Sudán, tres años de guerra sin salida de la mayor catástrofe humanitaria global

La guerra civil en Sudán ha dejado de ser un conflicto olvidado para convertirse en el paradigma de las crisis prolongadas que el sistema internacional no logra resolver. Tres años después de su estallido, el 15 de abril de 2023, el país no solo sigue atrapado en una guerra de desgaste entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), sino que ha derivado en una emergencia humanitaria de dimensiones históricas, considerada por múltiples organismos como la más grave del planeta.

El enfrentamiento entre Abdelfatá al Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo —antiguos aliados tras la caída de Omar Hassan al Bashir en 2019— ha evolucionado hacia un conflicto enquistado, sin avances decisivos y con una progresiva sofisticación militar. La introducción de drones, los ataques a infraestructuras críticas y la extensión de los combates a nuevas regiones han intensificado el impacto sobre la población civil.

Las cifras son elocuentes, más de 14 millones de desplazados, decenas de miles de muertos —con estimaciones que superan los 150.000— y cerca de 34 millones de personas que dependen de ayuda humanitaria. En términos prácticos, seis de cada diez sudaneses necesitan asistencia para sobrevivir. En regiones como Darfur, la hambruna ya no es una amenaza, sino una realidad.

En este contexto, la conferencia internacional celebrada en Berlín ha dejado un compromiso económico relevante: 1.500 millones de euros destinados a paliar la crisis. El anuncio, liderado por el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, pretende enviar una señal política de que Sudán no ha desaparecido del radar internacional. Sin embargo, la distancia entre las promesas y las necesidades reales sigue siendo abismal, hasta ahora apenas se ha cubierto una fracción de los fondos requeridos por Naciones Unidas.

Dificultades para un alto el fuego

El problema no es únicamente financiero. La arquitectura diplomática para resolver el conflicto muestra signos de agotamiento. Las negociaciones impulsadas por actores internacionales —incluyendo EE UU, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— no han logrado avances sustanciales. Más aún, la creciente internacionalización del conflicto, con potencias regionales apoyando a distintos bandos, ha convertido la guerra en un tablero geopolítico donde los incentivos para la paz son cada vez menores.

A ello se suma un obstáculo estructural, la fragmentación interna de los actores en conflicto. Ni el ejército ni las RSF funcionan como bloques homogéneos, lo que dificulta cualquier intento de alto el fuego sostenible. Las alianzas tribales, las milicias locales y los intereses económicos asociados a la guerra perpetúan una dinámica en la que la violencia se convierte en un fin en sí mismo.

En paralelo, la población civil soporta el peso de un colapso total del Estado. El sistema sanitario está prácticamente desmantelado, las infraestructuras básicas han sido destruidas y la ayuda humanitaria encuentra enormes dificultades para acceder a las zonas más afectadas. En este escenario, el hambre no es solo consecuencia de la guerra, sino también un instrumento de control territorial.

Una crisis crónica en África

Mientras la comunidad internacional reconoce la gravedad de la crisis —con declaraciones contundentes de líderes como el secretario general de la ONU António Guterres—, la respuesta sigue siendo fragmentaria y reactiva. La atención global, condicionada por otros conflictos como los de Oriente Próximo o Ucrania, diluye la presión necesaria para impulsar una solución política.

Sudán se ha convertido así en un caso paradigmático de “crisis crónica”, un conflicto prolongado, con altos niveles de sufrimiento humano, pero sin la urgencia política suficiente para forzar un desenlace. La promesa de 1.500 millones de euros, aunque significativa, no cambia esta realidad estructural.

La cuestión de fondo no es solo cuánto dinero se moviliza, sino si existe una voluntad real de abordar las causas del conflicto como la lucha por el poder, la fragmentación institucional y la interferencia externa. Sin un cambio en estos factores, el riesgo es claro: que la guerra entre en una fase de normalización, donde la violencia, el hambre y el desplazamiento masivo dejen de ser excepciones para convertirse en la nueva norma.

En su cuarto año, la guerra de Sudán ya no es solo un conflicto nacional. Es una prueba de la capacidad —o incapacidad— del sistema internacional para responder a las crisis más complejas de nuestro tiempo. Y, por ahora, el balance sigue siendo profundamente insuficiente. @mundiario