Aunque el texto, propuesto por los diputados tories conservadores Nusrat Ghani y Iain Duncan Smith y aprobado por unanimidad no es vinculante para el Gobierno de Boris Johnson, ya que no lo obliga a tomar medidas concretas contra el gigante asiático, sí supone toda una declaración de intenciones y una muestra del descontento creciente entre los parlamentarios con las acciones de Pekín contra esta minoría. De hecho, los votantes pidieron al Ejecutivo, que se opuso a la moción porque considerar que la calificación de «genocidio» le corresponde decidirla a los tribunales, «cumplir con sus obligaciones» en virtud de las convenciones pertinentes de las Naciones Unidas «para ponerle fin». El secretario de estado para Asia, Nigel Adams, declaró que el Reino Unido está aumentando la presión sobre China a través de la ONU y en sintonía con sus homólogos de la UE, Canadá, Países Bajos y la Unión Europea pero que son los tribunales, como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, quienes deben decidir si se trata de un genocidio, ya que se «necesitan pruebas de que los actos relevantes se llevaron a cabo con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Demostrar tal intención con el estándar legal requerido puede ser increíblemente difícil de lograr en la práctica», dijo. Eso sí, Adams reiteró la «gran preocupación» del Gobierno de Johnson por las «graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que ocurren en la región», y pidió a China que admita observadores independientes de las Naciones Unidas en Xinjiang.
Duncan Smith, uno de los cinco diputados británicos sancionados por China por supuestamente «difundir mentiras y desinformación», aseguró que este es un «momento histórico», mientras que Ghani defendió durante el debate parlamentario que la palabra genocidio significa la intención de «destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso» algo que es «evidente en Xinjiang», donde las personas detenidas están sometidas a «métodos brutales de tortura» que «incluyen palizas con picanas de metal, descargas eléctricas y látigos». El conservador también denunció que «’El cuento de la criada’ es un cuento de hadas en comparación con los derechos reproductivos de las mujeres uigures», a las que se les están «colocando dispositivos anticonceptivos» contra su voluntad.
El secretario de Relaciones Exteriores en la sombra de los laboristas, Stephen Kinnock, justificó el apoyo de su partido a la moción diciendo que un «genocidio nunca se puede enfrentar con indiferencia o inacción». Por su parte, un grupo de uigures acompañó la votación a través de una manifestación con pancartas a las afueras de Westminster.
