El principal argumento para este procedimiento judicial es la ley sobre el poder judicial de 20 de diciembre de 2019, que entró en vigor el 14 de febrero de 2020 que Bruselas considera que afecta directamente a la independencia de los jueces y que es incompatible con la primacía del derecho de la UE. Además, la ley prohíbe a los tribunales polacos, incluso mediante procedimientos disciplinarios, aplicar directamente determinadas disposiciones de la legislación europea que protegen la independencia judicial y les impide remitir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo las decisiones preliminares sobre tales cuestiones, como está previsto en los Tratados.
El Gobierno de Polonia ya fue condenado el pasado 2 de marzo en una sentencia en la que se afirma que las reformas sobre la forma en que son designados los jueces de la Corte Suprema polaca pueden infringir la ley europea. El gobierno nacional populista polaco argumenta que las reformas son necesarias para hacer que los tribunales sean más eficientes y eliminar los restos del pasado comunista anterior a 1989.
En 2018, el Consejo Nacional de la Judicatura de Polonia (KRS), el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España, que es el organismo que nomina a los jueces, decidió no proponer el nombramiento de cinco candidatos para puestos en la Corte Suprema del país, y en su lugar presentó otros nombres. La medida dio lugar a una demanda del Gobierno, y el Tribunal Administrativo Supremo de Polonia se dirigió al Tribunal de Justicia de la UE con preguntas sobre si las normas de Polonia que prohíben las apelaciones a las decisiones del KRS son compatibles con la legislación de la UE. El tribunal de la UE determinó que las enmiendas a la ley sobre el KRS «que tienen el efecto de eliminar la revisión judicial efectiva de las decisiones de ese consejo … pueden infringir la ley de la UE» y que «los efectos del principio de la primacía del derecho de la UE son vinculantes para todos los órganos de un Estado miembro».
Una condena de Polonia en el procedimiento iniciado ahora por la Comisión puede conllevar fuertes multas y denegación de acceso a los presupuestos europeos, incluyendo el fondo de recuperación.
