Budapest ejecuta el golpe de gracia institucional contra el antiguo Gobierno. Tras demoler el control de Viktor Orbán en las urnas, el Parlamento de Hungría aprobó una demoledora reforma constitucional impulsada por el nuevo primer ministro, Péter Magyar. La enmienda, sacada adelante gracias a la supermayoría legislativa del Ejecutivo, tiene un objetivo inequívoco: forzar la destitución inmediata del presidente de la República, Tamás Sulyok. Para el nuevo oficialismo, el mandatario es el último gran «títere» encastillado en el aparato estatal, un herraje clave de la autocracia que el partido Fidesz construyó pacientemente durante sus 16 años en el poder.
La reforma constituye mucho más que un relevo en la jefatura del Estado. Se trata del primer gran movimiento político destinado a desmontar buena parte de la arquitectura institucional levantada durante la etapa de Orbán, un sistema que el Ejecutivo de Magyar sostiene que permitió concentrar poder en torno al antiguo primer ministro incluso después de abandonar el Gobierno.
Antes de la votación parlamentaria, Magyar defendió la necesidad de modificar la Constitución con un discurso que resume la filosofía política de su Ejecutivo: «Sería una traición a la nación húngara si no tocáramos esta Constitución». Y añadió: «Ellos (Fidesz) organizaron el país de tal manera que la voluntad de un solo hombre se convirtió en la fuente de la labor legislativa… Tisza obtuvo una mayoría clara y enorme de dos tercios para desmontar este sistema».
El elemento más llamativo es el cese inmediato del presidente Tamás Sulyok una vez entre plenamente en vigor la enmienda constitucional.
El texto justifica la medida alegando una «grave pérdida de confianza» de la sociedad hacia el jefe del Estado. Mientras se redacta una nueva Constitución, será el propio Parlamento quien elija a un nuevo presidente con carácter transitorio, cuyo mandato podrá extenderse hasta cinco años. Si Sulyok se niega a promulgar la reforma dentro del plazo previsto de cinco días, el Gobierno ha anunciado que iniciará un procedimiento de destitución parlamentaria.
Aunque la Presidencia de Hungría posee funciones mayoritariamente ceremoniales, conserva competencias relevantes como la promulgación de leyes, el veto limitado y la posibilidad de solicitar revisiones constitucionales, por lo que controlar esta institución tiene una notable importancia política.
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El objetivo: desmontar la estructura creada durante la era Orbán
Para el nuevo Ejecutivo, el problema no reside únicamente en la figura de Sulyok, sino en el conjunto de instituciones cuyos dirigentes fueron designados durante los años de gobierno del Fidesz.
La reforma incorpora varias modificaciones destinadas a renovar esas estructuras, tales como un límite máximo de 12 años para los diputados, una edad obligatoria de jubilación de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional —lo que afectaría también a su presidente, Péter Polt, considerado demasiado cercano al anterior Gobierno— y la apertura de un proceso para elaborar una nueva Constitución, cuya redacción comenzará, según anunció Magyar, mediante un amplio proceso de participación ciudadana durante el otoño, medidas con las que el Ejecutivo sostiene que busca impedir que cargos designados durante el mandato de Orbán continúen condicionando la política nacional pese al cambio producido en las urnas.
Por su parte, el partido de Viktor Orbán rechazó frontalmente la reforma. Los diputados del Fidesz decidieron boicotear la votación parlamentaria, calificando la iniciativa como un ataque al orden constitucional. Paralelamente, dirigentes del antiguo partido gobernante organizaron manifestaciones de apoyo a Sulyok y denunciaron que el nuevo Ejecutivo está utilizando su mayoría parlamentaria para sustituir unas instituciones «por otras» igualmente controladas políticamente.
Sulyok, por su parte, ha defendido reiteradamente que no mantiene una agenda política propia y solicitó la intervención de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa especializado en cuestiones constitucionales, para que evalúe la compatibilidad de la reforma con los principios democráticos europeos.
La trascendencia de la reforma supera ampliamente la sustitución del presidente, ya que, durante los dieciséis años de Viktor Orbán, el Fidesz aprovechó sucesivas mayorías parlamentarias para modificar la Constitución, ampliar su influencia sobre numerosos organismos públicos y nombrar responsables con mandatos prolongados en instituciones clave; una dinámica que ahora experimenta, prácticamente, el fenómeno inverso.
Gracias a la mayoría de dos tercios conseguida por Tisza en las elecciones de abril, el Gobierno dispone del respaldo parlamentario suficiente para reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición, permitiéndole revertir buena parte de las modificaciones impulsadas durante la etapa anterior.
Una medida sin precedentes y que abre un gran debate jurídico
Precisamente ahí aparece el aspecto más controvertido de la reforma. Los defensores del Ejecutivo sostienen que resulta imposible restaurar plenamente el funcionamiento institucional mientras continúen en sus puestos dirigentes nombrados durante la etapa de Orbán para mandatos muy largos.
La oposición y los juristas independientes denuncian que este zarpazo a la carta magna dinamita la seguridad jurídica del país. Advertir de que destituir por decreto a un jefe de Estado sienta un precedente destructivo: convierte la Constitución en un documento de usar y tirar. El peligro real es que, a partir de ahora, cualquier partido que consiga el control del Parlamento podrá purgar a los jueces o altos cargos incómodos antes de que venzan sus mandatos, legalizando la inestabilidad institucional permanente.
Por ello, el debate ya no gira únicamente en torno a Tamás Sulyok, sino sobre el equilibrio entre la capacidad de una mayoría democrática para transformar las instituciones y la estabilidad que deben ofrecer las reglas constitucionales en un Estado de derecho.
Con la aprobación de esta enmienda, Hungría inicia oficialmente una nueva etapa política. El Gobierno de Péter Magyar interpreta la reforma como el primer paso para desmontar el sistema institucional heredado de Viktor Orbán y redactar una nueva Constitución que, según sostiene, refleje el mandato recibido en las urnas. @mundiario
