Este trámite, que anteriormente sólo se ha iniciado para condenar a Venezuela y Honduras, es la más dura amonestación posible al régimen de Ortega, que ha matado a más de 300 personas en las protestas a favor de la democracia que vive el país desde abril. La OEA le acusa, además, de otras violaciones de los derechos humanos como torturas, detenciones arbitrarias y persecución de opositores.
En el Consejo Permanente de la OEA, reunido de urgencia en Washington el jueves, apoyaron la petición del secretario general Luis Almagro cinco países: Argentina, Colombia, Chile, Perú y EE.UU. Hace un mes, la Casa Blanca incluyó al régimen de Ortega en lo que bautizó públicamente como «troika de la tiranía», en la que incluyó a Cuba y Venezuela.
Para que la suspensión de Nicaragua sea efectiva se necesita un total de 24 votos, o dos tercios de los 34 países que son miembros del organismo. Antes, el Consejo Permanente debe decidir si hay pruebas fiables de esa alteración del orden democrático y si es conveniente iniciar gestiones diplomáticas antes de la suspensión, que se podrá revertir si el Gobierno cede y restablece las libertades civiles.
Más años de dictadura que de democracia
Según dijo Almagro en su discurso del jueves ante el Consejo Permanente: «El futuro de Nicaragua no puede ser con un Ortega dictador, que bueno sería con un Ortega demócrata, Nicaragua ya ha sufrido mucho en su historia, tiene más años de dictadura que debida democracia en total, esto no es un juego político, esto se trata de la vida y los derechos de los nicaragüenses».
En esa misma sesión quedaron en evidencia los dos ejes enfrentados en esta crisis. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, acusó a EE.UU. de injerencias en Latinoamérica y le acusó de ejercer una «política de agresiones permanentes». Le respaldaron los representantes de Venezuela y Bolivia. El presidente boliviano, Evo Morales, acusó ayer a la OEA y Almagro de «intenciones golpistas» por iniciar este procedimiento con el objetivo implícito de «un cambio de régimen».
Cuba y Honduras son los únicos países suspendidos de la OEA en sus 70 años de historia. La Carta Democrática se adoptó en 2001, durante los crímenes de Alberto Fujimori en Perú, con la intención de fortalecer las instituciones en América Latina ante posibles excesos del poder ejecutivo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que asegura que en la crisis nicaragüense hay ya 500 presos, 2.000 heridos y 40.000 exiliados en Costa Rica, ha defendido enérgicamente la necesidad de condenar los excesos del régimen de Ortega. «La Carta Democrática constituye el instrumento más representativo de solidaridad y compromiso que países del hemisferio asumieron para asegurar que, en las naciones americanas, existan condiciones propicias para el goce y garantía de los derechos humanos», dijo la vicepresidenta de ese organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
