La acusación contra el exministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko, por presunto lavado de dinero ha intensificado una de las crisis políticas más delicadas que enfrenta el Gobierno en tiempos de guerra.
El caso, conocido como “Midas”, investiga una supuesta trama de sobornos millonarios vinculados a contratos estratégicos del sector energético estatal, y ha involucrado a altos funcionarios, empresarios influyentes y figuras cercanas al entorno presidencial.
La investigación no solo ha generado repercusiones judiciales, sino también inquietud entre los aliados internacionales de Kiev, que consideran la lucha contra la corrupción un requisito clave para el respaldo político y económico a largo plazo.
El exministro fue detenido cuando intentaba abandonar el país, en un movimiento interpretado por los investigadores como una posible fuga ante el avance de la causa. Según la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, conocida como NABU, y la Fiscalía Especial Anticorrupción, SAPO, el exfuncionario participó en una organización criminal destinada a canalizar sobornos provenientes de contratistas del sector nuclear estatal.
Ambas instituciones sostienen que el esquema permitió desviar decenas de millones de dólares a través de complejas estructuras financieras internacionales.
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El núcleo del escándalo se sitúa en la empresa nuclear estatal Energoatom, que desempeña un papel fundamental en el suministro eléctrico del país, especialmente durante el conflicto con Rusia. Los fiscales sostienen que el entramado presionaba a contratistas para obtener pagos ilegales a cambio de adjudicaciones y facilidades en proyectos, incluidos trabajos destinados a reforzar la protección de instalaciones energéticas frente a ataques aéreos.
Este elemento ha aumentado la gravedad del caso, al situar el presunto fraude en un sector considerado crítico para la seguridad nacional.
La investigación describe una sofisticada red de blanqueo de capitales. Según las autoridades, parte de los fondos se canalizó mediante la creación de un fondo de inversión registrado en Anguila, desde donde el dinero habría sido redistribuido hacia empresas offshore vinculadas a territorios como las Islas Marshall y San Cristóbal y Nieves.
Estas estructuras, según los fiscales, permitieron ocultar la identidad de los beneficiarios finales y facilitar transferencias a cuentas en bancos suizos. La acusación sostiene que más de siete millones de dólares terminaron en cuentas relacionadas con familiares del exministro, incluyendo su exesposa y sus hijos.
Los investigadores aseguran que el dinero habría sido utilizado para financiar educación en centros exclusivos de Suiza, además de generar ingresos adicionales a través de depósitos financieros. También se ha señalado el uso de criptomonedas y transacciones en efectivo como herramientas para dificultar el rastreo del origen de los fondos.
Ukraine’s anti-corruption bureau accused former energy minister German Galushchenko of laundering millions in kickbacks in a corruption case that has shaken the wartime government. Authorities said he was detained while trying to leave the country https://t.co/0tc8nQq42E pic.twitter.com/QX9oe9NRQs
— Reuters (@Reuters) February 16, 2026
Galushchenko ha negado cualquier irregularidad y su defensa ha cuestionado la legalidad de su detención, aunque un tribunal anticorrupción decidió mantenerlo bajo custodia mientras se determina su situación judicial..
Los investigadores trabajan con autoridades de al menos quince países para rastrear movimientos financieros y obtener pruebas documentales. Este carácter transnacional refleja el nivel de sofisticación de los presuntos mecanismos de corrupción y pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales al investigar delitos económicos globalizados.
Si es declarado culpable, el exministro podría enfrentar penas de hasta doce años de prisión, aunque el proceso judicial podría prolongarse debido a la complejidad de las pruebas financieras y la implicación de múltiples jurisdicciones.
Mientras tanto, el caso continúa generando impacto político y social en Ucrania, donde la ciudadanía observa con creciente atención los avances de una investigación que simboliza la persistencia de redes de corrupción en un país que intenta consolidar su sistema institucional en medio de una guerra y de su aspiración de integración europea. @mundiario
