India: las protestas contra Modi se intensifican y la generación Z desafía la represión policial

Las masivas manifestaciones contra el gobierno de Narendra Modi han escalado de forma sin precedentes en la India. Una coalición unificada de partidos de la oposición (bloque INDIA) y el influyente movimiento juvenil de la Generación Z Cockroach Janta Party (CJP) han tomado las calles de la capital. La indignación central exige la destitución inmediata de Gyanesh Kumar, el jefe de la Comisión Electoral, tras revelarse que una «revisión intensiva especial» (SIR) eliminó de forma masiva a 130 millones de personas del censo de votantes. La oposición acusa a Kumar de manipular los registros para purgar de manera deliberada el voto de minorías religiosas (especialmente musulmanes) y de comunidades pobres de cara a futuros comicios.

La respuesta del Ejecutivo de Modi ha transformado a Nueva Delhi en una auténtica fortaleza. La policía capitalina desplegó a más de 33.000 agentes y fuerzas paramilitares, ordenó el cierre de estaciones de metro, bloqueó carreteras con barricadas metálicas y cortó el servicio de internet en puntos estratégicos para evitar los mítines. Además, en un intento por sofocar el derecho a la protesta, las autoridades retiraron el estatus de zona de manifestación al histórico espacio de Jantar Mantar. Sin embargo, la represión —que incluyó detenciones masivas de líderes opositores como Rahul Gandhi y fundadores del CJP— no ha hecho más que expandir la revuelta hacia otras grandes metrópolis de la India y provocar alertas internacionales por violaciones a los derechos democráticos.

El conflicto ha adquirido una dimensión que va más allá de una disputa administrativa sobre las listas electorales. Para una parte de los manifestantes, la controversia afecta a la confianza en las instituciones encargadas de garantizar unas elecciones libres y competitivas. Al mismo tiempo, las protestas canalizan frustraciones acumuladas durante los doce años de Gobierno de Modi: dificultades para acceder al empleo, irregularidades en pruebas académicas y laborales, denuncias de corrupción y críticas a la polarización política y religiosa.

El proyecto independiente Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) ha advertido de que India podría registrar en 2026 más protestas callejeras que en cualquier otro año de la última década. La cifra refleja la extensión del descontento, aunque no significa que exista un movimiento uniforme ni que el Gobierno esté cerca de caer. Modi conserva el poder y las próximas elecciones generales están previstas para 2029.

La novedad es la aparición de una movilización juvenil con capacidad para convertir agravios diferentes en una protesta nacional. Su fuerza no reside únicamente en el número de participantes, sino también en su habilidad para divulgar imágenes, coordinar convocatorias y mantener la atención pública incluso cuando la cobertura de los medios tradicionales es limitada.

La controversia electoral que ha encendido las calles

El detonante inmediato es la revisión especial de los censos electorales. Según informaciones publicadas por medios indios, el proceso ha supuesto la eliminación de unos 130 millones de nombres de las listas de votantes. La cifra ha alimentado las sospechas de organizaciones civiles y partidos opositores, que temen que ciudadanos con derecho a voto hayan quedado excluidos y que el proceso pueda beneficiar electoralmente al Bharatiya Janata Party (BJP), la formación de Modi.

Dado que las minorías y los sectores marginados excluidos suelen votar mayoritariamente en contra del partido nacionalista hindú gobernante, la oposición acusa a la Comisión Electoral de sesgo político para garantizarle victorias al BJP. De hecho, ya se apunta a que esta exclusión de votantes facilitó triunfos estatales recientes del BJP en regiones históricamente complejas como Bengala Occidental.

La oposición reclama que Kumar abandone el cargo y que se investiguen las decisiones adoptadas por la Comisión Electoral. El lunes 12 de octubre, dirigentes opositores encabezaron una marcha hacia el Tribunal Supremo para presentar sus objeciones a las modificaciones del censo. Rahul Gandhi, líder del Partido del Congreso y una de las principales figuras de la oposición, sostuvo que las movilizaciones expresan una defensa de la democracia y rechazó que los participantes vayan a dejarse intimidar.

El BJP, el Gobierno y la propia Comisión Electoral rechazan las acusaciones de manipulación. La formación gobernante atribuye sus victorias recientes a la popularidad de Modi y al crecimiento económico. La disputa se centra, por tanto, tanto en los procedimientos electorales como en la credibilidad de las instituciones: la transparencia con que se explique el proceso será determinante para medir la solidez de las denuncias y la respuesta oficial.

