En 2015, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 con un objetivo ambicioso: construir un mundo más sostenible, más igualitario y con un firme compromiso con los derechos humanos. Quince años después, ese mismo 2030 será también el año del Mundial del centenario. Una coincidencia que invita a preguntarse hasta qué punto las decisiones que rodean al mayor evento deportivo del planeta son coherentes con los principios que dicen defender tanto la FIFA como muchos gobiernos.
La primera contradicción aparece en el propio formato del torneo. España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte del campeonato, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán tres partidos inaugurales para conmemorar el centenario del primer Mundial. El homenaje posee un enorme valor simbólico, pero resulta difícil sostener que un torneo repartido entre seis países y tres continentes encaje con un discurso que sitúa la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental entre sus prioridades.
La incoherencia tampoco comienza en 2030. En los últimos años, la FIFA ha insistido en su compromiso con los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras adjudicaba dos Mundiales consecutivos a Catar y Arabia Saudí. Dos decisiones que han estado rodeadas de un intenso debate internacional por las denuncias relacionadas con libertades civiles, derechos laborales y derechos de las mujeres.
El propio Mundial de 2030 tampoco escapa a ese debate. Marruecos será uno de los grandes protagonistas del torneo, aunque continúa siendo objeto de críticas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, la persecución de periodistas y activistas, los derechos de asociación o la situación del Sáhara Occidental. Cuesta no apreciar cierta contradicción entre esos informes y los valores que la Agenda 2030 pretende representar.
La paradoja adquiere todavía mayor dimensión política. Pedro Sánchez ha sido uno de los principales defensores de la Agenda 2030 en España y, sin embargo, fue su Gobierno quien abrió la puerta a Marruecos dentro de la candidatura mundialista. En noviembre de 2018, durante una visita oficial a Rabat, el presidente español planteó personalmente a Mohamed VI una candidatura conjunta con España y Portugal. Aquella iniciativa acabaría convirtiéndose años después en la base del proyecto que organizará el Mundial del centenario.
Aquella decisión también respondía a una lógica estratégica. España y Portugal tenían enfrente la potente candidatura del centenario impulsada por Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Incorporar a Marruecos no solo reforzaba el proyecto desde el punto de vista organizativo, sino que permitía sumar el enorme peso político del fútbol africano dentro de la FIFA y aumentar considerablemente las opciones de éxito frente al bloque sudamericano. La maniobra cumplió su objetivo: la candidatura conjunta terminó imponiéndose y la FIFA alcanzó un acuerdo que repartió el torneo entre ambos proyectos.
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Sin embargo, esa decisión también ha generado un escenario inesperado. El socio que ayudó a fortalecer la candidatura se ha convertido ahora en el gran rival de España por la sede de la final. Marruecos aspira a que el nuevo estadio Hassan II de Casablanca albergue el partido más importante del campeonato, mientras España defiende la candidatura del Santiago Bernabéu o el Camp Nou. No existe ninguna prueba de que Pedro Sánchez negociara entregar la final a Marruecos, pero sí una realidad política evidente: fue su Gobierno quien impulsó la entrada del país norteafricano en una candidatura en la que ahora ambos compiten por el mayor escaparate del torneo.
Todo ello sucede, además, en un contexto geopolítico especialmente complejo. España y Marruecos mantienen una relación marcada por la cooperación, pero también por desacuerdos recurrentes sobre cuestiones tan sensibles como el Sáhara Occidental, la inmigración, Ceuta y Melilla o la política exterior en el norte de África. Precisamente por eso resulta llamativo que uno de los proyectos internacionales más importantes para ambos países se presente como un ejemplo de colaboración mientras persisten diferencias profundas en ámbitos mucho más relevantes que el deporte.
Nada de esto significa que España, Portugal y Marruecos no deban organizar un Mundial. Un evento de esta magnitud puede generar empleo, atraer inversiones, impulsar el turismo y dejar importantes mejoras en infraestructuras. El problema no es celebrar la Copa del Mundo, sino preguntarse si todas las decisiones que la rodean responden realmente a los principios que la propia FIFA y muchos gobiernos aseguran defender.
Quizá el Mundial de 2030 sea un éxito deportivo y organizativo. Ojalá lo sea. Pero también será una prueba de coherencia para todos sus protagonistas. Porque si la Agenda 2030 pretende representar un compromiso con la sostenibilidad, los derechos humanos y la buena gobernanza, resulta inevitable preguntarse si el torneo más importante del planeta ha sido diseñado siguiendo esos mismos principios o si, una vez más, los intereses políticos, económicos y estratégicos han terminado imponiéndose al discurso. @mundiario
