Trump acelera el nombramiento de jueces, pero halla resistencia en el bando republicano

Donald Trump ha convertido el nombramiento de jueces federales en una de las prioridades de su segundo mandato. Con los demócratas preparándose para asumir el control del Senado el 3 de enero de 2027, la Casa Blanca intenta acelerar las confirmaciones pendientes para dejar una huella duradera en el poder judicial estadounidense. Pero la operación, que parecía contar con el respaldo disciplinado de los republicanos, ha encontrado un obstáculo inesperado: la resistencia de algunos senadores de su propio partido.

El enfrentamiento no responde únicamente a diferencias ideológicas sobre los candidatos. También refleja una disputa institucional sobre quién debe decidir qué jueces ocupan las vacantes federales: la Casa Blanca o los senadores que representan a los estados donde se encuentran los tribunales.

Según Reuters, el Senado ha confirmado hasta ahora 57 jueces durante el segundo mandato de Trump, mientras que otros 23 nominados continúan pendientes. El líder de la mayoría republicana, John Thune, ha señalado que las confirmaciones judiciales constituyen una prioridad durante las últimas semanas de control republicano de la Cámara alta. La Casa Blanca, por su parte, ha asegurado que espera que todos los candidatos pendientes sean aprobados antes de finalizar el año.

El interés de Trump por los tribunales tiene una dimensión que trasciende su permanencia en la Casa Blanca. Los jueces federales ocupan cargos vitalicios, salvo circunstancias excepcionales, por lo que sus decisiones pueden influir durante décadas en cuestiones como el aborto, los derechos civiles, la inmigración, las competencias del Ejecutivo y la regulación económica.

Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump nombró a 234 jueces federales, incluidos tres magistrados del Tribunal Supremo. Esos nombramientos contribuyeron a consolidar la actual mayoría conservadora de seis miembros frente a tres en la máxima instancia judicial del país. Según los datos recogidos por Reuters, aproximadamente un tercio de los jueces federales en activo son nombramientos de Trump.

La ofensiva actual busca prolongar esa transformación ideológica. Sin embargo, el calendario juega en contra del presidente: la futura mayoría demócrata podrá bloquear o ralentizar nuevas nominaciones, especialmente si controla el Comité Judicial y la agenda legislativa del Senado. De ahí la importancia de la llamada sesión saliente o del pato cojo, el periodo entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo Congreso.

El sistema de la «blue slip», el arma de los senadores

El principal instrumento de resistencia es una práctica parlamentaria conocida como blue slip. Se trata de un formulario mediante el cual los senadores del estado donde se encuentra una vacante judicial expresan su respaldo al candidato. En las nominaciones a tribunales de distrito, la tradición permite que un senador bloquee en la práctica el avance de un aspirante si retira o niega su apoyo.

No es una disposición constitucional ni una obligación legal inamovible, sino una costumbre del Senado que concede influencia a los representantes estatales. La Casa Blanca puede intentar sortearla, pero hacerlo suele generar conflictos con los legisladores de su propio partido.

El senador saliente Thom Tillis, de Carolina del Norte, ha respaldado a colegas que se oponen a determinados candidatos y ha utilizado su posición en el Comité Judicial para impedir que algunas nominaciones avancen. Su crítica se dirige especialmente al procedimiento de selección. Según explicó, la Administración ha presentado en ocasiones a los senadores un candidato ya decidido y ha esperado que simplemente lo acepten. «Así no es como funciona aquí», declaró Tillis. El senador considera que los representantes estatales merecen ser consultados y que la Casa Blanca no puede tratar al Senado como una oficina encargada de aprobar automáticamente sus decisiones.

Uno de los reveses más visibles para el presidente Donald Trump se produjo en Arkansas. El martes 10 de noviembre, la Casa Blanca retiró oficialmente la candidatura de Lee Rudofsky —juez federal del Distrito Este de Arkansas nominado en agosto de 2026 para ocupar la vacante que deja el juez Bobby E. Shepherd en el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, con sede en San Luis (Misuri)—. La marcha atrás ocurrió después de que los dos senadores republicanos del estado, John Boozman y Tom Cotton, bloquearan su avance en el Senado por no haber sido consultados previamente y por preferir a otro aspirante, una resistencia que llevó al propio Rudofsky a admitir que su confirmación era inviable sin el respaldo de los legisladores de su estado.

En su lugar, Trump nominó ese mismo día a J. Cody Hiland, juez asociado de la Corte Suprema de Arkansas desde 2023 y exfiscal federal, en una carrera contrarreloj para confirmar la plaza antes de que los demócratas asuman el control de la Cámara Alta en enero de 2027.

La oposición de los dos senadores refleja también diferencias sobre el perfil de los candidatos. Boozman prefería a Hiland, quien había rechazado anteriormente una oferta para ocupar un puesto en un tribunal de distrito. Rudofsky, por su parte, había sido cuestionado por una decisión judicial relacionada con la aplicación de una importante ley de derechos electorales.

En Oklahoma, el senador saliente Alan Armstrong retiró su respaldo a Zach West, abogado de la oficina del fiscal general estatal. West había recibido el apoyo de sectores conservadores por su defensa de restricciones al aborto y de la participación de escuelas religiosas en el programa estatal de escuelas concertadas. Tillis ha respaldado la oposición de Armstrong, lo que complica que el candidato consiga los votos necesarios en el Comité Judicial.

La situación podría cambiar cuando Armstrong abandone el Senado el 30 de noviembre y sea sustituido por el republicano Kevin Hern, que podría adoptar una posición diferente. Tillis, sin embargo, ha indicado que mantendrá el bloqueo mientras sus colegas de Oklahoma no respalden la candidatura.

Texas constituye el tercer foco de tensión. El senador John Cornyn no ha comprometido su apoyo a T. Elliot Gaiser, responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia y candidato a un puesto judicial federal en Dallas. Gaiser procede de Ohio y fue seleccionado sin el proceso habitual de consulta con los senadores texanos. Cornyn considera que esa falta de participación plantea un problema de procedimiento.

Una rebelión que también es una disputa por el poder

La resistencia tiene un componente particular: varios de los senadores que están dificultando las nominaciones se encuentran en sus últimos meses de mandato. Cornyn perdió las primarias republicanas frente a un candidato respaldado por Trump, mientras que Tillis se retira y Armstrong dejará el cargo a finales de noviembre.

La Casa Blanca, mientras tanto, insiste en que los candidatos pendientes deben ser confirmados antes de que termine el año. Pero el conflicto demuestra que la mayoría republicana no actúa como un bloque uniforme. Incluso dentro del partido presidencial existen intereses estatales, rivalidades políticas y diferencias sobre el respeto a las tradiciones parlamentarias.

Trump todavía dispone de algunas semanas para avanzar en su agenda judicial, pero no controla por completo el proceso. Su objetivo es ampliar la presencia conservadora en los tribunales antes de que cambie la mayoría del Senado; el obstáculo inmediato es que algunos republicanos consideran que esa transformación no puede llevarse a cabo ignorando sus atribuciones. La disputa, por tanto, no solo determinará cuántos jueces podrá nombrar el presidente, sino también cuánto poder conserva el Senado frente a la Casa Blanca en una de las decisiones más duraderas de la política estadounidense. @mundiario