El nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se estrenará hoy en el registro de la Cámara Baja presentando, junto a su homólogo de Unidas Podemos, las dos proposiciones de ley con las que el Gobierno quiere crear dos nuevos impuestos para gravar los beneficios extraordinarios de la banca y de las grandes empresas energéticas. Dos medidas que fueron el eje central de los anuncios del presidente Pedro Sánchez en el pasado Debate sobre el estado de la Nación y con las que el Gobierno prevé recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años y frenar así la mayor tasa de inflación en casi cuatro décadas.
El registro de las dos proposiciones de ley -se ha elegido esta fórmula por ser más rápida su tramitación parlamentaria que con un Proyecto de Ley- se registrarán a lo largo de la mañana en un Congreso que está ya cerrado por vacaciones. Según avanza hoy el diario El País, el nuevo impuesto a las grandes empresas energéticas (luz, gas y petróleo) no seguirá el modelo italiano. En su lugar, el Ministerio de Hacienda ha optado por un gravamen del 2% a las ventas que estas empresas generen en España.
El tributo solo se aplicará a las empresas energéticas de gran tamaño que facturan más de 1.000 millones de euros anuales. Con ese tipo de gravamen al 2%, el objetivo es recaudar los 2.000 millones al año que anunció Sánchez en el Congreso.
Beneficios extraordinarios de 2022 y 2023
El impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas estará en vigor en el año 2023 y el año 2024 y afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. «Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría», explicó Sánchez en último Debate.
Por encima del umbral de 1.000 millones de euros de facturación se encuentran grandes empresas petroleras como Repsol y Cepsa, y las eléctricas o gasistas Iberdrola, Endesa y Naturgy. También podrían verse afectadas por este tributo otras energéticas como la británica BP, la portuguesa Galp, Acciona Energía, la renovable Axpo o la de suministros de carburantes Disa.
La letra pequeña de las dos nuevas proposiciones de ley tendrá que acotar con mayor detalle a qué grandes empresas afecta. Y también, qué medidas impulsará el Gobierno para evitar que estos nuevos impuestos a las energéticas y a la banca sean trasladados por estas empresas a sus clientes. Para ello, el Gobierno encomendará esta vigilancia a la CNMC, en el primer caso, y al Banco de España, en el segundo.
