La salida de Andrés Mountbatten-Windsor de Royal Lodge no ha supuesto únicamente el final de una etapa marcada por los privilegios de la familia real británica. También le ha reportado una compensación de 356.360 euros por entregar anticipadamente la residencia que ocupó durante dos décadas sin pagar una renta efectiva. El acuerdo, confirmado por un portavoz del Patrimonio de la Corona, vuelve a situar bajo el escrutinio público las condiciones económicas que rodearon la estancia del hermano de Carlos III en una de las propiedades más emblemáticas de Windsor.
El antiguo duque de York abandonó la mansión a principios de año por decisión del monarca, después de que las revelaciones sobre su relación con Jeffrey Epstein agravaran la crisis de reputación que arrastra desde hace años. Sin embargo, las condiciones de su contrato de arrendamiento contemplaban una compensación por la devolución anticipada del inmueble, una circunstancia que explica el pago ahora conocido.
La indemnización asciende a 302.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 356.360 euros al cambio actual. La cifra añade una nueva dimensión al caso: mientras Andrés pierde el acceso a una residencia privilegiada, recibe dinero por poner fin a un acuerdo inmobiliario que le permitió disfrutar de ella durante décadas.
Un contrato que le permitió vivir sin pagar alquiler anual
Para entender la controversia hay que remontarse a 2003, cuando Andrés desembolsó un millón de libras por el arrendamiento de Royal Lodge hasta 2078. A esa cantidad se sumaron otros 7,5 millones de libras destinados a rehabilitar la propiedad, situada en los terrenos de Windsor y con alrededor de 30 habitaciones.
El contrato establecía una renta anual simbólica, conocida en inglés como peppercorn rent. En la práctica, esto significaba que el antiguo príncipe no tenía que afrontar pagos periódicos por el alquiler, salvo que se reclamara esa cantidad testimonial. Así, la operación inicial le permitió asegurar durante décadas el uso de una residencia de grandes dimensiones sin asumir una renta convencional.
La diferencia entre aquel compromiso económico inicial y las condiciones posteriores ayuda a explicar por qué la indemnización ha despertado interés. No se trata de un pago ordinario por abandonar una vivienda, sino de una compensación vinculada a un contrato de larga duración cuya finalización se produjo antes de lo previsto.
El Patrimonio de la Corona ha defendido que ahora su prioridad es determinar el futuro del inmueble y estudiar cómo obtener un mayor rendimiento económico de la propiedad. Los ingresos que genera esta institución se destinan al Tesoro británico para contribuir a la financiación del gasto público, aunque sus activos no son patrimonio privado del monarca ni pertenecen directamente al Gobierno.
El escándalo Epstein precipitó su salida de Windsor
La marcha de Andrés se produce en un contexto muy distinto al de su llegada a Royal Lodge. Durante años, el hermano de Carlos III mantuvo una posición privilegiada dentro de la familia real, pero sus vínculos con Jeffrey Epstein terminaron convirtiéndose en una de las mayores fuentes de controversia para la institución.
Epstein, fallecido en 2019, fue condenado por delitos sexuales y acusado de dirigir una red de explotación de menores. La relación del antiguo príncipe con el financiero estadounidense ha suscitado numerosas preguntas, entre ellas las relativas a la posible entrega de información confidencial del Gobierno británico durante su etapa como enviado especial de Comercio, entre 2001 y 2011. Estas sospechas forman parte de las investigaciones y no equivalen a una condena ni a una acusación formal por esos hechos.
La presión sobre Andrés aumentó después de nuevas revelaciones documentales y de las actuaciones policiales relacionadas con sus antiguas residencias. En febrero, los agentes registraron Royal Lodge y otra propiedad vinculada al antiguo duque de York, en el marco de las pesquisas sobre una posible conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.
La decisión de abandonar Windsor representó, por tanto, algo más que un cambio de domicilio. Supuso una ruptura visible con el estilo de vida que había mantenido durante años y una nueva señal del coste institucional que el escándalo ha tenido para la familia real británica.
Las dudas sobre los registros policiales abren otro frente judicial
La indemnización se ha conocido después de que un juez del Tribunal Superior británico determinara que las órdenes judiciales utilizadas para registrar las dos propiedades no se ajustaron a la ley, según la información difundida sobre el procedimiento. El asunto añade complejidad a un caso en el que las cuestiones patrimoniales conviven con las investigaciones policiales y las consecuencias públicas de la relación de Andrés con Epstein.
El antiguo duque había emprendido acciones legales contra la Policía del valle del Támesis por los registros y también había denunciado la retirada de objetos personales. La resolución sobre las órdenes no supone, por sí misma, que Andrés haya quedado exonerado de las sospechas que continúan bajo investigación.
La policía ha señalado que las pesquisas sobre una posible conducta indebida en el ejercicio de un cargo público siguen abiertas. Ahora debe determinarse, entre otras cuestiones, qué ocurrirá con el material incautado y si puede conservarse legalmente para respaldar la investigación.
Andrés ha negado haber cometido irregularidades, aunque ha reconocido que lamenta su amistad con Epstein. La evolución de estos procedimientos será determinante para establecer el alcance de las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados.
Una indemnización que reabre el debate sobre los privilegios reales
Tras dejar Royal Lodge, Andrés se trasladó a una residencia privada situada en la finca de Sandringham, cuyos gastos sufraga Carlos III. No se ha hecho pública la cantidad que el rey destina a mantener a su hermano, por lo que todavía existen incógnitas sobre el coste económico de su nueva situación.
También trascendió que Andrés había subarrendado tres pequeñas viviendas del complejo de Windsor al personal de servicio. Un informe de la Oficina Nacional de Auditoría británica no detalló los ingresos obtenidos por esos acuerdos, aunque fuentes de Buckingham señalaron a la BBC que las cantidades cobradas se destinaban a cubrir gastos de mantenimiento. La documentación conocida no establecía que esos contratos fueran ilegales.
La compensación de 356.360 euros vuelve a poner el foco en una cuestión incómoda para la monarquía: cómo se administran los acuerdos patrimoniales de sus miembros cuando sus privilegios entran en conflicto con las exigencias de transparencia y responsabilidad pública.
La devolución anticipada de Royal Lodge permitirá al Patrimonio de la Corona estudiar nuevas fórmulas de explotación del inmueble. Pero el caso deja una paradoja difícil de ignorar: la pérdida de una residencia asociada durante años a los privilegios de Andrés viene acompañada de un pago que, aunque responde a las condiciones contractuales, alimenta el debate sobre el trato económico que recibe el antiguo príncipe en plena crisis reputacional. @mundiario
