Denuncias de tortura sacuden la Venezuela pos-Maduro

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero no terminó con la salida del dirigente venezolano de Caracas. Ocho meses después, aquel episodio continúa proyectando una sombra sobre las instituciones del país: al menos dos oficiales del Ejército y seis funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas permanecen detenidos por su presunta vinculación con lo ocurrido. Sus familiares aseguran que han sido torturados y denuncian que las autoridades buscan responsabilidades internas por una operación que dejó expuestas las vulnerabilidades del aparato de seguridad venezolano. Las acusaciones no han sido probadas judicialmente, pero describen un escenario suficientemente grave para exigir una investigación independiente.

El caso plantea una paradoja política. Si las autoridades venezolanas conocen quién ejecutó la operación estadounidense, ¿qué responsabilidad concreta atribuyen a los funcionarios encarcelados? Yury Burgos, esposa del teniente coronel Manuel Oria Arteaga, sostiene precisamente esa contradicción. “Sabemos exactamente quiénes fueron los que ejecutaron la extracción de Nicolás Maduro y, sin embargo, tienen a ocho personas detenidas”, declaró durante las protestas protagonizadas por familiares de presos políticos en Caracas. Su marido, antiguo jefe del centro general de comunicaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, está acusado de conspiración y traición a la patria.

La defensa familiar sostiene que parte de las actuaciones consideradas sospechosas pertenecían precisamente a las funciones de Oria Arteaga. Burgos afirma que las autoridades lo señalan por haber solicitado unas coordenadas, algo que, según ella, formaba parte de sus responsabilidades dentro del sistema militar de comunicaciones. Más preocupante resulta la situación procesal denunciada: después de alrededor de 240 días privado de libertad, el oficial todavía no habría celebrado su audiencia preliminar. La familia asegura además que el acta policial presenta irregularidades y que el expediente permanece restringido por tratarse de un “caso clasificado”.

Pero son los testimonios sobre las condiciones de detención los que convierten el expediente en algo mucho más grave que una disputa sobre responsabilidades militares. Jeimy Guzmán, esposa del funcionario Álvaro Roger Valladares, aseguró que su marido fue suspendido mediante cadenas y sometido a torturas. Marli Morillo, esposa del comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifuentes, relató que lo sacaban para golpearlo y que habría sufrido descargas eléctricas. Son denuncias familiares y, por tanto, deben presentarse como tales mientras no exista una investigación independiente que determine los hechos. Pero precisamente esa ausencia de esclarecimiento aumenta la responsabilidad del Estado de ofrecer respuestas.

Según Infobae, Burgos también denunció que algunos detenidos habrían sido suspendidos por los brazos, sometidos a electricidad, mojados y alimentados únicamente una vez al día con una pequeña ración de arroz con aceite. El medio recoge asimismo testimonios publicados originalmente por el portal venezolano Efecto Cocuyo. Ninguna de esas afirmaciones permite establecer por sí sola responsabilidad penal individual, pero describen prácticas que, de confirmarse, constituirían violaciones extremadamente graves de los derechos humanos. El silencio institucional no puede funcionar como respuesta ante acusaciones de semejante naturaleza.

La caída de Maduro abrió otra batalla dentro del poder venezolano

El trasfondo político resulta imposible de separar de las denuncias. La captura de Maduro dentro de territorio venezolano representó una fractura extraordinaria del dispositivo de seguridad construido durante años alrededor del poder chavista. Una operación extranjera capaz de penetrar ese sistema inevitablemente abrió preguntas sobre fallos de inteligencia, filtraciones, complicidades o negligencias internas. La detención posterior de funcionarios puede interpretarse como parte de esa búsqueda de responsabilidades, pero sin transparencia judicial resulta imposible determinar si existen pruebas contra ellos o si se han convertido en chivos expiatorios de un fracaso institucional mucho mayor.

La reorganización posterior del poder alimenta esas preguntas. Tras asumir la Presidencia encargada, Delcy Rodríguez apartó a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa después de once años al frente de esa cartera y lo trasladó al Ministerio de Agricultura. El movimiento puede formar parte de una reorganización ordinaria del Ejecutivo, pero inevitablemente adquiere significado político después de una operación que consiguió alcanzar el corazón del dispositivo militar venezolano. Lo que todavía falta es una explicación pública y verificable sobre qué falló el 3 de enero y quiénes son jurídicamente responsables de ello.

También circularon informaciones periodísticas según las cuales alrededor de treinta miembros de la policía científica habrían sido detenidos después de negarse a alterar pruebas relacionadas con Fuerte Tiuna, la principal instalación militar del país y escenario central de los acontecimientos. Douglas Rico, responsable del organismo policial, negó que existiera un procedimiento que implicara la detención de esa cantidad de funcionarios. Sin embargo, su respuesta tampoco aclaró en detalle qué investigaciones internas estaban abiertas ni cuál era la situación de los ocho funcionarios cuyos familiares ahora protestan. Ese vacío informativo es precisamente el terreno donde prosperan sospechas y versiones contradictorias.

Las denuncias de los familiares introducen además una cuestión que trasciende las lealtades políticas. Los derechos fundamentales no dependen de quién ocupe Miraflores ni de si el detenido sirvió previamente al chavismo, a las Fuerzas Armadas o a los cuerpos policiales. Si existen sospechas de conspiración o traición, corresponde investigarlas mediante un procedimiento con garantías, defensa y pruebas. Y si existen denuncias creíbles de tortura, corresponde investigarlas con la misma contundencia. Un cambio de poder pierde parte de su significado democrático cuando reproduce mecanismos de opacidad, castigo extrajudicial o indefensión asociados al sistema que pretende superar.

El verdadero examen para la Venezuela posterior a Maduro quizá no sea únicamente descubrir cómo Estados Unidos consiguió ejecutar la operación del 3 de enero. Será comprobar qué hace el nuevo poder con las instituciones heredadas y, especialmente, con quienes quedan atrapados dentro de ellas. Los testimonios de estas familias no prueban por sí mismos que las torturas hayan ocurrido, pero son suficientemente concretos y graves para no ser tratados como ruido político. Una investigación independiente permitiría proteger a los detenidos si las denuncias son ciertas y esclarecer responsabilidades si existen delitos demostrables. Venezuela necesita conocer qué ocurrió aquel día, pero no puede buscar esa verdad sacrificando el Estado de derecho en el camino. La caída de un gobernante no transforma automáticamente un sistema: la verdadera transición comienza cuando también cambia la forma en que el Estado trata a quienes tiene bajo su custodia. @mundiario