El régimen de Ortega acusa formalmente a ocho líderes opositores de «conspiración»

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente, sigue aplicando el rodillo de la represión sobre la oposición con vistas a no tener competencia en las próximas elecciones del 7 de noviembre. Si al principio de esta semana ampliaba la acusación contra la precandidata a la Presidencia, Cristiana Chamorro, y su hermano Pedro Joaquín, ambos privados de libertad desde junio, este jueves fueron acusados formalmente otros tres precandidatos –Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz– y otros cinco líderes opositores, entre ellos, las exdirigentes de la Unión Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera Padilla y Tamara Dávila, del delito «conspiración». Todos ellos fueron detenidos en junio, y encarcelados por un periodo de 90 días (para proseguir la investigación), por haber violado la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz —conocida como ‘Ley de Soberanía’—. Dicha ley forma parte de una batería de normas aprobadas a finales de 2020 por el Parlamento, con mayoría sandinista, con el fin obstaculizar el camino de la oposición a los comicios de noviembre, a los que Ortega se presentan para su cuarta reelección consecutiva.

Juicios secretos
A finales de mayo, el régimen desató una oleada de detenciones contra líderes opositores, que afectó tanto a políticos, como al sector empresarial, a los medios de comunicación, a sí como a los líderes campesinos y estudiantiles que participaron en las protestas de abril de 2018. Tanto los abogados defensores como los familiares de los detenidos han denunciado durante estos meses la imposilidad de acceder a ellos, además de la falta de transparencia del proceso judicial. «Cómo ya es habitual en este Estado del NO derecho que es Nicaragua, dónde la arbitrariedad es la norma, los juicios secretos y a puerta cerrada continúan», denunciaba en su cuenta de Twitter Ana Lucía Álvarez, hermana de Tamara Dávila. «Todas las personas acusadas entre ayer y hoy tenían defensas escogida por familiares y apersonadas, sin embargo ningún abogado u abogada fue notificada de la supuesta audiencia preliminar». <blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Cómo ya es habitual en este Estado del NO derecho que es <a href=»https://twitter.com/hashtag/Nicaragua?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw»>#Nicaragua</a>, dónde la arbitrariedad es la norma, los juicios secretos y a puerta cerrada continuan.</p>&mdash; Ana Lucía Alvarez (@AnaluAlvarezV) <a href=»https://twitter.com/AnaluAlvarezV/status/1431065763520172035?ref_src=twsrc%5Etfw»>August 27, 2021</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Según el código penal de Nicaragua, citado en el comunicado del Ministerio Público, los imputados podrían ser sancionados con penas de hasta 15 años de prisión, recoge el diario ‘Confidencial’, medio que también ha sufrido los envites de la represión de Ortega. Su director, Carlos F. Chamorro, acusado también y con una orden de detención, anunció ayer, desde el exilio, la suspensión del programa ‘Confidencial Radio’ como consecuencia de «la censura y las amenazas» del régimen, en un proceso de «criminalización de los medios de comunicación, contra el ‘Confidencial’ y en contra de mi persona».