De la cámara oculta a los tribunales: la Policía va tras las cuentas de Reform UK

La crisis en torno a la financiación de Reform UK ha escalado a la dimensión penal. El 9 de septiembre, la Metropolitan Police anunció la apertura formal de una investigación criminal tras evaluar el reportaje encubierto difundido por Channel 4 News y el grupo de investigación Verbatim. Las grabaciones comprometen directamente a altos cargos de la formación de Nigel Farage: su jefe de gabinete, Dan Jukes, y el director de políticas, James Orr, quienes fueron filmados discutiendo métodos para camuflar fondos de un supuesto magnate estadounidense mediante la compra encubierta de sondeos electorales y donaciones a nombre de intermediarios británicos.

El Equipo de Investigaciones Especiales de Scotland Yard detalló que estas maniobras constituyen presuntos delitos bajo la Ley de Partidos Políticos, Elecciones y Referéndums del año 2000. Por ello, las pesquisas se han integrado formalmente a una causa ya abierta que rastrea otros fondos sospechosos vinculados al partido, incluyendo aportaciones ligadas al polémico exasesor George Cottrell y a la empresa del colíder de la formación, Richard Tice.

La decisión policial no significa que Reform UK haya sido declarado culpable ni que las personas que aparecen en las grabaciones hayan cometido un delito. La investigación tendrá que establecer qué se dijo, qué se hizo realmente, quién tenía conocimiento de cada operación y, sobre todo, si existió una donación ilegal o un intento deliberado de ocultar el origen de fondos. Por ahora, no se han producido detenciones ni interrogatorios bajo caución relacionados con estas nuevas acusaciones. La Policía está tratando de obtener las imágenes utilizadas por Channel 4 y mantiene contactos con la Comisión Electoral y la Fiscalía de la Corona. 

El origen del escándalo está en una operación de cámara oculta que comenzó con una identidad falsa. Investigadores de Verbatim se presentaron como potenciales simpatizantes de Reform, acompañados por un supuesto empresario estadounidense dispuesto a financiar al partido. Las conversaciones terminaron llevando a dos figuras relevantes de la organización, James Orr, entonces responsable de políticas, y Dan Jukes, uno de los colaboradores más cercanos de Farage, a hablar sobre fórmulas de financiación que podrían vulnerar las normas electorales británicas. Ambos abandonaron sus puestos después de que el reportaje saliera a la luz y han negado haber cometido irregularidades.

Uno de los episodios centrales se refiere al pago de más de 30.000 libras esterlinas (aproximadamente 34.900 euros) para tres encuestas de opinión encargadas por Reform. Según la investigación periodística, el dinero procedía de una empresa estadounidense vinculada al supuesto donante y las encuestas beneficiaron políticamente al partido. El problema jurídico es que la legislación británica prohíbe determinadas donaciones procedentes de fuentes extranjeras. Además, la Comisión Electoral recuerda que las formaciones políticas tienen obligaciones específicas de control y declaración de las donaciones que reciben.

La cuestión se vuelve todavía más delicada por las conversaciones sobre una cantidad muy superior. Las imágenes difundidas muestran discusiones acerca de la posibilidad de que el supuesto empresario estadounidense realizara una aportación de cientos de miles de libras utilizando como intermediario a su supuesto hijo residente en Reino Unido. Para los investigadores, ahí aparece una de las cuestiones que deberán determinar las autoridades: si se trataba únicamente de conversaciones hipotéticas, como sostiene Reform, o si existió una intención concreta de encontrar un mecanismo para hacer llegar dinero extranjero al partido evitando los controles establecidos por la ley.

Farage ha intentado separar esas conversaciones de la dirección efectiva de Reform. El líder populista sostiene que el partido no recibió dinero ilegal y ha descrito algunas de las conversaciones de sus colaboradores como «charlas sueltas de bar». También calificó la investigación encubierta como una trampa. Reform, por su parte, inició una investigación interna y asegura que fue víctima de un engaño. Tras la emisión del reportaje, la formación suspendió a Orr y Jukes y ha insistido en que colaborará plenamente con la investigación policial.