Uno de los fenómenos más llamativos de esta crisis es la Cockroach Janta Party (CJP), un movimiento juvenil que no constituye una formación política convencional. Su origen se encuentra en la sátira en internet y en la indignación de jóvenes que consideran bloqueadas sus oportunidades. La iniciativa ganó visibilidad después de que el presidente del Tribunal Supremo comparase a los jóvenes desempleados con «cucarachas», expresión que sus integrantes transformaron en un símbolo de protesta.

El movimiento no dispone de la estructura territorial ni de la implantación de un partido nacional consolidado. Su relevancia procede, sobre todo, de su capacidad para movilizar a jóvenes que no necesariamente se identifican con las organizaciones tradicionales. La sátira ha funcionado como herramienta de entrada en la política: ha convertido una expresión despectiva en una marca colectiva y ha proporcionado una identidad común a personas con problemas distintos.

Esa espontaneidad, sin embargo, plantea un desafío organizativo. Para mantener la movilización, sus impulsores tendrán que coordinar reivindicaciones, establecer objetivos concretos y decidir cómo relacionarse con una oposición que posee experiencia parlamentaria, recursos y redes políticas, pero que no originó el movimiento.

Desempleo, exámenes y expectativas incumplidas

La disputa electoral ha encontrado terreno fértil porque coincide con problemas que afectan directamente a las perspectivas de futuro de los jóvenes. Muchos crecieron durante el ascenso de Modi, cuando el Gobierno prometía empleo, oportunidades y una administración más limpia. Doce años después, una parte de esa generación considera que la expansión económica no se ha traducido en suficientes puestos de trabajo estables ni en vías de movilidad social.

El Ejecutivo sostiene que la economía ha creado millones de empleos y rechaza que sus políticas discriminen a determinados grupos. Pero el crecimiento agregado no resuelve por sí solo las dificultades de quienes compiten por un número limitado de plazas públicas o dependen de exámenes de acceso. Las filtraciones de pruebas y las irregularidades denunciadas en procesos educativos y laborales han agravado la percepción de que incluso el esfuerzo académico puede no garantizar una oportunidad justa.

La crisis de los exámenes ya había impulsado protestas estudiantiles y contribuido a la salida del ministro de Educación, según las informaciones sobre el movimiento. Ahora, la controversia electoral conecta esa frustración con una cuestión más amplia: si las reglas del sistema son fiables y si todos los ciudadanos pueden participar en igualdad de condiciones.

También pesan las críticas al nacionalismo hindú del BJP y a lo que activistas describen como una creciente polarización contra las minorías musulmanas. No todos los manifestantes comparten la misma agenda, y no puede suponerse que la juventud india constituya un bloque político homogéneo. La movilización reúne a estudiantes, desempleados, activistas y simpatizantes de la oposición cuyas prioridades pueden diferir, pero que encuentran un punto de encuentro en las denuncias de exclusión y falta de rendición de cuentas.

La respuesta policial se ha endurecido. Las autoridades han detenido a manifestantes y dirigentes de la CJP, limitado el acceso a lugares de concentración y desplegado miles de agentes. Para el 16 de octubre se anunció un nuevo dispositivo de seguridad en Nueva Delhi ante otra convocatoria juvenil. La clausura temporal de Central Park y las restricciones a las protestas muestran hasta qué punto la disputa se ha convertido también en una pugna por el espacio público.

La policía sostiene que debe mantener el orden y hacer cumplir las normas sobre concentraciones. Los organismos de derechos humanos, sin embargo, han cuestionado la proporcionalidad de las medidas. Human Rights Watch denunció el 13 de octubre detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y restricciones a las comunicaciones. La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas también expresó preocupación por las detenciones masivas. El Gobierno indio calificó las observaciones internacionales de «injerencia» en sus asuntos internos.

Las comparaciones con Bangladesh y Nepal, donde movilizaciones juveniles contribuyeron a derribar gobiernos, ilustran la capacidad de las nuevas generaciones para alterar escenarios políticos. Pero India tiene una escala demográfica, una estructura partidista y unas dinámicas electorales distintas. Modi conserva una base de apoyo considerable, el BJP mantiene recursos organizativos y la próxima elección general no está prevista hasta 2029. Por ahora, las protestas no equivalen a una crisis inmediata de Gobierno.

El factor decisivo será si el movimiento logra pasar de la indignación a demandas verificables: auditorías transparentes de las listas electorales, procedimientos accesibles para recuperar registros eliminados, explicaciones públicas de la Comisión Electoral y garantías para el derecho de reunión. La oposición tradicional puede dar alcance parlamentario a esas exigencias, aunque también corre el riesgo de que los jóvenes perciban una instrumentalización partidista de su protesta. @mundiario