La política israelí vuelve a moverse como un edificio construido sobre arena. En las últimas horas, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha impulsado un proyecto de ley para disolver la Knéset, el Parlamento israelí, en un intento de tomar la iniciativa ante el riesgo de que la oposición controle el proceso de adelanto electoral. La maniobra no es casual ni improvisada: responde al debilitamiento de la coalición que sostiene al Likud y al temor de que el calendario electoral se convierta en un arma en manos de sus adversarios.
En teoría, las elecciones deberían celebrarse el 27 de octubre, pero el escenario ha cambiado rápidamente. La oposición presentó un proyecto para disolver la Knéset y forzar un adelanto, y el Gobierno respondió con otro texto similar. Sin embargo, lo verdaderamente determinante no ha sido la oposición, sino la grieta abierta en el interior del propio bloque oficialista.
En Israel, gobernar implica sumar piezas muy distintas. El Ejecutivo de Netanyahu se apoya en partidos de extrema derecha y en formaciones ultraortodoxas que, aunque representan a una parte minoritaria de la sociedad, poseen una capacidad de presión enorme gracias a su peso parlamentario. Cuando esas piezas se mueven, el tablero entero se tambalea.
El pulso por el servicio militar obligatorio
El conflicto central que ha desatado esta crisis es uno de los más sensibles en Israel: el servicio militar obligatorio. Durante años, muchos estudiantes ultraortodoxos de yeshivás, centros religiosos judíos, han disfrutado de exenciones que les permitían no incorporarse al Ejército. Para ellos, estudiar la Torá no es una elección cultural, sino una obligación espiritual.
Pero esa excepción se ha convertido en una bomba política. En 2024, una decisión judicial determinó que no existía base legal para mantener esa exclusión del reclutamiento, lo que ha empujado a los partidos ultraortodoxos a exigir una ley que garantice el privilegio por vía legislativa. El problema es que esta discusión se produce en un contexto de tensión militar permanente y con la sociedad israelí cada vez más dividida sobre quién paga el coste de la seguridad nacional.
Aquí aparece el choque de fondo. Para muchos ciudadanos israelíes, resulta injusto que una parte de la población quede fuera de un deber que otros asumen con riesgo de muerte. Para los ultraortodoxos, en cambio, esa exención no es un privilegio, sino una defensa de su modo de vida. Dos visiones incompatibles que Netanyahu ha intentado sostener a la vez, como quien pretende mantener el equilibrio de una balanza con una mano atada.
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El calendario electoral como herramienta de poder
El proyecto registrado por la coalición no solo busca disolver la Knéset, también pretende controlar los tiempos. Su diseño evita fijar una fecha inmediata para las elecciones y abre la puerta a que el calendario se decida más adelante, dentro de márgenes legales que podrían retrasar los comicios durante meses. Esto concede al Gobierno margen para maniobrar, negociar y, sobre todo, ganar tiempo.
Y el tiempo, en política, es una moneda. Netanyahu no solo se enfrenta a una crisis parlamentaria, también arrastra un desgaste profundo por la situación regional, por la presión internacional y por su propio horizonte judicial, marcado por causas de corrupción que siguen pesando sobre su figura.
En este contexto, adelantar elecciones no es necesariamente un acto de valentía democrática. Puede ser también un movimiento defensivo, una forma de reorganizar el poder antes de que la realidad lo desborde. Como si el capitán de un barco decidiera cambiar de rumbo no para llegar a puerto, sino para evitar que los pasajeros vean el tamaño real de la tormenta.
Israel no está ante una simple disputa parlamentaria, sino ante el síntoma de un sistema que depende demasiado de minorías capaces de bloquearlo todo. Una democracia no puede funcionar como un mercado de favores permanentes, porque cuando el Estado se convierte en rehén de los acuerdos, la ciudadanía deja de ser el centro y pasa a ser espectadora. Si Israel quiere estabilidad, necesita reformas políticas valientes, reglas más claras y un pacto social que reparta deberes y derechos con justicia. Sin eso, las elecciones solo serán otro capítulo del mismo círculo vicioso. @mundiario
