Javier Milei no suelta la reivindicación de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. El presidente ha enviado al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que presenta como “un hito en el proceso de recuperación” del archipiélago y que, además de endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, plantea una reorganización de los instrumentos de seguridad del Estado.
La iniciativa llega después de varias semanas en las que el Gobierno argentino ha elevado el tono de su reivindicación sobre las islas, coincidiendo con el avance del proyecto petrolero Sea Lion y con las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición tradicional de Estados Unidos respecto a la disputa. Buenos Aires ha abierto procedimientos sancionadores contra empresas y particulares vinculados a actividades hidrocarburíferas en las islas.
El Ejecutivo argentino estructura el proyecto alrededor de tres objetivos: castigar la explotación considerada ilegítima de los recursos naturales, crear incentivos para que esas actividades cesen y dotar al Estado de nuevas herramientas frente a amenazas externas. Así lo recoge el comunicado oficial difundido por la Presidencia.
La propuesta sustituiría el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011, por un marco más amplio y con sanciones penales agravadas. El nuevo sistema alcanzaría no solo a las empresas que participen directamente en determinadas actividades, sino también a accionistas, proveedores y otros actores vinculados a esas operaciones.
La iniciativa tiene una conexión directa con Sea Lion, el proyecto de explotación petrolera desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration al norte de las Malvinas. Las compañías sostienen que cuentan con las autorizaciones de las autoridades de las islas, mientras Argentina considera esas actividades ilegítimas por su reivindicación de soberanía.
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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 17, 2026
Un Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia de Milei
Sin embargo, el nudo gordiano del proyecto trasciende la disputa territorial. Milei propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, articulado mediante un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe del Estado, para coordinar las áreas de defensa, inteligencia, diplomacia, economía y protección de infraestructuras críticas.
El objetivo que ha alegado el Gobierno es evitar que las distintas áreas del Estado actúen de forma aislada ante amenazas que puedan afectar a la soberanía. La propuesta contempla además mecanismos para adoptar medidas urgentes ante determinados riesgos y establece un marco específico para proteger instalaciones consideradas estratégicas.
El proyecto también plantea ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la protección de las infraestructuras estratégicas. Este punto introduce uno de los debates más sensibles de la iniciativa, dado que la legislación argentina distingue jurídicamente entre defensa nacional y seguridad interior. La Ley de Defensa Nacional establece expresamente esa separación.
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El registro de terrorismo abre otro frente
Otro de los puntos controvertidos es la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo. El Ejecutivo sostiene que el instrumento serviría para identificar y limitar la capacidad operativa de quienes representen amenazas terroristas o vinculadas con su financiación.
Argentina ya dispone de un registro de estas características. El Gobierno, de hecho, incorporó en agosto a la organización criminal ecuatoriana Chone Killers al RePET (Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento). La oposición, no obstante, ha cuestionado el alcance que podrían adquirir las nuevas herramientas de inteligencia y seguridad y su relación con las competencias de las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles.
La ley forma parte de una ofensiva política y jurídica que Milei ha acelerado durante septiembre. El Gobierno argentino inició procedimientos sancionadores contra 45 personas y empresas a principios de mes y posteriormente amplió esa cifra con otros 15 expedientes. Las actuaciones se dirigen contra quienes Buenos Aires considera vinculados a actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental.
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La ofensiva sobre el petróleo de las Malvinas
La batalla ha llegado también a los tribunales. La jueza federal argentina Mariel Borruto ordenó esta semana detener las actividades relacionadas con el proyecto Sea Lion, aunque la eficacia práctica de esa resolución fuera del territorio argentino es limitada y las empresas implicadas han manifestado su intención de continuar con sus planes.
El Reino Unido mantiene, por su parte, que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni sobre las actividades económicas desarrolladas allí. Londres respalda el desarrollo económico del territorio y las empresas implicadas defienden la validez de sus licencias.
El giro de Milei supone una mayor presencia de las Malvinas en la política exterior y de seguridad de su Gobierno. En septiembre también creó, mediante decreto, un Sistema de Articulación de la Política Exterior destinado a coordinar las actuaciones internacionales de los distintos organismos estatales que puedan afectar a los intereses exteriores argentinos, incluida la reivindicación sobre Malvinas. @mundiario
