Estados Unidos acaba de mover una pieza clave de su tablero democrático. Y cuando el tablero se mueve, rara vez es para favorecer a quienes ya juegan con desventaja. El Tribunal Supremo ha emitido un fallo que limita la capacidad de los Estados para rediseñar distritos electorales teniendo en cuenta criterios raciales, lo que en la práctica debilita una parte fundamental de la Ley del Derecho al Voto de 1965, una norma histórica nacida para frenar décadas de exclusión sistemática de la población negra y otras minorías.
El caso gira en torno a Luisiana, un Estado con una importante proporción de población afroamericana. Sus legisladores habían aprobado un mapa electoral que creaba un segundo distrito con mayoría negra, buscando aumentar las posibilidades de que estas comunidades tuvieran representación real en el Congreso. El Supremo ha tumbado esa reforma y lo ha hecho con una mayoría clara, seis jueces frente a tres, reflejando una división ideológica que ya no se disimula.
La ley que cambió el acceso al voto
Para entender lo que ocurre, hay que volver a 1965. La Ley del Derecho al Voto se aprobó para combatir prácticas que impedían votar a millones de ciudadanos, desde pruebas absurdas de alfabetización hasta trabas administrativas diseñadas para que el derecho al sufragio fuera un privilegio encubierto. No era un problema teórico, era una arquitectura legal pensada para excluir.
Durante décadas, esta ley permitió que comunidades históricamente marginadas ganaran espacio en instituciones donde antes eran invisibles. No por caridad política, sino por justicia democrática. Si una parte significativa de la población vive en un territorio, debería poder influir en quién la representa. Esa es la lógica básica del principio representativo.
La clave estaba en la llamada Sección 2, que permitía impugnar mapas electorales cuando se demostraba que diluían el voto de las minorías. No era una herramienta perfecta, pero era un freno a la manipulación.
Gerrymandering la geometría del poder
El rediseño de distritos, conocido como gerrymandering, es una de las prácticas más polémicas del sistema estadounidense. Consiste en dibujar circunscripciones con formas imposibles para beneficiar a un partido. A veces se agrupa a los votantes rivales en un solo distrito para que ganen allí pero pierdan en el resto. O se los divide en varios distritos para que nunca tengan mayoría. Es una forma elegante de robar influencia sin tocar las urnas.
La paradoja del fallo es evidente. El Supremo no prohíbe el gerrymandering como tal, sino que lo limita cuando se usa para corregir desigualdades raciales. Es decir, se acepta la manipulación si el objetivo es partidista, pero se cuestiona si el objetivo es garantizar representación a comunidades históricamente perjudicadas. Es como permitir que alguien incline la balanza, pero prohibir que se intente nivelarla.
Los jueces conservadores han defendido una visión de igualdad formal, como si el Estado debiera actuar ciego ante la raza. El problema es que la realidad no es ciega. La desigualdad no desaparece porque se decida ignorarla.
El riesgo de volver atrás sin decirlo
Lo más preocupante de esta decisión no es solo Luisiana. Es el precedente. En política, los precedentes son puertas abiertas, y cuando una puerta se abre en el sur de Estados Unidos, suele haber alguien esperando para atravesarla con prisas. Otros Estados pueden seguir el mismo camino, redibujando distritos para reducir el peso electoral de votantes negros, latinos o nativos, y hacerlo con una cobertura legal más sólida.
Este fallo también refuerza una tendencia clara del Supremo en los últimos años, recortando políticas que buscaban compensar desigualdades históricas, como ya ocurrió con la acción afirmativa en universidades. El mensaje de fondo es inquietante, porque plantea que cualquier intento de corregir la desigualdad es sospechoso, pero mantenerla es neutral.
Una democracia no se rompe siempre con un golpe. A veces se rompe como una cuerda vieja, fibra a fibra. Cuando las instituciones permiten que el mapa decida más que el voto, la ciudadanía deja de ser protagonista y se convierte en decorado. La solución no pasa solo por los tribunales, sino por una reforma federal clara que limite el gerrymandering y proteja la representación real. Porque si la democracia se convierte en un laberinto diseñado por quien ya tiene el poder, entonces votar deja de ser un derecho y se transforma en una ilusión cuidadosamente dibujada. @mundiario
