Trump desafía al Supremo y reinicia la guerra comercial global tras la anulación de sus aranceles

La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que tumba la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump no ha frenado la ofensiva comercial de la Casa Blanca. El presidente ha respondido con un nuevo gravamen universal del 10 % y ha activado un abanico de instrumentos legales para sostener su estrategia, reabriendo un escenario de incertidumbre en el comercio internacional.

La decisión judicial es histórica por su alcance constitucional y por su impacto económico. El alto tribunal ha determinado que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no otorga al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles generalizados sin aval del Congreso. La sentencia de la Corte Suprema ratifica que la potestad tributaria recae en el Capitolio.

Sin embargo, el golpe jurídico no ha supuesto una retirada estratégica. Trump reaccionó de inmediato anunciando un arancel global del 10 %, invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y recordando que dispone de otras herramientas legales para mantener su política arancelaria.

La anulación de los llamados “aranceles recíprocos” amenaza con desbaratar una de las principales palancas económicas del segundo mandato de Trump. Los gravámenes podían generar hasta 200.000 millones de dólares anuales en ingresos, en un contexto de déficit público superior al 8% del PIB y una abultada deuda que no para de crecer.

Más allá del impacto recaudatorio inmediato, el Gobierno estadounidense podría enfrentarse a reclamaciones multimillonarias si los tribunales obligan a devolver aranceles cobrados bajo un marco declarado ilegal. Pero el republicano ha dejado claro que no interpreta la sentencia como el fin de su agenda comercial, sino como un obstáculo técnico que puede sortear.

Las vías legales para reconstruir el “muro arancelario”

Aunque la IEEPA queda limitada por el fallo, el ordenamiento estadounidense ofrece otros mecanismos:

  • Sección 122 (Ley de Comercio de 1974): permite imponer aranceles de hasta el 15 % durante un máximo de 150 días por problemas de balanza de pagos. Es la vía más rápida, pero temporal y sujeta a supervisión del Congreso.
  • Sección 232 (Ley de Expansión Comercial de 1962): autoriza gravámenes por razones de seguridad nacional. Fue la base de los aranceles al acero y aluminio. No tiene límite porcentual, pero exige investigaciones justificadas del Departamento de Comercio y se aplica por sectores, no de forma generalizada.
  • Sección 301 (Ley de Comercio de 1974): habilita represalias contra prácticas comerciales “injustas”. Fue utilizada contra China en 2018 y permite aranceles sin tope específico, aunque requiere investigaciones formales y está pensada para casos concretos.
  • Sección 338 (Ley Smoot-Hawley de 1930): contempla aranceles de hasta el 50 % frente a discriminación comercial. Nunca se ha aplicado y responde a un contexto histórico muy distinto al actual.

El margen de maniobra existe, pero ninguna de estas normas permite replicar de forma inmediata y masiva el esquema anulado por el Supremo. Además, varias requieren investigaciones técnicas prolongadas o el respaldo legislativo.

Incertidumbre global y reajuste estratégico

La reacción de los mercados ha sido contenida, pero la incertidumbre ha aumentado. Las empresas que ya operaban bajo un marco arancelario elevado vuelven a enfrentarse a un entorno cambiante. Pero para muchas, el daño estructural derivado del desvío de cadenas de suministro, pérdida de clientes, reducción de exportaciones ya está hecho.

En el plano geopolítico, el fallo afecta directamente a la capacidad negociadora de la Casa Blanca. La amenaza arancelaria era el principal instrumento de presión de Trump en sus conversaciones bilaterales. Si esa herramienta queda limitada o sujeta a mayor escrutinio judicial, su poder de negociación podría reducirse.

El caso de China es paradigmático. Con la caída de los aranceles más altos, el nuevo gravamen del 10 % rebaja significativamente la presión inicial. Pekín deberá decidir si ajusta sus propias tarifas en respuesta o mantiene una estrategia de contención.

Un pulso institucional con impacto internacional

La sentencia establece un límite claro al poder presidencial en materia comercial, incluso con un tribunal de mayoría conservadora. El fallo refuerza el papel del Congreso y subraya que la política económica no puede quedar sujeta exclusivamente a decisiones ejecutivas.

No obstante, Trump ha optado por confrontar el revés judicial y mantener su discurso de firmeza. La guerra comercial, lejos de cerrarse, entra en una nueva fase más fragmentada y jurídicamente compleja.

El resultado es un tablero reabierto, más supervisión institucional, más litigios potenciales y una política arancelaria que podría volverse más sectorial y selectiva. Para el comercio global, la palabra clave vuelve a ser incertidumbre. @mundiario