La decisión del Tribunal Penal Internacional de confirmar todos los cargos contra Rodrigo Duterte y enviarlo a juicio marca un punto de inflexión en la justicia internacional contemporánea. El caso, centrado en la campaña antidrogas desplegada durante años en Filipinas, plantea preguntas de fondo sobre los límites del poder estatal, la rendición de cuentas y la capacidad de las instituciones globales para actuar frente a líderes políticos.
El proceso judicial se articula en torno a tres cargos de crímenes contra la humanidad, vinculados a asesinatos y tentativa de asesinato en el marco de una política que, según la acusación, fue “generalizada y sistemática”. La Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional concluyó por unanimidad que existen “motivos fundados” para considerar al expresidente Rodrigo Duterte penalmente responsable, lo que activa la fase de juicio.
El núcleo de la acusación se remonta a su etapa como alcalde de Davao y se extiende a su presidencia. Según el tribunal: “El material probatorio disponible demuestra la existencia de un plan común entre el Sr. Duterte y sus coautores para acabar con la vida de presuntos delincuentes en Filipinas —incluidos aquellos percibidos o acusados de estar vinculados al consumo, venta o producción de drogas— mediante delitos violentos, incluido el asesinato”.
Esta afirmación sintetiza la tesis central de la Fiscalía: la existencia de una estrategia coordinada de eliminación de sospechosos.
Uno de los elementos más controvertidos del caso es la dimensión real de la violencia. Las cifras oficiales del Gobierno filipino sitúan las muertes en torno a 6.200, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan el número hasta cerca de 30.000. Más allá de la cifra exacta, lo relevante para el proceso es determinar si esas muertes responden a acciones aisladas o a una política de Estado.
Los fiscales sostienen que Duterte ideó y autorizó personalmente un plan común para “neutralizar” a presuntos delincuentes mediante asesinatos extrajudiciales. Se han documentado casos en los que la policía utilizaba listas no verificadas de personas vinculadas a las drogas, irrumpiendo en hogares y disparando a personas desarmadas que no opusieron resistencia.
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La defensa: jurisdicción, salud y narrativa política
Además, investigaciones de Human Rights Watch revelaron que los agentes a menudo falsificaban pruebas y plantaban armas para justificar los homicidios.
Informes internacionales han señalado que la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes de entornos urbanos desfavorecidos, lo que introduce un componente social en el análisis del fenómeno. Este patrón será clave en el juicio para evaluar si existió una persecución sistemática contra un grupo concreto de la población.
Organismos como la ONU y la Unión Europea han denunciado que la campaña se llevó a cabo con una “impunidad casi total”, ignorando el derecho al debido proceso y las garantías judiciales básicas. Los informes indican que la retórica del gobierno funcionó como un “permiso para matar”, permitiendo redadas sin órdenes de registro ni de arresto.
Entre las víctimas se han identificado numerosos civiles inocentes, menores de edad y personas que no tenían ninguna relación real con el tráfico o consumo de drogas. Muchos de los asesinados pertenecían a las comunidades más pobres y marginadas de Filipinas.
La estrategia de la defensa de Rodrigo Duterte se articula en varios frentes. Por un lado, cuestiona la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, argumentando que Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019. Sin embargo, el tribunal sostiene que mantiene competencia sobre hechos ocurridos cuando el país aún era miembro.
🎥 #ICC judges confirmed all charges against Rodrigo Roa #Duterte and committed him to trial. Your questions answered. #AskTheCourt
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— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 23, 2026
Por otro lado, los abogados han alegado problemas de salud y capacidad mental del acusado para afrontar el juicio. Este argumento no ha prosperado en fases preliminares, aunque podría reaparecer durante el proceso.
En el plano político, la defensa niega la existencia de una política de asesinatos. Duterte ha afirmado en el pasado: “Lo hice por mi país y por los jóvenes” y “No tengo nada que ocultar”. En otra declaración, asumió una postura desafiante: “Sin excusas, sin disculpas. Si voy al infierno, que así sea”. Estas citas, que no han sido matizadas por su equipo legal, reflejan una narrativa que combina justificación política y aceptación de consecuencias.
El papel del TPI y sus límites
El Tribunal Penal Internacional actúa bajo el principio de complementariedad: interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren investigar. En este caso, la corte considera que se cumplen esas condiciones.
No obstante, el tribunal carece de fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados. La detención de Duterte en Manila y su traslado a La Haya fueron posibles gracias a mecanismos de cooperación internacional, lo que subraya tanto la capacidad como las limitaciones del sistema.
El juicio también servirá para evaluar el alcance probatorio de discursos políticos y decisiones ejecutivas en la atribución de responsabilidad penal. La Fiscalía ha señalado que el acusado estaba “en el corazón” de la estrategia, mientras que la defensa sostiene que se trata de interpretaciones sesgadas de declaraciones públicas. @mundiario
