Quebec ha entrado oficialmente en campaña electoral con una paradoja política difícil de ignorar: el principal rival señalado por la formación que gobierna la provincia no es otro partido canadiense, sino el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Christine Fréchette, nueva líder de la Coalition Avenir Québec (CAQ), fue explícita al arrancar este jueves la carrera hacia las urnas del 5 de octubre: «Mi oponente se llama Donald Trump», afirmó. «Él es el verdadero adversario».
La frase resume hasta qué punto la guerra comercial entre Washington y Ottawa ha alterado el tablero político de Quebec. La provincia, de mayoría francófona y con una identidad política propia dentro de Canadá, afronta una campaña en la que el coste de la vida, la sanidad, la vivienda y el desgaste de ocho años de gobierno de la CAQ compiten con una cuestión exterior que tiene consecuencias directamente domésticas: cómo proteger la economía quebequesa frente a Estados Unidos.
Y en ese escenario emerge con fuerza el Parti Québécois (PQ), formación soberanista que encabeza las encuestas y aspira a regresar al poder después de más de una década. Un sondeo de Léger situaba al PQ en el 30%, frente al 23% de la CAQ y el 23% del Partido Liberal de Quebec; otro estudio de Pallas Data colocaba a los soberanistas en el 31%, por delante de los liberales y de la CAQ.
La estrategia de Fréchette tiene una lógica evidente. Las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas. Washington ha impuesto aranceles del 50% sobre determinados productos canadienses y Ottawa prepara medidas de represalia equivalentes para septiembre. La disputa afecta a sectores industriales y manufactureros especialmente relevantes para Quebec.
La primera ministra quebequesa intenta, por tanto, transformar una debilidad electoral —el desgaste acumulado de ocho años de gobierno— en una cuestión de gestión de crisis. Su argumento es que Quebec necesita estabilidad para afrontar una relación comercial que, en sus palabras, ya no volverá a funcionar como antes.
La operación política no es sencilla. La CAQ llega a las elecciones después de dos mandatos y con una nueva dirigente que intenta diferenciarse de François Legault, quien abandonó el liderazgo del partido tras el deterioro de sus resultados en los sondeos. Fréchette insiste en presentar su candidatura como una combinación de experiencia y renovación, pero el electorado deberá valorar también el balance de los años anteriores.
Aunque la Casa Blanca ha lanzado operaciones de inteligencia y contrainformación para impulsar el separatismo, ahí reside una de las claves de la campaña: Trump puede dominar el debate sin ser candidato, pero no puede dominar por sí solo los problemas internos de Quebec.
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El separatismo vuelve al centro del escenario
El Parti Québécois ha encontrado una posición particularmente favorable. Paul St-Pierre Plamondon dirige una formación que lleva tiempo por delante en las encuestas y que ha ganado cuatro elecciones parciales consecutivas, según los datos difundidos al inicio de la campaña.
Su propuesta vuelve a colocar la soberanía en el centro de la política provincial. El PQ mantiene el compromiso de celebrar un referéndum sobre la independencia si consigue formar Gobierno, aunque Plamondon ha introducido una condición políticamente significativa: no convocaría esa consulta mientras Trump permanezca en la Casa Blanca.
La decisión revela una contradicción interesante. El presidente estadounidense, con sus amenazas comerciales y sus comentarios sobre convertir Canadá en el estado número 51, ha alimentado el sentimiento nacional canadiense. Pero, al mismo tiempo, ha dado nuevos argumentos a quienes sostienen que Quebec debe controlar directamente sus propias decisiones económicas y políticas.
Plamondon intenta evitar precisamente que Trump monopolice ese debate. «No permitamos que los aranceles de la administración de Donald Trump nos arrebaten este importante debate; no dejemos que nos secuestre las elecciones», afirmó al comenzar la campaña.
El problema para el soberanismo es que la crisis con Estados Unidos también puede producir el efecto contrario al esperado. Cuando un vecino poderoso plantea aranceles, cuestiona la relación bilateral y llega a hablar de una eventual incorporación de Canadá como el estado número 51, la pertenencia a un país de 41 millones de habitantes puede adquirir un valor económico y estratégico mayor.
