¿Hubo genocidio contra los rohinyás? La justicia de la ONU prepara un fallo histórico

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, se dispone a pronunciar un fallo histórico sobre la responsabilidad de Myanmar por el presunto genocidio cometido contra la población rohinyá. La resolución, prevista para este jueves, no solo determinará si el Estado birmano incumplió la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. También puede influir en la interpretación de las obligaciones internacionales de los Estados y en otros litigios, especialmente el iniciado por Sudáfrica contra Israel por la situación en Gaza.

El proceso nació en 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar por la campaña de violencia del Ejército contra los rohinyás, una minoría musulmana asentada durante generaciones en el estado occidental de Rakáin. La cuestión central no consiste en determinar si se produjeron atrocidades —ampliamente documentadas por organismos internacionales—, sino en establecer si esas acciones respondieron a una intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico o religioso. Esa diferencia jurídica es decisiva para que pueda declararse cometido un genocidio.

Los rohinyás son una comunidad musulmana cuya población histórica se concentra en Rakáin, en el oeste de Myanmar, junto a la frontera con Bangladés. Tradicionalmente, las autoridades birmanas han cuestionado su identidad como grupo étnico nacional y los han presentado como inmigrantes procedentes del país vecino. De hecho, la Ley de Ciudadanía de 1982 excluyó a buena parte de esta población del reconocimiento como ciudadanos, lo que la convirtió en apátrida y restringió sus derechos. Como resultado, durante décadas los rohinyás han sufrido limitaciones de movimiento, dificultades para acceder a servicios sanitarios y educativos, y distintas formas de discriminación institucional.

La violencia se agravó en 2012, cuando los enfrentamientos entre comunidades provocaron desplazamientos masivos. Más adelante, en octubre de 2016, las fuerzas de seguridad iniciaron una operación militar a gran escala tras los ataques de grupos armados rohinyás contra puestos policiales. Sin embargo, la represión alcanzó una dimensión mucho mayor en 2017, año en que más de 750.000 rohinyás huyeron hacia Bangladés. Las denuncias de aquel periodo incluyeron asesinatos, violaciones, incendios de aldeas y expulsiones forzadas, una campaña que el entonces alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, describió como un «ejemplo paradigmático de limpieza étnica».

La misión internacional de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2018 que existían motivos razonables para considerar que se habían cometido delitos graves, entre ellos posibles actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Actualmente, más de un millón de rohinyás viven fuera de su territorio histórico, principalmente en los campos de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladés. Allí su situación sigue siendo sumamente vulnerable, pues las Naciones Unidas y diversas organizaciones humanitarias han advertido sobre los constantes riesgos de trata, explotación y violencia sexual que afectan especialmente a mujeres y niñas.

Qué debe demostrar la Corte para declarar que hubo genocidio

La intervención de Gambia presenta una particularidad tanto jurídica como política. Se trata de un país de África occidental, sin frontera ni relación territorial directa con Myanmar, que decidió acudir a la CIJ para exigir el cumplimiento de la Convención sobre el Genocidio. Esto es posible porque el tratado permite que un Estado parte denuncie ante el tribunal el incumplimiento de sus obligaciones, incluso sin ser víctima directa de los hechos. Bajo este principio, Gambia argumentó que la persecución contra los rohinyás no constituía únicamente un asunto interno de Myanmar, sino una cuestión que afectaba a toda la comunidad internacional.

Durante las audiencias, el ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, insistió en que el procedimiento no debía reducirse a una discusión técnica sobre derecho internacional. «Los rohinyás de Myanmar han sido señalados para su destrucción», sostuvo ante los jueces.

La demanda solicita que se declare la responsabilidad de Myanmar y que se adopten medidas de reparación. Entre las pretensiones presentadas por Gambia figuran el retorno seguro y digno de los refugiados a sus hogares, la compensación por las pérdidas sufridas y la restitución de sus derechos. Además, el caso ha recibido el respaldo de otros Estados: once países, entre ellos Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania y Países Bajos, intervinieron en el procedimiento para exponer su interpretación de la Convención.

