El proceso electoral en Perú ha entrado en una fase de máxima incertidumbre tras un giro inesperado en el recuento de votos. El izquierdista Roberto Sánchez, aliado del expresidente Pedro Castillo, ha desplazado en el tramo final del escrutinio al ultraderechista Rafael López Aliaga y se posiciona como rival de Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta.
El resultado, aún no definitivo, ha desencadenado una crisis política que combina impugnaciones, acusaciones de fraude y amenazas de movilización.
La clave del vuelco está en la geografía del voto. Durante las primeras horas del conteo, dominadas por las mesas urbanas, López Aliaga consolidó una ventaja significativa, especialmente en Lima. Sin embargo, a medida que avanzó el escrutinio y comenzaron a contabilizarse los votos de las zonas rurales y andinas, el panorama cambió.
Sánchez, que había centrado su campaña en esos territorios con un discurso vinculado al legado de Castillo, logró revertir una desventaja de cientos de miles de votos hasta superar por un margen mínimo a su rival.
Este patrón no es nuevo en la política peruana, pero vuelve a evidenciar una fractura estructural entre el país urbano y el rural. El llamado “Perú profundo” ha inclinado la balanza en repetidas elecciones recientes, actuando como un contrapeso frente a las élites políticas y económicas concentradas en la capital. En esta ocasión, ese voto ha vuelto a emerger como un actor decisivo, alterando las expectativas iniciales y redefiniendo la contienda.
Las elecciones del 12 de abril de 2026 han sido calificadas como controvertidas, debido principalmente a graves fallas logísticas y denuncias tempranas de irregularidades. Por primera vez en la historia reciente, la votación debió extenderse a un segundo día en varios centros de Lima y el extranjero, ya que el material electoral no llegó a tiempo, impidiendo que más de 60.000 ciudadanos votaran en la fecha programada.
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Sin embargo, el propio Sánchez ha defendido la legitimidad de ese respaldo con un mensaje directo a su adversario: “Claro, como se trata del movimiento popular y las zonas altoandinas tiene que ser un fraude. Que muestren las evidencias. Ningún voto vale más que otro, señor López Aliaga”. Su discurso se apoya en una narrativa de reivindicación territorial y social, en la que asegura el voto rural le dio la victoria.
En el lado opuesto, López Aliaga ha reaccionado cuestionando el proceso electoral. Sin aportar pruebas concluyentes, ha denunciado irregularidades y exigido la anulación de los comicios, elevando el tono hasta niveles poco habituales. “Señor Burneo, le damos un plazo tiene 24 horas para declarar la nulidad de esta porquería, de lo contrario convocaré a una insurgencia civil…aquí se define el Perú”, afirmó en un mitin.
La escalada verbal continuó con advertencias aún más contundentes: “prepárese para su propio ‘Plan Morrocoy’… se va a encontrar con un pueblo ardiente y en insurgencia civil”.
Las elecciones están marcadas por problemas logísticos, retrasos en la apertura de centros de votación y dificultades en la distribución del material electoral, especialmente en Lima. Miles de ciudadanos no pudieron votar en el horario previsto, lo que obligó alimentó las sospechas de irregularidades pues ya se habían publicado los primeros sondeos, lo que aseguran los críticos pudo tener efecto en la votación del segundo día.
A ello se suma el elevado número de actas impugnadas y el voto pendiente del extranjero, que podría modificar parcialmente los resultados. Sin embargo, el sistema de conteo por orden de llegada explica buena parte de la volatilidad: primero se contabilizan los votos urbanos y posteriormente los rurales, generando cambios progresivos en la clasificación que, como en este caso, pueden ser decisivos.
El trasfondo político amplifica la tensión. Perú llega a estas elecciones tras una década marcada por la inestabilidad institucional, con alrededor de 8 presidentes y crisis recurrentes. La figura de Castillo, aún presente en el debate público por su traumático autogolpe, sigue polarizando a la sociedad. Sánchez ha capitalizado parte de ese legado e incluso ha prometido su liberación, lo que refuerza la carga simbólica de su ascenso.
Mientras tanto, Fujimori se mantiene en el primer lugar con relativa estabilidad, lo que la sitúa nuevamente en el centro del escenario político peruano. De confirmarse los resultados, sería su cuarta participación en una segunda vuelta, consolidando un patrón de alta competitividad pero también de fuerte rechazo en amplios sectores del electorado.
La reacción de otros candidatos también evidencia la gravedad del momento. El centrista Jorge Nieto ha advertido: “Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe. Y si no las tiene, que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos”. Su intervención introduce un elemento adicional: el riesgo de que la crisis electoral derive en una mayor erosión institucional. @mundiario
