La llegada de una delegación talibán a Bruselas, autorizada por Bélgica mediante visados restringidos y temporales, constituye uno de los movimientos diplomáticos más delicados que ha afrontado la Unión Europea desde que los islamistas retomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021.
Aunque las instituciones comunitarias insisten en que no existe reconocimiento político del régimen y que los contactos se producen exclusivamente a nivel técnico, la decisión revela hasta qué punto la política migratoria europea está empujando a los Veintisiete hacia fórmulas cada vez más pragmáticas.
La iniciativa surge en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas de retorno y por las crecientes dificultades para deportar a ciudadanos afganos que han perdido el derecho a permanecer en territorio comunitario. La ausencia de relaciones diplomáticas normales con Kabul ha convertido las expulsiones en un problema práctico para numerosos gobiernos europeos, especialmente aquellos preocupados por personas condenadas por delitos graves o consideradas amenazas para la seguridad.
Bélgica ha concedido a los representantes talibanes un permiso extraordinario válido únicamente durante un día y exclusivamente para territorio belga, sin autorización para circular por el espacio Schengen. El Gobierno de Bruselas ha querido subrayar el carácter excepcional de la medida y recalcar que tanto la Seguridad del Estado belga como los servicios de inteligencia concluyeron que la delegación no suponía una amenaza para la seguridad nacional.
La reunión prevista en la Comisión Europea responde a una demanda formulada por una veintena de Estados miembros y países asociados a Schengen. Alemania y Bélgica se encuentran entre los impulsores de la iniciativa, junto con Austria, Italia, Países Bajos o Polonia, mientras que España no participó en la petición.
El portavoz comunitario Markus Lammert volvió a insistir en que los contactos son estrictamente técnicos. “Se trata de tener una reunión de nivel técnico con representantes de las autoridades de facto de Afganistán aquí en Bruselas”. Asimismo, recordó que estos contactos son continuación de una primera reunión celebrada en Kabul a comienzos de año.
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La cuestión migratoria impulsa un acercamiento incómodo
El objetivo fundamental consiste en facilitar el retorno de ciudadanos afganos que ya no cuentan con protección legal en Europa. La Comisión Europea sostiene que el foco está puesto especialmente en individuos que hayan cometido delitos graves o que representen riesgos para la seguridad. “Los Estados miembros están buscando formas de devolver a aquellas personas que hayan cometido delitos graves y que puedan suponer una amenaza para la seguridad. Así que esta es la iniciativa a la que la Comisión está haciendo un seguimiento ahora mismo”.
El problema radica en que cualquier mecanismo de repatriación requiere algún tipo de interlocución con las autoridades de facto de Kabul. Esa necesidad práctica está generando un acercamiento indirecto con un régimen que continúa sometido a sanciones y cuyos dirigentes más relevantes siguen vetados por la propia Unión Europea.
La situación se produce además después de que Alemania alcanzara un acuerdo técnico para incrementar las deportaciones de delincuentes convictos hacia Afganistán, con la posibilidad de organizar varios vuelos chárter mensuales.
La decisión europea ha provocado una inmediata reacción de organizaciones internacionales y activistas que consideran que estos contactos pueden traducirse en una legitimación indirecta del Emirato Islámico. Desde Human Rights Watch, la investigadora Fereshta Abbasi advirtió de que “cualquier tipo de relación con los talibanes debe priorizar la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas, en lugar de deportar a personas allí donde corren peligro”.
La preocupación también ha sido compartida por Amnistía Internacional. Eve Geddie, directora de la oficina de instituciones europeas de la organización, recordó: “Las desesperadas escenas de gente —incluido el personal de la UE— huyendo de Afganistán están muy recientes en la memoria. Es inadmisible que la UE intente ahora deportar a personas a Afganistán, un país que no ha hecho más que volverse más peligroso desde entonces”.
Las críticas alcanzaron incluso a Naciones Unidas. El relator especial para Afganistán, Richard Bennett, calificó la iniciativa como “sumamente preocupante” y recordó que las devoluciones forzosas podrían entrar en conflicto con el principio internacional de no devolución, destinado a impedir que personas perseguidas sean enviadas a lugares donde puedan sufrir violaciones de sus derechos fundamentales.
Un Afganistán inmerso en una crisis permanente
Desde su regreso al poder en 2021, los talibanes han endurecido progresivamente las restricciones sobre la población, especialmente sobre las mujeres. Las prohibiciones para acceder a estudios superiores, las limitaciones laborales, las normas de moral islámica y las restricciones a la libertad de movimiento han convertido a Afganistán en uno de los países más cuestionados por organismos internacionales.
Paralelamente, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, más de 17 millones de afganos padecen inseguridad alimentaria, mientras el país afronta además la llegada masiva de retornados procedentes de Irán y Pakistán.
A pesar de ello, la presión migratoria y la evolución política dentro de Europa están modificando las prioridades. El reciente reglamento europeo sobre retornos y el creciente protagonismo de partidos favorables a políticas más restrictivas evidencian una transformación del debate migratorio comunitario.
La visita de una delegación talibán a Bruselas simboliza una contradicción que la Unión Europea lleva años intentando gestionar. Por un lado, mantiene la negativa a reconocer oficialmente al régimen afgano y continúa denunciando las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. Por otro, la necesidad de gestionar las expulsiones y los desafíos migratorios obliga a mantener canales de comunicación con quienes ejercen el poder real en Kabul.
Incluso el ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, reconoció que desaprueba personalmente la invitación, aunque su Gobierno terminó autorizando la entrada de la delegación en calidad de país anfitrión de las instituciones europeas. @mundiario
