La disputa por las islas Malvinas vuelve a entrar en una fase de tensión que combina soberanía, petróleo, derecho ambiental y jurisdicción internacional. La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, ordenó suspender el avance del proyecto Sea Lion, una explotación petrolera ‘offshore’ desarrollada por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. La decisión llega después de que el Gobierno argentino intensificara sus acciones legales contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). El argumento central combina dos cuestiones diferentes pero estrechamente relacionadas: la supuesta ausencia de una evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación argentina y la consideración de que las actividades petroleras se desarrollan en un espacio marítimo cuya soberanía Argentina reclama.
La resolución no constituye, sin embargo, una sentencia definitiva sobre la soberanía de las Malvinas ni sobre la responsabilidad de las compañías. Se trata de una medida cautelar preventiva. La propia resolución, según la información publicada sobre el fallo, deja claro que la decisión no supone un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre todas las cuestiones que forman parte del litigio.
El alcance de la orden es considerable. Rockhopper y Navitas deben abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados con Sea Lion. La prohibición alcanza la perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina para extraer y transportar petróleo, la colocación de conductos y líneas de flujo y la instalación de estructuras de fondeo.
También quedan comprendidas las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, el comienzo de la extracción comercial y determinadas obras terrestres y portuarias asociadas al proyecto. Es decir, la resolución no se limita a detener una perforación concreta: pretende impedir que continúe la ejecución material del conjunto del emprendimiento mientras se sustancia el procedimiento ambiental exigido por la Justicia argentina.
Además, la jueza ordenó a las compañías proporcionar información sobre el estado del proyecto, sus cronogramas, pozos previstos, unidades de perforación y producción contratadas, empresas contratistas y subcontratistas, entidades financieras y aseguradoras, desembolsos realizados y pendientes y estudios ambientales y de riesgo de derrames. También deben conservar la documentación relacionada con el proyecto.
La medida permanecerá vigente hasta que se realice ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado por la legislación argentina, salvo que el propio tribunal disponga otra cosa.
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Un proyecto petrolero estratégico para las Malvinas
Sea Lion no es una operación menor. Navitas mantiene una participación del 65% y Rockhopper participa como socio del proyecto. La propia Navitas sitúa el yacimiento aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Malvinas y señala que el desarrollo cuenta con las aprobaciones regulatorias que considera necesarias bajo el marco de las islas. La compañía prevé comenzar la producción en marzo de 2028, mediante una primera fase con 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
El potencial económico explica buena parte de la importancia del conflicto. EFE ha informado de que las autoridades de las islas esperan obtener alrededor de 2.000 millones de dólares en regalías asociadas al proyecto, mientras que Navitas presenta Sea Lion como un desarrollo de largo plazo con producción prevista durante décadas.
Para Argentina, precisamente ahí aparece uno de los elementos más sensibles. Buenos Aires considera que esas actividades se realizan sobre recursos pertenecientes a un territorio cuya soberanía reclama y, por tanto, sostiene que la explotación no cuenta con la autorización argentina necesaria. El Gobierno argentino presentó además denuncias penales contra empresas relacionadas con las actividades petroleras en la zona.
Aquí aparece la principal dificultad práctica de la decisión. Argentina y Reino Unido parten de posiciones jurídicas incompatibles sobre quién puede autorizar y controlar las actividades económicas en las Malvinas y las aguas circundantes.
Desde Buenos Aires, la Justicia Federal de Río Grande considera que puede intervenir sobre el proyecto por razones vinculadas con la materia ambiental, el territorio y empresas extranjeras. La causa fue admitida bajo la jurisdicción de los tribunales argentinos y la resolución considera relevante la posible afectación ambiental y soberana.
Desde Londres, el planteamiento es exactamente el contrario. El Gobierno británico sostiene oficialmente que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar allí su legislación interna, tampoco respecto de compañías o personas que desarrollen actividades comerciales relacionadas con el archipiélago. Esa posición fue reiterada en su guía oficial para hacer negocios con las Falkland Islands.
Por eso, la orden judicial argentina tiene una dimensión jurídica y otra práctica. Jurídicamente, obliga a las empresas dentro del ámbito que reconoce la Justicia argentina. Pero su ejecución sobre instalaciones y operaciones desarrolladas bajo la administración británica plantea un problema distinto: requiere cooperación o reconocimiento por parte de actores que precisamente rechazan la jurisdicción argentina.
Petróleo y soberanía vuelven a mezclarse
Las petroleras tampoco interpretan la decisión como el final del proyecto. Navitas sostiene que opera mediante licencias válidas otorgadas por el Gobierno de las Malvinas y ha señalado que las acciones judiciales emprendidas en Argentina no deberían tener un efecto significativo sobre el desarrollo de Sea Lion.
Rockhopper comparte el marco regulatorio de las islas. De este modo, las compañías se encuentran ante dos órdenes jurídicos que reclaman competencias diferentes: el argentino, que considera ilegítima la explotación sin autorización nacional y exige evaluación ambiental; y el administrado por las autoridades de las Malvinas, respaldado por el Reino Unido, que considera válidas las licencias concedidas para desarrollar el proyecto.
La disputa petrolera, por tanto, no puede entenderse solamente como un litigio ambiental. El medio ambiente proporciona una vía jurídica concreta para cuestionar las operaciones, pero el trasfondo es la disputa territorial que Argentina y Reino Unido mantienen desde hace décadas.
El caso Sea Lion demuestra hasta qué punto los recursos naturales pueden convertir una controversia territorial en un problema económico y jurídico mucho más amplio. Mientras el proyecto avanza hacia una posible producción en 2028, Argentina está aumentando la presión legal y preparando nuevas medidas contra empresas que participen en actividades económicas vinculadas con las Malvinas. Reuters informó de que el Gobierno de Javier Milei estudia incluso ampliar las sanciones a compañías y actividades relacionadas con recursos naturales del archipiélago.
El Reino Unido, por su parte, ha respondido reafirmando su apoyo a la actividad económica de las islas y rechazando que las medidas argentinas puedan extenderse jurídicamente a ese territorio.
El resultado es un escenario en el que Sea Lion se convierte simultáneamente en proyecto energético, litigio ambiental y nuevo capítulo de la disputa por las Malvinas. La cautelar argentina puede ralentizar, condicionar o complicar determinados aspectos relacionados con empresas, financiación y operaciones conectadas con Argentina, pero la cuestión decisiva será hasta dónde puede hacerse efectiva sobre un proyecto que Londres y las autoridades isleñas consideran sometido a su propio marco jurídico. @mundiario
