Noruega desafía a la UE y mantiene su apuesta por el petróleo y el gas del Ártico

Noruega ha decidido no esperar a que Bruselas resuelva sus contradicciones. El Gobierno de Oslo seguirá impulsando la exploración de petróleo y gas en el mar de Barents aunque la Unión Europea mantenga su oposición a nuevas perforaciones en el Ártico. El mensaje del ministro de Energía, Terje Aasland, es inequívoco: Noruega considera que la explotación de sus recursos es una cuestión de soberanía y que, en el contexto actual, también responde a una necesidad de seguridad energética europea.

La disputa tiene una particularidad importante: la UE no puede prohibir directamente a Noruega perforar en aguas bajo jurisdicción noruega. El país escandinavo no pertenece a la Unión, aunque sí forma parte del Espacio Económico Europeo y está profundamente integrado en el mercado comunitario. Por tanto, el enfrentamiento no es exactamente entre un Gobierno noruego que incumple una prohibición europea y Bruselas, sino entre dos estrategias energéticas que empiezan a separarse.

Noruega ocupa una posición singular dentro del mercado energético europeo. Desde la invasión rusa de Ucrania a gran escala en 2022, se ha convertido en el principal proveedor de gas de Europa, sustituyendo buena parte del suministro ruso perdido. Según el último cálculo de Reuters, Noruega proporciona aproximadamente el 30% de la demanda conjunta de gas de la UE y Reino Unido.

Al mismo tiempo, la producción noruega se encuentra cerca de máximos históricos. El problema aparece mirando hacia la próxima década: los yacimientos maduros comenzarán a declinar y, sin nuevos descubrimientos y proyectos, la producción podría reducirse considerablemente después de 2030.

Para Oslo, no se trata simplemente de abrir nuevos pozos. Se trata de intentar evitar que la posición de Noruega como gran suministrador energético europeo se deteriore demasiado rápidamente. El objetivo anunciado por Aasland es mantener la producción y las exportaciones de petróleo y gas aproximadamente en los niveles actuales al menos hasta 2035.

El razonamiento noruego tiene una lógica económica evidente: si los nuevos proyectos tardan años en desarrollarse, las decisiones de exploración deben tomarse antes de que la caída productiva sea evidente. Esperar a que la producción disminuya para empezar a buscar sustitutos significaría, desde la perspectiva de Oslo, llegar demasiado tarde.

¿Qué quiere la Unión Europea?

La política climática europea pretende reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles. La política ártica de 2021 planteó que la UE trabajaría con sus socios para promover una obligación internacional que evitase nuevos desarrollos de hidrocarburos en el Ártico.

Sin embargo, esta postura de neutralidad y enfoque estrictamente ambiental está siendo profundamente reformulada. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en coordinación con la Comisión Europea, ha abierto formalmente el proceso para actualizar la Política Ártica de la Unión Europea. Bruselas reconoce que el tablero geoeconómico ha dado un vuelco radical respecto a la Comunicación Conjunta de 2021: el deshielo acelerado por el cambio climático ya no es solo una crisis ecológica, sino que ha habilitado la apertura comercial de la Ruta Marítima del Norte, desatando una agresiva competencia internacional.

La revisión estratégica prioriza la seguridad económica ante el control de materias primas críticas clave para la transición tecnológica —como las tierras raras del yacimiento de Kiruna en Suecia o los recursos de Groenlandia—, pero el verdadero detonante de este cambio de rumbo es de índole militar. Tras la consolidación de la OTAN en la región (con la reciente integración de Finlandia y Suecia) y el aumento del despliegue nuclear y de submarinos por parte de Rusia y China, la nueva directiva europea redefine los objetivos del bloque.

El marco de actuación ya no se limitará a la investigación científica y al desarrollo sostenible, sino que incorporará por primera vez pilares explícitos de seguridad, defensa transfronteriza y conectividad resiliente. La Comisión dejó claro a comienzos de año que no quería anticipar si mantendría o modificaría su posición sobre la moratoria de nuevas explotaciones de petróleo y gas.

Por eso el choque con Noruega llega en un momento particularmente delicado: Bruselas todavía no ha decidido cómo equilibrar seguridad energética y objetivos climáticos.

