Debido a la preocupación que se ha generado en todo el país, producto de la proliferación de incendios en zonas forestales y en vertederos municipales, provocados simultáneamente en diferentes regiones de la República, en un contexto de una gravísima sequía y de una creciente ocupación del territorio dominicano por un éxodo desbordado de haitianos, los partidos políticos y organizaciones ciudadanas suscriben la siguiente declaración pública:
1- Exhortamos a las autoridades, profundizar las investigaciones acerca de los incendios criminales, de las personas nacionales y extranjeras arrestadas y procesadas hasta el momento como presuntos responsables, en orden a determinar si existe algún nivel de coordinación o cualquier pauta de relación entre los mismos. Anunciamos que los equipos legales de nuestras organizaciones y profesionales del derecho independientes, darán cabal seguimiento a los procesos abiertos en estos y otros casos, en procura de que se establezcan las sanciones condignas. Advertimos acerca de la necesidad de que las autoridades sigan una política de información transparente, sin reservas ni temores de provocar aprehensiones en la ciudadanía, descontinuando una vieja y negativa práctica de escamotear datos o minimizar los problemas, porque está más que visto que lejos de disminuir, los mismos crecen y se complican.
2- Reclamamos al Ministerio de Interior y Policía, MIP, disponer que la Dirección General de Migración y otras organizaciones de seguridad pública, procedan cuanto antes a levantar de forma vertiginosa, tanto en zonas de alta montaña como en las áreas de amortiguamiento de los parques nacionales o en el interior de los mismos. Según nuestras informaciones, de los 470 asentamientos que han sido identificados por las autoridades del MIP, que ya amenazan la cohesión social y territorial de la República y sus recursos naturales estratégicos con riesgo de balcanización, la mayor parte se encuentra en las zonas rurales o suburbanas. Hacemos especial mención del área de los Haitises y sus zonas contiguas, que acusa la presencia de un altísimo número de nacionales haitianos, y que por su singular configuración geomorfológica de carácter cárstico, resultan altamente vulnerable y expuesta a daños difíciles de reparar, y con enorme incidencia sobre fuentes de aguas de vital importancia para el Gran Santo Domingo.
3- Demandamos del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, adoptar sistemas de vigilancia satelital en tiempo real y con alta resolución para ejercer un control efectivo de todas las áreas y recursos medioambientales del territorio dominicano con sus espacios marítimos, al tiempo que exigimos que se refuerzan, entrenen y amplían tanto los grupos de bomberos forestales, como el cuerpo de guardabosques, los alcaldes pedáneos y sus ayudantes. Estas organizaciones y autoridades, constituyen el primer nivel de acción para la vigilancia y prevención de hechos o prácticas reñidas con la ley, a la vez que, la instancia de respuesta rápida y efectiva frente a los incendios provocados o accidentales.
4- Anunciamos que procederemos a proponer modificaciones en la legislación vigente, para endurecer las sanciones y ampliar las medidas complementarias que se le puedan imponer a los autores materiales e intelectuales de los incendios intencionales, así mismo estipular como circunstancia agravante de las infracciones medioambientales, la condición migratoria irregular de los culpables cuando éstos resultaren ser extranjeros. Particularmente, proponemos además que establecida la responsabilidad penal ante los Tribunales de Justicia de la República, junto a las multas y las medidas de privación de libertad que correspondan, se les puedan imponer a los autores, propietarios de los inmuebles y mejoras incendiadas, la prohibición total o parcial, de la disposición o aprovechamiento económico de los recursos o áreas incendiadas.
5- Reclamamos de las autoridades gubernamentales emprender amplios y sostenidos programas de reforestación en toda la República, movilizando fundamentalmente a la población joven entre 16 y 21 años, como lo dispone el artículo 75.4 de la Constitución, así como aplicar la metodología del programa internacional Cultivando Agua Buena (CAB) para la gestión integral de las 156 mocrocuencas de la República, con el propósito de fomentar un cambio cultural profundo en las comunidades, en relación a los recursos hídricos, su preservación y reproducción. Asimismo, abogamos porque en las zonas de las siete provincias fronterizas, así como en áreas estratégicas del territorio, se adopten por parte de las FF AA, los Asentamientos Militares Sostenibles, (AMS), comunidades concebidas para provocar en los integrantes de los cuerpos militares un proceso de mayor arraigo a la tierra, muy necesario para el relevo de productores, así como un mejor control y defensa del territorio y sus recursos. En este punto queremos anunciar a las autoridades de medioambiente nuestra disposición de que a las organizaciones que representamos, les sean asignadas áreas de reforestación en distintas zonas del país, y aspiramos que las demás organizaciones políticas y ciudadanas hagan un compromiso similar al que hoy asumimos, ya que el proceso de preservar los recursos naturales y potenciarlos es una responsabilidad de todos los dominicanos.
