La decisión de la ONU sobre Myanmar redefine cómo se juzga el genocidio en el mundo

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, ha declarado que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2016 y 2017. El fallo, considerado histórico al ser la primera declaración de responsabilidad estatal por genocidio en la historia del tribunal, establece que las atrocidades no fueron únicamente consecuencia de una campaña militar, sino que estuvieron acompañadas de una intención de destruir parcialmente a un grupo étnico y religioso. La resolución también vuelve a situar en el centro del debate internacional la aplicación de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y sus posibles implicaciones para otros conflictos, incluido el proceso abierto contra Israel por la ofensiva en Gaza.

La sentencia, adoptada por nueve votos a favor y seis en contra, concluye que las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a miles de civiles rohinyás, perpetraron violaciones masivas, ejercieron violencia extrema contra menores y destruyeron sistemáticamente viviendas y aldeas. El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, afirmó que el tribunal tenía la «plena convicción» de que se produjeron esos actos y que las operaciones militares provocaron la huida de cientos de miles de personas hacia Bangladés.

La ofensiva de 2017, presentada por las autoridades birmanas como una operación contra la insurgencia, provocó un éxodo masivo. Cerca de un millón de rohinyás permanecen refugiados en Bangladés, principalmente en campamentos de Cox’s Bazar, mientras la comunidad continúa afrontando condiciones precarias, restricciones y dificultades para regresar a Myanmar.

El tribunal concluyó que las actuaciones militares estuvieron acompañadas de una «intención de destruir» una parte sustancial de la población rohinyá del norte del estado de Rakáin. Entre los elementos analizados figuran las matanzas, la violencia sexual sistemática, la destrucción de comunidades, los desplazamientos forzosos, la deshumanización del grupo y las medidas destinadas a impedir los nacimientos. La CIJ también consideró que Myanmar incumplió sus obligaciones de prevenir el genocidio y castigar a sus responsables.

La resolución ordena investigar y procesar a los responsables, adoptar medidas para garantizar que no se repitan los hechos, reparar los daños y facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de los desplazados. La cuantía de las indemnizaciones deberá determinarse posteriormente.

Qué significa jurídicamente el genocidio y por qué es tan difícil demostrarlo

El genocidio es uno de los delitos más graves del derecho internacional, pero su definición jurídica es especialmente exigente. La Convención de 1948 establece que debe existir la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. No basta con demostrar que hubo asesinatos masivos, desplazamientos, torturas o graves violaciones de derechos humanos: es necesario acreditar también esa intención específica.

La convención contempla cinco categorías de actos: matar a miembros del grupo; causarles daños físicos o mentales graves; someterlos a condiciones de existencia destinadas a provocar su destrucción física; imponer medidas para impedir nacimientos; y trasladar forzosamente a niños a otro grupo. No es necesario que se produzcan todas ellas para que exista genocidio, sino que debe acreditarse al menos una junto con la intención requerida.

En el caso de Myanmar, la CIJ valoró el conjunto de las actuaciones, su escala, la selección de las víctimas, las declaraciones y comportamientos de las fuerzas de seguridad y las consecuencias sobre la supervivencia de la comunidad. El argumento de que las operaciones respondían a motivos de seguridad o lucha contra la insurgencia no excluye automáticamente la responsabilidad por genocidio. Un conflicto armado puede coexistir con este delito si se demuestra la intención de destruir al grupo protegido.

La importancia de este criterio radica en que evita que una justificación militar, por sí sola, pueda neutralizar la investigación de atrocidades. Sin embargo, cada caso debe analizarse a partir de sus propias pruebas, porque la existencia de víctimas civiles, destrucción o desplazamientos no permite concluir automáticamente que hubo genocidio.

El procedimiento comenzó en 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar ante la Corte. Aunque ambos países están separados geográficamente y Gambia no tiene una relación directa con el conflicto, su Gobierno argumentó que todos los Estados firmantes de la Convención sobre el Genocidio tienen la obligación de prevenir y sancionar este delito. En consecuencia, la sentencia reconoce la capacidad de cualquier Estado parte para acudir al tribunal y exigir su cumplimiento, incluso sin ser víctima directa de los hechos. Este principio resulta fundamental porque evita que la protección internacional de los grupos afectados dependa exclusivamente de la voluntad política o de la actuación del Estado donde se cometen las atrocidades.

La CIJ ya había ordenado medidas provisionales en 2020 para proteger a los rohinyás y evitar nuevos actos genocidas mientras se tramitaba el caso. Ahora, con una sentencia sobre el fondo, establece la responsabilidad internacional de Myanmar. No obstante, el tribunal carece de una fuerza policial propia para ejecutar sus decisiones. Su cumplimiento depende de las autoridades nacionales, de la presión diplomática y, en determinadas circunstancias, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Gaza y otros procesos: qué consecuencias puede tener el fallo

La decisión puede influir en la interpretación jurídica de otros procedimientos, pero no constituye una sentencia automática sobre conflictos distintos. Sudáfrica presentó en diciembre de 2023 una demanda contra Israel ante la CIJ, acusándolo de incumplir la Convención sobre el Genocidio durante la guerra en Gaza. Israel rechaza la acusación y sostiene que sus operaciones están dirigidas contra Hamás.

El proceso continúa pendiente de una resolución definitiva. La CIJ ha dictado medidas provisionales en ese caso, pero estas no equivalen a una declaración de que se haya cometido genocidio. El fallo sobre Myanmar puede aportar criterios interpretativos sobre la valoración de la intención, las pruebas circunstanciales, la violencia contra civiles y las obligaciones de prevención, aunque los jueces deberán examinar de forma independiente los hechos y argumentos de cada procedimiento.

También existen procesos relacionados con Ucrania y Rusia, así como precedentes como la sentencia de 2007 sobre Serbia y su obligación de prevenir el genocidio de Srebrenica. La resolución sobre Myanmar refuerza la posibilidad de exigir responsabilidad estatal cuando se demuestra la violación de la convención, pero no elimina las diferencias probatorias ni las dificultades de ejecución. En este contexto, nunca se había declarado culpable de perpetrarlo directamente a un Estado soberano.

El fallo supone un reconocimiento judicial del sufrimiento de los rohinyás y establece una responsabilidad que Myanmar deberá afrontar internacionalmente. Su alcance dependerá ahora de la aplicación de las medidas ordenadas, de la investigación de los responsables y de la posibilidad de que los desplazados regresen a sus hogares en condiciones de seguridad. Al mismo tiempo, la sentencia se convierte en una referencia para otros litigios sobre genocidio, sin prejuzgar su resultado. @mundiario