Santo Domingo, República Dominicana. – Fue ejecutado un desalojo en los
inmuebles ubicados en la esquina de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez,
en el sector Miraflores del Distrito Nacional, en cumplimiento de disposiciones
legales emitidas por las autoridades competentes, tras un prolongado proceso
judicial.

De acuerdo con la documentación oficial, el señor Rafael Eduardo Selman Hasbún
adquirió los referidos inmuebles mediante contrato suscrito en el año 1982 con los
señores Milagros Manzueta, Nabih Antun Yeara Scandar, José Antun Yeara
Scandar, De Miguel Yeara Nasser, Dajher N. Yeara Nasser, María Yeara de Hane,
Rosalía Yeara Vda. Yeara, Yeni Yeara Yeara, Maritza A.

Yeara Yeara de Rodríguez y
Nabiha Yeara Scandar de Evangelista, cuya transferencia fue posteriormente
homologada por decisión del Tribunal Superior de Tierras en fecha 13 de
septiembre de 2006.

Desde el año 2004, distintas personas y entidades ocuparon los terrenos sin título
de propiedad registrado, dando lugar a una serie de litigios en las jurisdicciones
inmobiliaria, administrativa y judicial.

A lo largo de más de veinte años, todas las
instancias —incluyendo el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, el Tribunal
Superior de Tierras, el Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de
Justicia— han confirmado de manera definitiva la titularidad del inmueble a favor
del propietario.

Asimismo, múltiples recursos interpuestos por los ocupantes, tanto en sede
judicial como administrativa, fueron rechazados en distintas etapas del proceso,
consolidando la autoridad de la cosa juzgada y la validez de las autorizaciones de
desalojo emitidas por la Oficina del Abogado del Estado.

En este contexto, el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria autorizó
el auxilio de la fuerza pública mediante la Resolución No. 596, de fecha 25 de
septiembre de 2025, la cual fue posteriormente reiterada para su ejecución
conforme a la normativa vigente.

Las autoridades notificaron previamente a los ocupantes y establecieron los
plazos correspondientes para la ejecución del desalojo, en cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables.

El procedimiento fue llevado a cabo con acompañamiento institucional y en apego
a los protocolos establecidos, en el marco del restablecimiento del orden legal,
procurando garantizar el respeto a la dignidad de las personas durante todo el
proceso.

El señor Rafael Eduardo Selman Hasbún reiteró que su actuación se ha mantenido
siempre dentro del marco legal y en apego a las decisiones de los tribunales
dominicanos, destacando que:
“Este desalojo no es un acto arbitrario, sino la ejecución de decisiones judiciales
firmes durante más de 20 años, que han confirmado de manera definitiva el
derecho de propiedad y el respeto a la ley y a los derechos constitucionales que
nos asisten.

En su momento se hará conocer el proyecto que será desarrollado en
esta importante intersección. Agradecemos a las autoridades competentes, que
han realizado una labor encomiable para el adecuado desenlace de este proceso.”
Tras más de dos décadas de litigio, este caso pone de relieve la importancia del
respeto a la propiedad privada y del cumplimiento de las decisiones judiciales
como pilares esenciales del Estado de derecho en la República Dominicana