El futuro de Google, Facebook y Twitter se decide en el Tribunal Supremo de EE.UU.

El futuro de las redes sociales, sus escasas obligaciones a la hora de retirar contenido conflictivo de la Red o conservarlo, está en juego en los Estados Unidos. Entre este martes, 21 de febrero, y mañana, se desarrollarán en el Tribunal Supremo de Estados Unidos los casos de González contra Google y Twitter contra Taamneh . Dos juicios que pueden transformar completamente el funcionamiento de los grandes gigantes de Internet en el país norteamericano. El primero, parte de la muerte de la joven estadounidense Nohemi González, que fue asesinada en los atentados terroristas ocurridos en París en el año 2015. En 2016, su padre demandó a Google y otras empresas tecnológicas, a las que acusó de difundir contenido capaz de radicalizar y convertir a los usuarios en terroristas. En la denuncia presentada por la familia González se llama la atención, además, sobre la proliferación por la plataforma YouTube, propiedad de la matriz de Google, Alphabet, de contenido creado por ISIS. Este no solo no fue eliminado por el sitio, sino que, además, habría llegado a ser recomendado a algunos usuarios por el algoritmo. El segundo, el caso que enfrenta a Twitter contra Taamneh, la familia del ciudadano jordano Nawras Alassaf, fallecido en 2017 durante un ataque de ISIS en la ciudad turca de Estambul, acusa a aplicaciones y servicios como Twitter, Google y Facebook de no controlar el contenido terrorista en sus plataformas. Básicamente, las responsabiliza de no hacer lo suficiente para evitar que casos como el de Alassaf se produzcan, en línea con la demanda presentada por la familia González. En caso de que los dos casos prosperen, y el tribunal Supremo falle en contra de los intereses de las grandes tecnológicas, la famosa Sección 230 de la ley de Decencia de las Comunicaciones corre peligro de ser abolida por completo. Precisamente, esta es la norma que protege a las plataformas en línea como Facebook, Instagram y YouTube de dar explicaciones, o incluso tener algún tipo de responsabilidad, por la moderación de contenido en su interior. En caso de que sea eliminada, las empresas terminarán teniendo la obligación de eliminar contenido problemático. A pesar de ello, algunos expertos llaman la atención sobre el riesgo de que, en caso de la Sección 230 desaparezca, las redes sociales y plataformas como Google y YouTube sobremoderen y acaben censurando la opinión de internautas, lo que, al final, podría llegar a suponer un riesgo para la libertad de expresión . «Exponer a las empresas a la responsabilidad por las decisiones de organizar y filtrar contenido de entre la amplia gama de contenido publicado en línea las incentivaría a simplemente eliminar más contenido de formas que el Congreso nunca pretendió», afirma Jennifer Newstead, directora jurídica de Meta, matriz de las aplicaciones Facebook, Instagram y WhatsApp. Por su parte, Google niega que su trabajo referente a la retirada de contenido o el funcionamiento de sus algoritmo haya promocionado la expansión del terrorismo. En sus alegaciones , la empresa sostiene que los argumentos de la familia González están «gastados» y se basan en la «especulación». En la UE vamos por delante En la Unión Europea, la normativa respecto a las obligaciones de las redes sociales y plataformas digitales respecto al contenido que se publica en línea es distinta. «La ley es algo abstracta. Aquí el prestador de servicios, la red social o el buscador, está obligado a retirar el contenido que lesiona los derechos de terceros siempre y cuando tengan conocimiento efectivo de su existencia», explica en conversación con ABC Samuel Parra, jurista especializado en asuntos tecnológicos. Sea como fuere, en Europa las instituciones van por delante. Hace unos meses, la UE aprobó la Ley de Servicios Digitales (DSA) . A partir de 2024, año en el que comenzará a ser efectiva, obligará a las grandes plataformas a comenzar a responder de forma legal por el contenido que los usuarios vierten en su interior. De este modo, sitios como Facebook, Google o Twitter tendrán que retirar todo aquello que sea considerado ilegal. «Lo que es ilegal fuera de línea también debe ser ilegal en online», afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la aprobación de la ley. MÁS INFORMACIÓN noticia No «Estás casado, pero me quieres»: los delirios y los fallos del nuevo ChatGPT de Microsoft La norma entró en vigor a finales de 2022 y hace escasos días obligó a que las grandes tecnológicas desvelasen el número de usuarios que tienen en territorio perteneciente a la Unión Europea.