El presidente Donald Trump ha firmado este 10 de agosto una controvertida orden ejecutiva destinada a reescribir de raíz el sistema de inmunización pediátrica de los Estados Unidos. La medida reduce drásticamente las enfermedades infecciosas cubiertas de forma rutinaria por el Gobierno federal, recortando el estándar oficial de 17 enfermedades recomendadas a solo 11.
El decreto instruye separar la vacuna triple vírica combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) en tres inyecciones independientes, además de ordenar de forma directa que se administren espaciadas en múltiples visitas médicas individuales. Esta decisión consolida el radical giro sanitario de su Administración, coordinado de la mano del polémico secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., un reconocido escéptico de la vacunación.
La orden llega, además, acompañada de un mensaje político que resulta mucho más controvertido: Trump volvió a relacionar el número y la administración de las vacunas con el aumento de los diagnósticos de trastorno del espectro autista. No presentó nuevas pruebas que sostengan esa asociación. La evidencia científica acumulada durante décadas no ha encontrado una relación causal entre las vacunas infantiles y el autismo. Expertos en pediatría y salud pública han vuelto a rechazar esa hipótesis.
El problema, por tanto, no reside únicamente en que la Casa Blanca quiera revisar un calendario de vacunación. Las recomendaciones sanitarias pueden y deben ser revisadas cuando aparecen nuevas evidencias. La cuestión es qué evidencia respalda el cambio y qué consecuencias puede tener modificar una estrategia que ha sido construida durante décadas sobre estudios de seguridad y eficacia.
La nueva política reduce a 11 enfermedades el grupo de patologías frente a las que la Administración considera que todos los niños deberían recibir vacunación rutinaria. Algunas inmunizaciones pasan a quedar recomendadas únicamente para determinados grupos de riesgo o bajo un modelo de decisión compartida entre médicos y familias.
La Casa Blanca presenta el cambio como una forma de ampliar la libertad de elección de los padres y acercar el calendario estadounidense al de otros «países desarrollados». Trump lo ha definido como una victoria para los derechos de los padres y como una política basada, según su Administración, en la “ciencia” y el “sentido común”.
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Pero esa comparación internacional requiere matices. Los calendarios de vacunación de los países desarrollados no son idénticos y responden a diferentes sistemas sanitarios, epidemiológicos y regulatorios. Reducir el número de vacunas recomendadas no equivale automáticamente a tener un calendario más seguro ni más avanzado.
De hecho, una parte de las vacunas que dejan de estar en el grupo universal continúan siendo consideradas necesarias para determinados niños o circunstancias. El cambio es, sobre todo, de recomendación y prioridad, no una declaración de que esas vacunas sean peligrosas.
Ese matiz es importante porque el debate público corre el riesgo de convertirse en una cuestión binaria —vacunas sí o vacunas no— cuando la discusión científica real es mucho más precisa: qué vacuna, para quién, a qué edad, con qué intervalo y frente a qué riesgo epidemiológico.
El autismo vuelve a convertirse en argumento político
Uno de los elementos más llamativos de la orden es la intención de separar la vacuna MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, en tres vacunas independientes. Trump sostiene que las vacunas deberían administrarse en visitas separadas y ha llegado a hablar de cinco visitas médicas diferentes para los niños pequeños. La Casa Blanca defiende que el objetivo es ofrecer a los padres mayor capacidad de decisión sobre el momento y la frecuencia de las vacunaciones.
El problema práctico es evidente: separar las dosis aumenta el número de visitas necesarias para completar la protección. Los especialistas han advertido de que cada visita adicional introduce una posibilidad de retraso, abandono o incumplimiento del calendario. Estudios realizados en Estados Unidos han encontrado, precisamente, que las vacunas combinadas pueden facilitar que los niños completen a tiempo las inmunizaciones recomendadas, según documenta el centro de expertos CIDRAP.
En otras palabras, una medida presentada como una forma de reducir la carga de vacunación puede terminar aumentando el número de desplazamientos al médico y prolongando el periodo durante el cual un niño permanece parcialmente protegido. Y esto adquiere especial relevancia en enfermedades como el sarampión, extremadamente contagioso y capaz de reaparecer rápidamente cuando disminuye la cobertura vacunal.
