La situación judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores se ha complicado con una nueva acusación presentada ante un tribunal federal de Nueva York. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos participaron en una estructura destinada a perseguir a opositores y utilizar la violencia contra personas detenidas.
El nuevo cargo se suma a las acusaciones anteriores relacionadas con narcotráfico, narcoterrorismo y armas. De esta manera, el proceso deja de estar centrado únicamente en presuntas actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas y pasa a incorporar directamente hechos relacionados con la represión política y las torturas.
La diferencia es importante desde el punto de vista judicial. La nueva acusación pretende establecer una conexión entre determinadas actuaciones de los cuerpos de seguridad venezolanos y la estructura de poder que, según los fiscales, permitió mantener el control político durante años.
El documento sostiene que miles de venezolanos fueron perseguidos, detenidos, agredidos o torturados y que entre las víctimas también hubo ciudadanos estadounidenses. Las acusaciones, no obstante, tendrán que ser demostradas durante el proceso y Maduro y Flores mantienen su posición de inocencia.
La Fiscalía pone el foco en las estructuras de seguridad
Uno de los elementos centrales del nuevo expediente es el supuesto uso coordinado de organismos militares y de inteligencia. Entre ellos aparece la DGCIM, la agencia de contrainteligencia militar venezolana, señalada en distintos episodios descritos por los fiscales.
La acusación menciona métodos de tortura que incluyen golpes, descargas eléctricas, asfixia, aislamiento, privación de alimentos y amenazas contra familiares de los detenidos. También incorpora testimonios de antiguos funcionarios venezolanos que, según la Fiscalía, tuvieron conocimiento directo de estas prácticas.
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El caso adquiere una dimensión todavía mayor porque uno de los antiguos responsables de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcotráfico y ha ofrecido colaborar con las autoridades. Su posible testimonio puede convertirse en una pieza relevante para los fiscales a la hora de intentar establecer responsabilidades dentro de la cadena de mando.
La cuestión de fondo será determinar hasta qué punto las decisiones atribuidas a funcionarios concretos pueden vincularse directamente con Maduro y Flores. Esa conexión será uno de los principales terrenos de disputa entre la acusación y la defensa.
Inmunidad, salud y una batalla judicial cada vez mayor
La defensa también intenta frenar el proceso desde otro frente. Maduro y Flores sostienen que deberían recibir protección derivada de su condición de antiguos dirigentes estatales, una cuestión que todavía debe resolver el tribunal. Una audiencia sobre esta cuestión está prevista para noviembre.
Mientras tanto, el juez ha rechazado la petición de arresto domiciliario formulada por Flores por motivos de salud. Sus abogados habían argumentado que sufría diversos problemas físicos y habían planteado que pudiera continuar el proceso desde una residencia privada bajo vigilancia.
La Fiscalía se opuso al considerar que existía riesgo de fuga y cuestionó además que Flores hubiese aceptado determinados procedimientos médicos necesarios para evaluar su estado. El juez finalmente mantuvo su situación de detención.
El juicio está previsto para junio de 2027. Hasta entonces, la nueva acusación puede cambiar considerablemente el alcance del proceso: ya no se trata únicamente de determinar si existieron operaciones de narcotráfico, sino también de establecer si hubo una estructura organizada de represión y tortura vinculada al poder político venezolano. @mundiario
