En este sentido, el desesperado Gobierno de Theresa May ha presentado sus directrices, en forma de «White Paper», sobre los controles a la inmigración aplicables a la era post-Brexit que se prolongaría al menos hasta el 2025. No es un secreto que la primera ministra quiere hacer todavía más inexpugnables los acantilados de Dover a todos esos europeos interesados en disfrutar del tapón de la bañera que les ha permitido buscar oportunidades en lo que hasta ahora ha sido un ejemplo de economía dinámica, abierta y próspera.
Lo que se ha presentado en Londres como la mayor reforma en materia de inmigración de los últimos cuarenta años tiene un retrogusto de Trumpismo acentuado con tufo identitario y evidentes dudas sobre el lugar que corresponde a Gran Bretaña en una economía globalizada. Según ha resumido el ministro Sajid Javid, el nuevo sistema atiende a las necesidades del Reino Unido pero con el objetivo de reducir los flujos de inmigración hasta «niveles sostenibles». Y de esta manera, satisfacer la obsesión anti-europeísta de recuperar el control de las fronteras británicas.
Para las empresas y sectores como la sanidad pública, este nuevo sistema –basado en méritos, salarios mínimos de 33.000 euros anuales y sin ventajas para los ciudadanos de la UE– es un desastre por mucho que el gobierno de Su Graciosa Majestad insista en la consigna de «open for business». Sin embargo, el «White Paper» sería la última baza para hacer realidad el Brexit ordenado que se enfrenta a una formidable oposición en la Cámara de los Comunes.
