Pero volvamos al 2010, cuando Cameron denunció que «el próximo gran escándalo que está por ocurrir» es el del cabildeo, y por tanto prometió que en caso de ganar las generales, los tories se asegurarían de que «los exministros no puedan usar sus contactos y conocimientos adquiridos pagados por el pueblo para servir al pueblo, para su propio beneficio privado». A juzgar por lo declarado este martes, en su caso su beneficio privado fue cuantioso, aunque no detalló la suma, diciendo que eso es un “asunto privado” y que es una exageración decir que podía haber ganado 60 millones de dólares con las opciones sobre acciones.
«Me pagaron una cantidad anual… una generosa cantidad anual, mucho más de lo que ganaba como primer ministro, y tenía acciones en el negocio, no opciones sobre acciones, otorgadas durante el período de mi contrato», dijo, y añadió que cree «profundamente» en los servicios públicos y que «nunca propondría algo que no creyera que es de interés para el bien común». Así defendió que el fundador de Greensill, Lex Greensill, y que fuera su asesor durante su mandato, quería que él «ayudara a hacer crecer» la empresa, que se declaró en quiebra en marzo, así como colaborar durante la pandemia de Covid-19.
Plan de apoyo para el coronavirus
En lo que calificó como un «día doloroso», señaló: «He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que ha sucedido. Doy la bienvenida a esta investigación y creo que hay lecciones importantes que aprender». Concretamente, a Cameron se le investiga por haber presionado a miembros del Ejecutivo de Boris Johnson el año pasado, en plena pandemia y sobre todo por medio de mensajes de texto, para conseguir que el Gobierno le permitiera a Greensill acceder a un plan de apoyo de préstamos de emergencia para el coronavirus, en un tipo de práctica que se conoce como financiación de la cadena de suministro, y que consiste en prestar dinero a los proveedores a través de la compra de sus facturas con un descuento. Uno de los destinatarios era el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, así como el segundo de Johnson, Michael Gove. Según el diario «The Times», el político podría afrontar una multa de unas 7.500 libras (unos 8.700 euros) o incluso tener que someterse a un proceso penal si se demuestra que no se apuntó en el registro oficial de personas y grupos que hacen ‘lobbying’.
Cameron declaró meditó cuidadosamente antes de contactar con funcionarios y ministros, pero que finalmente concluyó que «eran tiempos excepcionales», y que con su trabajo podía «ayudar a las pequeñas empresas» en un momento difícil. «No creí que en marzo o abril del año pasado, cuando estaba haciendo estos contactos, existía el riesgo de que Greensill quebrara», explicó. La laborista Angela Rayner aseguró en un tuit que «la defensa de David Cameron» se basa en «que todo lo que hizo en durante su cabildeo secreto por Greensill estaba dentro de las reglas» y dirigiéndose a él, escribió: «Ese es el problema, Dave. Es por eso que tenemos que eliminar este sistema roto que no hace nada para regular la puerta giratoria, el cabildeo poco fiable y los favores para los compañeros».