Sin embargo, Oslo tiene un argumento que Europa no puede ignorar: La guerra de Ucrania ha reducido drásticamente el papel del gas ruso en Europa. Las tensiones en Oriente Próximo y las alteraciones de las rutas energéticas internacionales han añadido otra fuente de incertidumbre. Para los Gobiernos europeos, disponer de un proveedor estable, cercano y políticamente alineado resulta mucho más atractivo que depender de mercados sometidos a grandes riesgos geopolíticos.

Aasland sostiene que mantener la actividad en el mar de Barents favorece tanto los intereses noruegos como los europeos. El consejero delegado de Equinor, Anders Opedal, ha ido incluso más lejos y afirmó que, si Europa decide no comprar esos hidrocarburos, Noruega puede venderlos en otros mercados. El petróleo puede dirigirse al mercado mundial y el gas puede convertirse en GNL para transportarlo por vía marítima.

Es decir, Bruselas tiene capacidad para influir sobre la demanda europea, pero no necesariamente para impedir que el recurso sea explotado y vendido en otro lugar.

La otra cara de la moneda: el problema del tiempo

Los proyectos petroleros y gasistas del Ártico requieren enormes inversiones, infraestructuras complejas y muchos años antes de comenzar a producir. Por tanto, una decisión tomada en 2026 puede tener consecuencias sobre un mercado energético europeo muy diferente al de 2035.

Este es el argumento central que sostiene la batalla legal de las organizaciones ecologistas. Paal Frisvold, asesor de políticas de Greenpeace, ha advertido de que los nuevos yacimientos en el mar de Barents corren el riesgo de comenzar a operar justo cuando la demanda de gas de la Unión Europea caiga drásticamente, transformando las millonarias plataformas árticas en activos varados (stranded assets) carentes de rentabilidad. Paralelamente, el conflicto ha llegado al Tribunal Supremo de Noruega, donde Greenpeace y Natur og Ungdom exigen anular los permisos de los campos Breidablikk, Tyrving e Yggdrasil por omitir el impacto climático de sus emisiones globales.

Frente a esto, el ministro de Energía noruego ha defendido firmemente el derecho soberano del país a perforar el Ártico, independientemente de la moratoria ambiental que promueve Bruselas. Aasland argumenta que, dado que el país ya cubre el 30% de la demanda de gas de la UE y el Reino Unido, paralizar la exploración provocaría un colapso en la producción petrolera después de 2030, amenazando directamente la seguridad energética europea frente a las tensiones geopolíticas internacionales.

Las petroleras, lideradas por el director ejecutivo de Equinor, Anders Opedal, respaldan esta postura asegurando que el gas extraído se puede exportar globalmente como gas natural licuado (GNL) desde la planta de Melkøya si Europa decide rechazarlo. No se trata de una contradicción económica sencilla, sino de un dilema estratégico: Noruega busca evitar su declive como potencia energética mientras sus detractores advierten de un costoso anacronismo fósil en plena transición verde.

Durante años, Noruega ha cultivado una imagen paradójica: uno de los países más electrificados y con mayor penetración del vehículo eléctrico del mundo es también uno de los grandes exportadores mundiales de petróleo y gas.

Aasland ha cuestionado incluso otra de las etiquetas asociadas a su país: la de “batería verde” de Europa. Noruega dispone de enormes recursos hidroeléctricos y exporta electricidad al continente, pero el Gobierno considera que la integración eléctrica también ha expuesto al país a las fluctuaciones de precios del mercado europeo.

El Ártico se ha convertido en un espacio de competencia estratégica entre grandes potencias. La reducción del hielo facilita progresivamente determinadas actividades económicas y marítimas, mientras Rusia mantiene una enorme presencia militar y energética en la región.

Noruega comparte además una frontera terrestre con Rusia. En este contexto, Oslo interpreta sus recursos energéticos también como una cuestión de seguridad nacional y regional. El petróleo y el gas noruegos no son únicamente una fuente de ingresos: forman parte de la posición estratégica del país frente a un continente que busca reducir su dependencia de proveedores considerados políticamente inseguros.

La Agencia Internacional de la Energía también ha pedido a la UE que reconsidere su oposición a nuevos proyectos árticos, argumentando que podrían contribuir a la seguridad energética futura. Los críticos responden que su impacto sobre la escasez europea inmediata sería limitado precisamente por los largos plazos de desarrollo. @mundiario