Pero la dimensión política del problema es difícil de separar de la jurídica. Reform UK había convertido su congreso anual en una demostración de fuerza y en una plataforma para presentar a los británicos el programa de un eventual Gobierno de Farage. El escándalo terminó desplazando buena parte de ese mensaje. En lugar de hablar exclusivamente de inmigración, impuestos, seguridad o de los primeros cien días de un hipotético Ejecutivo de Reform, la formación tuvo que dedicar una parte considerable de su esfuerzo a explicar las relaciones de sus dirigentes con los supuestos donantes.

Y existe un segundo frente que complica todavía más la situación. La investigación policial no comienza desde cero. La Metropolitan Police ya investigaba a Reform por cuestiones relacionadas con sus donaciones. La causa inicial se remonta a una remisión de la Comisión Electoral y está vinculada, entre otros asuntos, a aportaciones de alrededor de 500.000 libras esterlinas (aproximadamente 582.300 euros) realizadas antes de las elecciones de 2024 por Fiona Cottrell, madre de George Cottrell, antiguo colaborador de Farage condenado por fraude. La nueva investigación encubierta pasa ahora a integrarse en ese expediente más amplio.

A ello se suma la persistente presión política que rodea directamente a Nigel Farage por un polémico fondo de cinco millones de libras esterlinas. El caso está bajo la lupa del Comisionado Parlamentario para las Normas de la Cámara de los Comunes, organismo que investiga formalmente si el líder derechista infringió el código de conducta de los diputados al omitir en su registro de intereses este millonario pago, recibido de manos del magnate de las criptomonedas Christopher Harborne.

El resultado es que Reform UK encara múltiples cuestionamientos simultáneos sobre su arquitectura financiera; no obstante, estas controversias difieren sustancialmente en su naturaleza jurídica. Mientras que el caso de Harborne se dirime en el terreno administrativo de la transparencia parlamentaria —donde Farage alega que fue un obsequio privado incondicional para costear su seguridad personal—, el expediente derivado del reportaje de Channel 4 sobre las donaciones encubiertas ya constituye una investigación estrictamente criminal dirigida por Scotland Yard. Conviene, por tanto, discernir técnicamente los procesos antes de unificar el debate en una única acusación generalizada de ilegalidad.

La Comisión Electoral ha dejado claro dónde está la frontera. El organismo ha señalado que está examinando la información de la investigación de Channel 4 y que mantiene contacto con la Policía Metropolitana. También ha recordado que la legislación obliga a los partidos a declarar las donaciones permitidas que superen las 11.180 libras y las donaciones no permitidas superiores a 500 libras, mientras que los posibles intentos de eludir los controles corresponden al ámbito de la investigación policial. 

Por su parte, Reform había conseguido presentarse como una alternativa al sistema tradicional británico y como una fuerza preparada para gobernar. Las acusaciones sobre financiación extranjera introducen precisamente la cuestión que puede resultar más incómoda para un partido que aspira a romper con las viejas estructuras: si sus mecanismos internos son suficientemente rigurosos para administrar dinero, candidatos y poder a escala nacional. Las informaciones recientes apuntan además a que su ventaja en los sondeos se ha resentido durante el periodo de controversia, aunque sería prematuro atribuir cualquier cambio exclusivamente al escándalo.

La investigación policial abre ahora una etapa diferente. La cuestión ya no será únicamente si las imágenes resultan políticamente embarazosas para Farage, sino si las autoridades encuentran pruebas suficientes de que se intentó aceptar, canalizar u ocultar financiación que la legislación británica considera inadmisible. Reform puede sostener que sus dirigentes fueron víctimas de una operación de engaño y que las conversaciones no se tradujeron en delitos. La Policía tendrá que determinar, con pruebas y al margen de la batalla política, hasta dónde llegaron realmente esas conversaciones y si hubo una infracción efectiva de la ley. @mundiario