Bukele abre la puerta a liberar a la mitad de los presos del régimen de excepción en El Salvador

Nayib Bukele ha abierto la puerta a un cambio de rumbo en la política penitenciaria que ha acompañado su ofensiva contra las pandillas en El Salvador. El presidente ha anunciado que su Gobierno estudia una fórmula para liberar anticipadamente y bajo condiciones a aproximadamente la mitad de las personas encarceladas por presuntamente colaborar con las maras durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

“Tenemos un plan, creo que beneficiaría a un 50 % de los presos que han colaborado con las pandillas con una liberación anticipada”, afirmó Bukele durante una conferencia de prensa en la Casa Presidencial este miércoles. La medida no supondría una absolución, sino que los beneficiarios seguirían siendo considerados responsables de delitos, pero podrían abandonar la prisión antes de cumplir íntegramente sus condenas y quedar sometidos a mecanismos de vigilancia.

El anuncio supone un giro copernicano en el modelo de seguridad que ha convertido a Bukele en uno de los dirigentes más populares de América Latina. Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, más de 90.000 personas han sido detenidas en la operación contra las estructuras de las pandillas. El Gobierno atribuye a esta política la drástica reducción de la violencia, mientras organizaciones de derechos humanos cuestionan las garantías con las que se han producido miles de arrestos.

Bukele ha explicado que el Ejecutivo quiere diferenciar entre los distintos niveles de criminalidad. “Hay mucha gente que sí ha cometido delitos, pero ese delito fue colaborar con las pandillas”, matizó. A partir de ahí, el presidente plantea analizar hasta qué punto cada detenido participó en las actividades de las maras.

El mandatario sostiene que no puede recibir el mismo tratamiento quien desempeñaba funciones directamente vinculadas a la violencia que quien colaboraba de manera secundaria para sobrevivir dentro de un territorio controlado por estas organizaciones.

🎥 Bukele evalúa liberar a la mitad de los 92,000 presos en su estado de excepción https://t.co/u256VZk5G5

— EL PAÍS América (@elpais_america) October 14, 2026

Del “colaborador” al grado de responsabilidad

Bukele puso como ejemplo a quienes alertaban a los pandilleros de la llegada de la Policía frente a quienes participaban en acciones mucho más graves. “No es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población o simplemente sobrevivir dentro de esa realidad”, afirmó.

La revisión individual de los casos era precisamente una de las cuestiones que ya había planteado en abril el hermano del presidente, Ibrajim Bukele, al referirse a la existencia de un equipo que estudiaba denuncias de detenciones arbitrarias y otros casos relacionados con el régimen de excepción. Ahora el propio mandatario ha confirmado que existe un plan de revisión y ha situado su eventual alcance en torno a la mitad de los presos considerados colaboradores.

Sin embargo, todavía quedan numerosas incógnitas. Bukele no ha explicado qué criterios concretos determinarán quién podrá beneficiarse de la liberación anticipada, qué organismo tendrá la última palabra, cuándo comenzará el proceso ni si será necesario modificar la legislación. Tampoco ha precisado cómo funcionará el sistema de monitoreo.

El régimen de excepción seguirá vigente

El anuncio no significa el desmantelamiento de la política de excepción. Al contrario, Bukele ha defendido que todavía no ha llegado el momento de levantar las medidas extraordinarias que suspenden determinadas garantías constitucionales.

El presidente ha utilizado una comparación especialmente gráfica para explicar su posición. “El régimen de excepción es como una quimioterapia”, aseguró. Según su razonamiento, el tratamiento ha permitido reducir drásticamente la violencia, pero todavía quedarían “células cancerígenas” de las pandillas que justificarían mantenerlo.

Bukele asegura que le gustaría eliminar algún día el régimen, pero considera que todavía existen estructuras criminales activas. Su Gobierno sostiene que la estrategia ha permitido llevar los homicidios a mínimos históricos. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, según los datos recogidos por medios internacionales, frente a las tasas extraordinariamente elevadas registradas durante la década anterior.

El contraste entre los resultados en seguridad y las denuncias sobre derechos humanos constituye precisamente uno de los principales debates alrededor del modelo salvadoreño, emulado por varios mandatarios a lo largo de toda América Latina como Daniel Noboa (Ecuador), Abelardo de la Espriella (Colombia), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves y su sucesora Laura Delgado (Costa Rica) y, más recientemente, el candidato presidencial Flávio Bolsonaro (Brasil).

Más de 90.000 detenidos y una fuerte controversia sobre los derechos humanos

Desde marzo de 2022, más de 90.000 personas han sido arrestadas al amparo del régimen de excepción. El propio Bukele ha reconocido que alrededor de 8.000 fueron posteriormente liberadas por ser inocentes. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que la cifra de posibles inocentes podría ser muy superior.

Amnistía Internacional advirtió en julio de que las detenciones arbitrarias masivas, las vulneraciones del debido proceso, las torturas y malos tratos, las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia documentadas durante estos años podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La organización reclama el restablecimiento de las garantías procesales y una investigación independiente de las denuncias.

El debate sobre una eventual excarcelación afecta, por tanto, a una de las principales contradicciones del modelo de Bukele: un Gobierno que atribuye a la política de mano dura la transformación de los índices de criminalidad afronta también una creciente presión para revisar los procedimientos utilizados durante la campaña contra las pandillas.

La posible liberación condicional de una parte de los detenidos puede interpretarse como un intento de introducir una segunda fase en esa estrategia: mantener la presión sobre las estructuras criminales, pero diferenciar responsabilidades y reducir la población penitenciaria cuando la participación haya sido considerada menor. @mundiario