Perú vuelve a entrar en terreno conocido: una elección presidencial profundamente polarizada, dominada por el rechazo mutuo entre candidatos, cuestionamientos institucionales y una ciudadanía cada vez más desconfiada del sistema político.
Tras 30 días de conteo electoral y múltiples controversias, el izquierdista Roberto Sánchez logró asegurar su pase a la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, donde se enfrentará a Keiko Fujimori, heredera política del fujimorismo y figura central de la derecha peruana durante las últimas dos décadas.
La diferencia final fue mínima. Sánchez consiguió apenas unas décimas porcentuales más que el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien denunció fraude sin presentar pruebas concluyentes y amenazó con desconocer los resultados. El prolongado escrutinio terminó alimentando aún más el clima de incertidumbre política que atraviesa Perú desde hace años.
Pero la clasificación de Sánchez no sólo tiene implicaciones electorales. También ocurre en medio de una compleja situación judicial: la Fiscalía peruana ha solicitado cinco años y cuatro meses de prisión en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con los fondos de campaña de su partido, Juntos por el Perú.
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Roberto Sánchez y la herencia política de Pedro Castillo
La figura de Roberto Sánchez aparece estrechamente vinculada al expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado tras el fallido autogolpe en 2022. Aunque Sánchez intenta proyectar una imagen más moderada y técnica, gran parte de su respaldo electoral proviene precisamente de los sectores populares y radicales que anteriormente apoyaron a Castillo.
El candidato izquierdista logró imponerse especialmente en regiones andinas, amazónicas y en Cajamarca, territorio simbólico del castillismo. Allí persiste una fuerte sensación de abandono histórico frente a las élites políticas y económicas concentradas en Lima.
Su discurso combina propuestas de mayor intervención estatal, revisión de contratos mineros y reformas económicas orientadas a redistribuir ingresos provenientes de sectores estratégicos como el cobre y el gas.
Precisamente estas propuestas han despertado preocupación entre empresarios e inversionistas, que recuerdan el fuerte impacto financiero provocado por la llegada de Castillo al poder en 2021. Durante las últimas semanas, el sol peruano volvió a mostrar señales de debilidad frente al dólar, mientras los mercados reaccionaban ante la posibilidad de un nuevo gobierno de izquierda.
Varios analistas financieros consideran que el país enfrenta nuevamente un escenario de alta incertidumbre política y económica, especialmente debido a la fragilidad institucional y a la dificultad para construir consensos estables en el Congreso.
La acusación fiscal que amenaza la candidatura de Sánchez
El principal factor de presión sobre Sánchez no proviene únicamente del terreno político, sino también del judicial. La Fiscalía de Perú solicita una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por presuntos delitos relacionados con falseamiento de información y declaraciones falsas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según la acusación, más de 280.000 soles (algo más de unos 69.000 euros) en aportes partidarios no habrían sido correctamente declarados entre 2018 y 2020. Parte de esos fondos, según el Ministerio Público, terminó en cuentas vinculadas al hermano del candidato, William Sánchez.
La Fiscalía sostiene además que Sánchez firmó reportes financieros presuntamente falsos para ocultar el verdadero origen y destino del dinero. Por ello, además de la pena de prisión, también se solicita su inhabilitación para ejercer funciones partidarias.
La defensa del candidato rechaza categóricamente las acusaciones y sostiene que los fondos fueron utilizados para actividades de campaña política. Sus abogados afirman además que varias partes de la investigación ya fueron archivadas anteriormente por falta de pruebas o por cuestiones procesales.
Sánchez insiste en que se trata de una persecución política y recalca que todavía no existe juicio oral ni sentencia firme en su contra.
Qué podría ocurrir si Sánchez gana la presidencia
Uno de los aspectos más delicados del caso es el impacto constitucional que podría tener una eventual victoria de Sánchez mientras la investigación judicial continúa abierta.
El fiscal general peruano, Tomás Gálvez, recordó que el candidato mantiene plenamente la presunción de inocencia mientras no exista condena firme. No obstante, también reconoció que una eventual sentencia de inhabilitación podría generar problemas legales relacionados con su participación electoral o incluso con una futura toma de posesión.
Aun así, la legislación peruana establece ciertos mecanismos de protección institucional para presidentes en funciones. Si Sánchez llegara al poder, gran parte de los procedimientos judiciales podrían quedar suspendidos hasta la finalización de su mandato presidencial.
El problema de fondo es que Perú arrastra desde hace años una fuerte crisis de legitimidad institucional. La mayoría de los expresidentes recientes del país enfrentaron investigaciones, condenas o procesos judiciales por corrupción y abuso de poder. Esa situación ha deteriorado profundamente la confianza ciudadana en la política y en las instituciones democráticas. @mundiario