La dificultad principal reside en probar la intención genocida. La Convención de 1948 no considera genocidio cualquier matanza masiva, persecución o desplazamiento forzado. Exige demostrar que se cometieron determinados actos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

Entre los actos contemplados figuran matar a miembros del grupo, causarles daños físicos o mentales graves, imponer condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción, impedir nacimientos o trasladar por la fuerza a sus niños a otro grupo. Sin embargo, la intención constituye el elemento más complejo de probar. Según la explicación jurídica aportada por el exletrado de la CIJ Asier Garrido Muñoz, cuando la acusación se apoya en indicios, la intención genocida debe ser la única conclusión razonable que pueda extraerse de las pruebas.

Por tanto, la Corte tendrá que examinar no solo la dimensión de la violencia, sino también el patrón de actuación, las declaraciones de responsables, las órdenes militares, las circunstancias de las operaciones y los efectos sobre la población rohinyá. Cabe recordar que en enero de 2020 la CIJ ya había ordenado medidas provisionales para que Myanmar adoptara todas las disposiciones a su alcance con el fin de prevenir actos de genocidio y preservar las pruebas. Posteriormente, en 2022, rechazó las objeciones de Myanmar sobre su competencia y confirmó que podía examinar el caso.

Por qué la sentencia puede influir en el caso de Gaza

La CIJ resuelve controversias entre Estados; no juzga penalmente a personas concretas ni impone penas de prisión a responsables individuales. Su función en este procedimiento es determinar si Myanmar incumplió sus obligaciones internacionales y qué consecuencias jurídicas se derivan de ello.

La sentencia será vinculante para las partes. Si los jueces concluyen que hubo genocidio, podrían establecer obligaciones de reparación, exigir el cese de las conductas contrarias a la Convención, reclamar garantías de no repetición e incluso pronunciarse sobre el deber de investigar y castigar a los responsables. Sin embargo, el cumplimiento de un fallo internacional depende en buena medida de la cooperación del Estado afectado y de la presión diplomática. En este sentido, Myanmar permanece bajo el control de una junta militar desde el golpe de Estado de febrero de 2021 y continúa inmerso en un conflicto armado interno; por ello, si sus autoridades se niegan a ejecutar la resolución, otros países podrían recurrir a presiones diplomáticas, políticas o económicas, aunque su aplicación práctica no está garantizada.

El procedimiento tampoco debe confundirse con la investigación abierta por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2019. Este último sí puede investigar la responsabilidad penal individual por determinados crímenes. Aunque Myanmar no es miembro del TPI, la Corte ha considerado que puede ejercer competencia sobre delitos cuyos elementos se produjeron en Bangladés, Estado parte del Estatuto de Roma.

La relevancia internacional del fallo se extiende hasta Oriente Próximo, donde en 2023 Sudáfrica presentó ante la misma Corte una demanda contra Israel por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio durante la guerra en Gaza. Aunque ambos procedimientos son jurídicamente independientes y sus circunstancias no son idénticas, comparten una cuestión fundamental: cómo demostrar la intención genocida a partir de patrones de conducta, declaraciones oficiales y pruebas sobre los efectos de las operaciones militares en una población protegida.

La forma en que la CIJ valore las pruebas y los informes de las Naciones Unidas en el caso rohinyá tendrá repercusiones directas en el procedimiento relativo a Gaza. Aunque la Corte ya ha dictado medidas provisionales en el litigio entre Sudáfrica e Israel, dichas decisiones no equivalen a una sentencia definitiva que declare cometido un genocidio. Del mismo modo, el fallo sobre Myanmar no resolverá automáticamente la demanda contra Israel, ya que cada expediente exige un análisis propio de los hechos y las pruebas.

La importancia de la resolución de este jueves reside, por tanto, en su alcance jurídico y político. Después de años de investigaciones, audiencias y controversias, la CIJ deberá pronunciarse sobre uno de los casos más relevantes de aplicación de la Convención de 1948. Para los rohinyás, la decisión puede representar un paso hacia el reconocimiento internacional de los crímenes denunciados y hacia posibles reparaciones. Para el sistema jurídico internacional, será una referencia sobre cómo atribuir a un Estado la responsabilidad por genocidio. @mundiario