frente a la invasión rusa.

El primer ministro checo, Andrej Babiš, respaldó las objeciones de Fico. Aunque evitó emplear directamente la palabra «chantaje», cuestionó la posición alemana y recordó que la propuesta presupuestaria europea ya contempla una partida de 100.000 millones de euros para Ucrania.

Sin embargo, esa cantidad está prevista para el periodo que comienza en 2028 y no resuelve el déficit inmediato de 2027. Ahí reside una de las diferencias fundamentales del debate: una cosa es reservar recursos para el próximo marco financiero y otra disponer de dinero suficiente para atender las necesidades de Kiev antes de que ese presupuesto entre en vigor.

Hungría también ha rechazado vincular las dos cuestiones. El primer ministro Péter Magyar, tras reunirse con Merz en Berlín, sostuvo que el presupuesto comunitario y la financiación de Ucrania son asuntos distintos. No llegó a calificar la maniobra alemana de chantaje, pero advirtió de que no transmite un buen mensaje.

Magyar justificó la resistencia húngara por la situación de las cuentas públicas. Su Gobierno, explicó, tiene dificultades para controlar el déficit y no puede comprometerse fácilmente con nueva deuda conjunta a escala europea. Aun así, aseguró que negociará con Berlín y Bruselas para encontrar una salida.

Bulgaria se ha sumado a las reservas. Su primer ministro, Rumen Radev, también señaló el déficit público como motivo para no incorporarse a nuevas líneas de crédito destinadas a Ucrania. Aclaró, no obstante, que su país seguirá prestando apoyo «por otras vías», entre ellas los flujos energéticos.

Los cuatro gobiernos —Eslovaquia, República Checa, Hungría y Bulgaria— coinciden en rechazar nuevas obligaciones financieras, aunque sus argumentos no son idénticos. Se mezclan las diferencias sobre la guerra, las restricciones presupuestarias internas y la defensa de los fondos europeos que reciben sus economías.

El veto, la deuda común y el futuro de la política europea

El enfrentamiento también tiene una dimensión económica que va más allá de Ucrania, ya que los cuatro países forman parte del grupo denominado «Amigos de la Cohesión», integrado por 17 Estados que reclaman preservar los fondos agrícolas y de cohesión en el próximo presupuesto europeo. Estos recursos resultan fundamentales para financiar infraestructuras, desarrollo regional y políticas agrarias en aquellos países y territorios con menores niveles de renta. Por ello, sus defensores temen que la financiación destinada a Ucrania reduzca drásticamente el margen presupuestario disponible para las prioridades internas de la propia Unión Europea.

En el otro extremo se encuentran los países conocidos como frugales, entre ellos Alemania y otros grandes contribuyentes netos. Estos gobiernos reclaman recortes y una mayor disciplina presupuestaria. También cuestionan que algunos Estados quieran conservar los beneficios de la financiación comunitaria mientras se niegan a compartir los costes de una política que consideran esencial para la seguridad europea.

La discusión sobre cómo financiar a Ucrania se complica debido a que todavía no existe un instrumento definitivo para reunir los 45.000 millones de euros que Bruselas pretende aportar. En este contexto, una nueva emisión de deuda conjunta ha ganado peso como posible solución —lo cual supondría comprometer a los Estados miembros con obligaciones financieras adicionales—; sin embargo, el debate encalla debido a que los gobiernos que reclaman proteger las transferencias europeas no quieren participar necesariamente en nuevas fórmulas de endeudamiento, mientras que los principales donantes pretenden que las cargas económicas se distribuyan de manera más equilibrada.

Merz ya había defendido utilizar los aproximadamente 210.000 millones de euros en activos soberanos rusos congelados en la Unión Europea para financiar la defensa ucraniana. Sin embargo, aquella iniciativa quedó bloqueada por las objeciones encabezadas por Bélgica, país donde se encuentra depositada la mayor parte de esos fondos. El préstamo de 90.000 millones terminó convirtiéndose en una alternativa.

Ahora Berlín pretende modificar también el procedimiento de decisión sobre la financiación de Ucrania. Según las informaciones publicadas, Alemania busca sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada en determinadas decisiones, con el objetivo de impedir que un solo Gobierno pueda bloquear las iniciativas comunitarias.

Ese cambio abriría otro debate delicado: el equilibrio entre eficacia institucional y soberanía de los Estados. Para los gobiernos que rechazan nuevas ayudas, perder la capacidad de veto significaría reducir su influencia en una cuestión que consideran de especial importancia nacional. Para quienes respaldan a Kiev, permitir que un único país paralice las decisiones supone un riesgo para la continuidad de la política europea.

António Costa tendrá que gestionar este pulso en las próximas semanas. La financiación de Ucrania será abordada en la reunión informal de líderes europeos en Dublín y, de manera específica, en la cumbre presupuestaria prevista para el 26 y 27 de noviembre. El objetivo de cerrar un acuerdo antes de final de año se enfrenta, además, a un calendario político complicado por las elecciones previstas en Francia, Polonia e Italia en 2027. @mundiario