Es aquí donde la nueva política de Trump entra en un terreno mucho más delicado. El mandatario ha insistido en que décadas atrás los niños recibían menos vacunas y que entonces no existían los actuales niveles de diagnóstico de autismo. A partir de esa comparación, ha sugerido que debe existir «alguna relación entre ambos fenómenos»; sin embargo, ese razonamiento confunde correlación temporal con causalidad.
Que dos fenómenos hayan aumentado o cambiado en una misma época no demuestra que uno provoque el otro. El diagnóstico del autismo ha experimentado transformaciones profundas: han cambiado los criterios clínicos, la identificación de casos, la conciencia social y la capacidad de los sistemas sanitarios y educativos para detectar diferentes manifestaciones del trastorno.
Pero, sobre todo, existe una enorme cantidad de investigación específicamente dedicada a comprobar si las vacunas producen autismo. La conclusión ha sido consistente: no existe evidencia científica que demuestre que las vacunas infantiles causen autismo. La Asociación Estadounidense de Pediatría ha señalado que no han aparecido nuevas pruebas que justifiquen modificar las recomendaciones por este motivo.
El propio senador republicano Bill Cassidy, médico de profesión y presidente del Comité de Salud del Senado, se ha enfrentado públicamente a la Administración en este asunto. Ha calificado la orden de errónea y ha recordado que las vacunas son seguras y no causan autismo.
Kennedy y la transformación de la política sanitaria
El secretario de Salud llegó al Gobierno después de años de defender posiciones profundamente escépticas respecto a las vacunas. Durante la Administración Trump ha impulsado cambios en los organismos encargados de establecer las recomendaciones de inmunización y ha provocado una ruptura con algunos procedimientos tradicionales de la política sanitaria estadounidense.
La Administración ya había reorganizado las recomendaciones infantiles, clasificando las vacunas en diferentes categorías: aquellas aconsejadas para todos los niños, las destinadas a grupos de riesgo y las sometidas a una decisión compartida entre médicos y padres. Documentos oficiales publicados a comienzos de 2026 ya reflejaban esa transformación.
La orden de Trump eleva ahora esa estrategia al terreno político presidencial, lo que plantea una cuestión institucional de fondo sobre quién debe determinar el calendario de vacunación de un país. Aunque Trump puede recomendar, los estados conservan sus competencias, ya que Estados Unidos no funciona en esta materia como un sistema sanitario completamente centralizado.
El Gobierno federal puede establecer recomendaciones a través de sus organismos sanitarios, pero los Estados mantienen competencias fundamentales, entre ellas buena parte de las normas de vacunación exigidas para la escolarización. La orden presidencial insta a los Estados a revisar sus políticas para adaptarlas al nuevo enfoque de la Administración, pero eso no significa que Trump pueda modificar por decreto todas las leyes estatales sobre vacunación.
La disputa, por tanto, no termina en la Casa Blanca. Puede trasladarse a los tribunales, a los legislativos estatales, a las escuelas y a las consultas pediátricas. Los médicos que han criticado la orden no sostienen que todas las recomendaciones de vacunación sean intocables. Su argumento es diferente: cualquier modificación importante debe partir de nueva evidencia que demuestre que el cambio mejora la protección de los niños.
Estados Unidos actualmente afronta un contexto de creciente preocupación por los brotes de sarampión y por el descenso de las tasas de vacunación infantil. La vuelta de los niños a las aulas convierte cualquier reducción de la cobertura en un asunto con consecuencias epidemiológicas inmediatas.
El sarampión no necesita una gran brecha para volver a circular. Cuando disminuye suficientemente la inmunidad colectiva, el virus encuentra rápidamente población susceptible.
Por eso los especialistas insisten en que el calendario de vacunación no es solamente una cuestión individual. Tiene también una dimensión colectiva: la protección de quienes todavía no pueden ser vacunados, de determinadas personas inmunodeprimidas y de comunidades enteras frente a enfermedades altamente contagiosas. @mundiario
