La dimisión de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no es un hecho aislado, sino el síntoma más visible de un proceso electoral que ha puesto a prueba los cimientos del sistema democrático peruano. Nueve días después de una jornada plagada de incidencias, el máximo responsable técnico de las elecciones abandona su cargo en un momento crítico, cuando el país aún no sabe quién disputará la segunda vuelta presidencial.
La dimisión, aceptada por unanimidad, llega en medio de investigaciones, denuncias de irregularidades y una creciente presión política. Corvetto ha defendido su gestión, pero reconoce implícitamente que la magnitud de la crisis le impide seguir garantizando la estabilidad del proceso. Su salida, lejos de cerrar el episodio, abre nuevas interrogantes sobre la capacidad institucional para reconducir la situación antes del balotaje previsto.
El origen de la crisis se encuentra en los problemas logísticos del 12 de abril, especialmente en Lima. La falta de material electoral en decenas de centros de votación obligó a repetir la jornada para que unas 52 mil personas pudieran votar al día siguiente, un hecho excepcional que alteró el normal desarrollo del sufragio. Miles de ciudadanos no pudieron votar en el horario previsto, lo que alimentó las críticas y las sospechas.
A ello se suman denuncias sobre actas extraviadas, errores en el conteo y fallos en la custodia del material electoral. Las advertencias previas de organismos de control, que según algunas versiones no fueron atendidas, han agravado la percepción de desorganización. En paralelo, la apertura de investigaciones y posibles responsabilidades legales han tensionado aún más el escenario.
Sin embargo, el impacto de estos problemas no se limita a lo técnico. En un contexto político altamente polarizado, las irregularidades han sido utilizadas como argumento por distintos sectores como el candidato de ultraderecha Rafael López Aliaga para cuestionar la legitimidad del proceso. Las acusaciones de fraude, aunque no probadas en su conjunto, han contribuido a erosionar la confianza ciudadana.
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¿Por qué aún no se conoce el balotaje?
La incertidumbre sobre quién acompañará a la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta responde a una combinación de factores coyunturales y estructurales.
En primer lugar, la extrema igualdad entre los candidatos que disputan el segundo puesto —con diferencias de apenas miles de votos— entre el exministro izquierdista Roberto Sánchez y el exalcalde de Lima López Aliaga hace que cada acta sea decisiva. Esto ha intensificado la presentación de impugnaciones por parte de los partidos, que buscan defender cada sufragio en un escenario de alta competencia.
Además, la complejidad del propio proceso electoral ha ralentizado el escrutinio. Los votantes no solo eligieron presidente, sino también representantes legislativos en múltiples niveles, lo que ha multiplicado el número de actas y las posibilidades de error. La revisión de actas observadas —por inconsistencias o datos incompletos— requiere un procedimiento administrativo y judicial que alarga los plazos.
A esto se suma un elemento estructural, el sistema electoral peruano sigue dependiendo en gran medida de procesos manuales y documentación física. En un país con geografía compleja y amplias zonas rurales, el traslado y procesamiento de actas implica demoras inevitables. La participación de votantes en el extranjero añade otra capa de dificultad logística. Finalmente, el entramado institucional también influye. Las decisiones sobre actas impugnadas pasan por instancias descentralizadas y pueden escalar hasta el órgano electoral central, lo que introduce tiempos adicionales en un contexto ya tensionado.