Ese es precisamente el argumento de Charles Milliard, líder del Partido Liberal de Quebec: «En el contexto de una guerra comercial internacional, somos más fuertes si sumamos 41 millones de personas». Quebec dispone de amplias competencias propias, entre ellas un sistema fiscal diferenciado y políticas específicas en materia de inmigración y protección del francés. Sin embargo, sigue formando parte de Canadá, cuya capacidad negociadora frente a Estados Unidos procede en buena medida de la dimensión de su mercado nacional y de su peso dentro de América del Norte.
La guerra comercial convierte así la cuestión de la independencia en un problema mucho más concreto que el debate identitario tradicional: ¿qué estructura política ofrece mayor capacidad para proteger empleos, exportaciones e inversiones cuando el principal socio comercial utiliza los aranceles como instrumento de presión?
Una economía atrapada entre Washington y Ottawa
Quebec no puede aislarse de la economía estadounidense. La industria automovilística, los metales, la manufactura y otros sectores exportadores están expuestos a las decisiones de Washington. El reciente fracaso de las negociaciones comerciales ha aumentado todavía más la incertidumbre. Canadá prepara aranceles de represalia sobre productos estadounidenses por un volumen equivalente al afectado por las nuevas medidas de Washington.
Además, la disputa ha alcanzado una dimensión especialmente sensible para Quebec: la protección del francés y de los contenidos culturales canadienses. Ottawa ha rechazado cualquier acuerdo que considere que debilita las garantías lingüísticas, mientras Washington ha cuestionado algunas medidas canadienses.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, suspendió formalmente las negociaciones bilaterales tras rechazar las exigencias del gobierno de Donald Trump. Ottawa calificó las demandas de Washington como un «ataque inadmisible a los derechos lingüísticos», mientras que la Casa Blanca tachó las regulaciones franco-canadienses (que implican usar dos idiomas en las etiquetas de los productos) de simples «barreras comerciales discriminatorias».
Para los soberanistas, la defensa de la lengua francesa constituye uno de los argumentos históricos para reclamar mayores competencias. Para los partidos federalistas, precisamente esa capacidad de negociación dentro de Canadá permite defender la especificidad quebequesa frente a Estados Unidos.
El principal punto de fricción es la Ley 109 de Quebec, aprobada para obligar a gigantes del streaming estadounidense como Netflix, Spotify y Apple a financiar, priorizar y visibilizar contenidos culturales en francés. El Representante Comercial de EE UU, Jamieson Greer, incluyó formalmente esta ley en su lista negra de barreras comerciales, tildándola de un «impuesto discriminatorio».
Del mismo modo, las quejas de Washington también apuntan a la estricta Ley de la Lengua Oficial de Quebec, que prohíbe comercializar electrodomésticos o productos cuyos manuales de instrucciones, etiquetas y letreros comerciales no estén completamente traducidos al francés. Por su parte, el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, ratificó que la exención cultural incorporada en el tratado comercial (T-MEC) representa una «línea roja innegociable». Para Canadá, el bilingüismo es un derecho constitucional fundamental, no un factor «irritante» negociable en una mesa arancelaria.
El gran interrogante es si el PQ podrá convertir su ventaja demoscópica en una mayoría parlamentaria. Las encuestas reflejan intención de voto, no escaños definitivos, y la fragmentación entre PQ, liberales, CAQ, conservadores y Québec solidaire puede alterar considerablemente el resultado.
Además, los datos disponibles muestran una realidad que obliga a matizar el regreso del soberanismo: aunque el PQ lidere las preferencias electorales, las encuestas citadas no significan que exista automáticamente una mayoría social favorable a la independencia. Los dos referendos anteriores, celebrados en 1980 y 1995, terminaron con el rechazo a la separación de Canadá, y el debate actual está condicionado por circunstancias muy diferentes.
La elección del 5 de octubre será, por tanto, mucho más que una votación sobre la independencia. Será también un plebiscito sobre ocho años de gobierno de la CAQ, sobre la capacidad de gestionar una economía sometida a presión externa y sobre el lugar que debe ocupar Quebec dentro de Canadá. @mundiario
