La frontera de Ceuta vuelve a concentrar la atención de Marruecos y España. Esta vez no porque una nueva avalancha haya comenzado, sino porque ambos países intentan impedir que ocurra. En vísperas de las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre, Rabat ha desplegado un dispositivo extraordinario en Fnideq —Castillejos—, mientras Madrid reconoce que existen convocatorias difundidas en redes sociales para intentar repetir el cruce masivo de finales de julio. El Gobierno español ha activado mecanismos preventivos y mantiene contactos con las autoridades marroquíes.
El despliegue marroquí descrito en la frontera incluye camiones con cañones de agua, decenas de vehículos policiales, tanquetas, barreras junto al litoral y centenares de agentes. Fuentes locales citadas por El País sitúan en unos 3.000 los efectivos desplegados en el área de Fnideq, incluidos miembros de unidades militares. Marruecos realizó además un ejercicio preventivo en Bab Sebta con participación de distintos cuerpos de seguridad.
La imagen tiene una explicación inmediata: el 30 y 31 de julio se produjo una entrada sin precedentes en Ceuta. Las estimaciones sobre el número de personas que cruzaron varían según las administraciones y el momento del recuento, pero el Parlamento Europeo habla de unas 80.000 y de al menos 72 fallecidos. La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, aunque miles permanecen todavía en la ciudad.
El calendario explica buena parte de la preocupación actual. La hipótesis que manejan las autoridades españolas es que una jornada electoral puede ofrecer una oportunidad a quienes pretendan organizar una nueva entrada masiva, al concentrarse buena parte de los recursos de seguridad marroquíes en la protección de los colegios y del proceso electoral.
Conviene distinguir la alerta preventiva del hecho consumado. Ante la nueva convocatoria masiva difundida en redes sociales para cruzar la frontera de Ceuta este miércoles 23 de septiembre, el Ministerio del Interior mantiene reforzados los puntos críticos del perímetro, mientras Fernando Grande-Marlaska viaja a la ciudad autónoma. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó la activación de mecanismos preventivos y un contacto diario con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para contrarrestar las campañas de desinformación y evitar que se repita la crisis del pasado 30 de julio, cuando se registró la entrada irregular de miles de personas.
La Embajada española en Rabat ha difundido mensajes destinados a contrarrestar lo que considera desinformación sobre las consecuencias de entrar irregularmente en Ceuta o Melilla. Exteriores recuerda que ese acceso no concede derecho a permanecer en España, desplazarse a la Península ni circular libremente por la Unión Europea. También ha insistido en que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre determinados procedimientos de retorno no modifica por sí misma la Ley de Extranjería ni abre una vía automática de entrada.
El problema es que esta campaña informativa tiene también una lectura política en Marruecos. Algunos medios han interpretado las advertencias españolas como una posible interferencia en el contexto electoral. Esa interpretación no equivale a demostrar que exista una intervención española en las elecciones, pero revela hasta qué punto Ceuta se ha convertido en un asunto sensible dentro de la relación bilateral.
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La crisis de Ceuta también habla de Marruecos
La dimensión fronteriza no puede separarse de la realidad social que aparece detrás de quienes intentaron cruzar. La elección marroquí llega después de protestas juveniles, malestar por el empleo, demandas sobre educación y sanidad y una creciente percepción entre parte de los jóvenes de que el crecimiento económico no se traduce necesariamente en oportunidades individuales.
Reuters señalaba antes de los comicios que el desempleo juvenil constituye uno de los principales problemas para los partidos que intentan movilizar a una generación políticamente escéptica. Solo alrededor del 3% de los jóvenes de 18 a 24 años figura entre los electores registrados, según los datos citados por la agencia. Associated Press sitúa el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años en torno al 37% y describe una participación electoral juvenil muy reducida. Las cifras difieren según metodología y población utilizada, pero ambas fuentes coinciden en señalar una fuerte desconexión entre juventud y política institucional.
Ahí aparece una de las claves de la crisis de Ceuta. El cruce masivo no puede explicarse únicamente mediante la vigilancia fronteriza, las redes sociales o las actuaciones de las mafias. Esos elementos pueden facilitar o acelerar una movilización, pero existe también un contexto social que ayuda a explicar por qué determinados mensajes encuentran receptores dispuestos a asumir riesgos extraordinarios.
Ante el profundo desencanto de una juventud golpeada por un desempleo que ronda el 34% entre los menores de 30 años, los partidos de la coalición gubernamental marroquí buscan frenar la abstención con promesas de alto impacto. En el marco de la campaña para las elecciones legislativas, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI) y el Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM) han colocado la inserción laboral juvenil en el centro de sus agendas. Ambas formaciones coinciden en la ambiciosa meta de crear un millón de puestos de trabajo, una propuesta con la que el PAM, en particular, aspira a liderar el próximo Ejecutivo mediante un plan que incluye 500.000 contratos de primera experiencia profesional.
El contraste resulta evidente: mientras los partidos intentan convencer a los jóvenes de que permanezcan y participen en el sistema, la frontera de Ceuta muestra el comportamiento contrario de una parte de esa misma generación. La migración se convierte así en un indicador indirecto de confianza social.
Por qué España teme otro 23-S
En Fnideq, además, la crisis no es una abstracción electoral. Hay familias cuyos hijos cruzaron a Ceuta durante la avalancha de julio y que ahora permanecen allí, escondidos o dentro de los dispositivos de acogida, mientras sus familiares esperan una solución.
La situación es especialmente visible entre los menores. El País informa de que más de un millar continúan en las calles de Ceuta, atrapados en un proceso de identificación y protección que se desarrolla en medio de la confrontación política entre las distintas administraciones.
Al mismo tiempo, España continúa gestionando a miles de personas que permanecen en la ciudad. El Parlamento Europeo considera la crisis de julio un desafío excepcional para la gestión de fronteras de la Unión Europea y subraya el impacto de la desinformación en la movilización.
La dimensión política española tampoco ha desaparecido. La crisis ha alimentado protestas en Ceuta y una disputa entre el Gobierno central y las autoridades locales sobre alojamiento, menores, retornos y recursos. El caso ha llegado además a la Audiencia Nacional, que investiga cómo se organizó y coordinó la entrada masiva, incluidas posibles convocatorias digitales y la eventual existencia de avisos previos.
El temor español no consiste necesariamente en que vaya a repetirse la magnitud de julio. Consiste en que un nuevo intento, incluso mucho menor, podría producir un efecto desproporcionado después de una crisis que todavía no está cerrada. Ceuta mantiene una presión migratoria excepcional, con miles de personas todavía en centros o asentamientos informales. Y la ciudad sigue teniendo una capacidad limitada para absorber repentinamente otra llegada de grandes dimensiones.
Por eso Madrid está recurriendo a una combinación de vigilancia, refuerzo policial, cooperación con Rabat y comunicación pública. Albares ha señalado que existe coordinación con Marruecos y que se trabaja para disponer de un dispositivo disuasorio ante cualquier intento de avalancha.
Rabat, por su parte, ha elegido mostrar músculo precisamente cuando más interesa demostrar control del territorio fronterizo. El despliegue de Fnideq tiene una función migratoria evidente, pero también una dimensión institucional: impedir que una crisis similar a la de julio interfiera en una jornada electoral que pretende colocar sobre la mesa empleo, desarrollo, infraestructuras y futuro para una población joven que sigue mirando hacia Europa. @mundiario
