El TPS es una forma de regularización temporal que EE.UU. determina para inmigrantes indocumentados procedentes de países afectados por desastres naturales, crisis humanitarias o represión política.
«Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en caos, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos», aseguró en un comunicado el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, sobre la crisis humanitaria y política que vive el país sudamericano bajo el régimen de Nicolás Maduro.
La decisión marca un cambio de rumbo frente a la presidencia de Donald Trump, en la que el antecesor de Joe Biden fue muy combativo en sanciones contra Maduro, pero no concedió el TPS a los venezolanos, a pesar de muchos llamamientos para que así lo hiciera. También de legisladores republicanos de estados con mucha presencia de venezolanos, como Florida.
Trump, que promovió un endurecimiento de la política migratoria y trató de eliminar el TPS a otros países -El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán-, sí dio un respiro en el último minuto de su presidencia. En su penúltimo día en la Casa Blanca, aprobó un decreto para evitar la deportación de los venezolanos, que en la práctica tiene efectos similares al TPS.
La concesión del TPS a los venezolanos fue una promesa de campaña de Biden, aunque no le supuso mucho apoyo de la comunidad venezolana, que votó en su mayoría a Trump por su agresividad con Maduro y Cuba. Ahora la cumple con una medida que podría regularizar a 320.000 venezolanos en territorio estadounidense.
Solo podrán acceder a ello quienes demuestren haber residido en EE.UU. antes del 8 de marzo y tendrán un plazo de seis meses para solicitarlo.
