La tensión entre política y entretenimiento en EE UU no es nueva, pero el último episodio protagonizado por Jimmy Kimmel y la Administración de Donald Trump marca un salto cualitativo. La reacción institucional a un chiste, dirigido a la primera dama Melania Trump sobre el escenario en el que enviude, no se ha limitado a la crítica pública o a la presión mediática, sino que ha derivado en la apertura de un proceso para revisar las licencias de emisión de la cadena American Broadcasting Company (ABC), propiedad de The Walt Disney Company.
Este movimiento introduce una cuestión de fondo: ¿puede el poder ejecutivo utilizar herramientas regulatorias para responder a contenidos críticos o satíricos? Formalmente, la revisión de licencias corresponde a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), un organismo independiente. Sin embargo, el impulso político y el contexto en el que se produce la decisión proyectan dudas sobre la frontera entre supervisión técnica y presión política.
El origen del conflicto es un monólogo humorístico con referencias irónicas a la primera dama, en el que dijo que la exmodelo luce “el brillo de quien espera quedarse viuda”, al casar la idea de la herencia conyugal con la expresión sobre el buen aspecto de las embarazadas cuando esperan un bebé. Todo ello coincidió precisamente con el tercer intento de magnicidio contra Donald Trump en los últimos dos años, en el que el maestro de 31 años Cole Allen intentó disparar contra la plana mayor del Gobierno en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton.
Desde el entorno presidencial se ha interpretado el comentario como parte de una “retórica dañina”, mientras que el propio Kimmel ha defendido su intervención como una broma dentro de los márgenes habituales de la comedia política. “¿Sabéis como a veces te despiertas por la mañana y la primera dama publica un comunicado pidiendo que te despidan? ¿Todos lo hemos vivido, verdad?”, dijo en su monólogo en su programa de televisión, Jimmy Kimmel Live!
“Era obviamente una broma sobre su diferencia de edad, y el rostro de alegría que se les ve cada vez que están juntos. Era una broma muy ligera sobre que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo. No era, bajo ningún concepto, una incitación al asesinato, y lo saben. Durante muchos años he sido muy directo contra las armas”, ha afirmado el cómico de 58 años. “Y no hubo ninguna reacción hasta esta misma mañana, cuando abrí mi día con otra tormenta de vómito de Twitter en la que la primera dama pedía mi despido”, relató.
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El choque con la libertad de expresión
“Gente como Kimmel no debería tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir el odio. Kimmel, un cobarde, se esconde detrás de la ABC porque sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo. Ya basta”, escribió la primera dama en una inusual publicación en redes sociales, que fueron replicadas por su marido. Trump se unió a las peticiones de despido. “No tiene ni pizca de gracia, como demuestran sus pésimos índices de audiencia. Hizo una declaración en su programa que resulta realmente impactante”, agregó el mandatario.
“Entiendo que la primera dama tuviera una experiencia estresante este fin de semana, y probablemente todos los fines de semana sean estresantes en esa casa”, continuó Kimmel en su monólogo. “Y, además, estoy de acuerdo en que hay cierta retórica violenta que tenemos que rechazar. Creo que la manera de comenzar es tener una conversación con su marido. Donald Trump puede decir lo que quiera, como puedes tú y puedo yo. Porque bajo la primera enmienda tenemos, como estadounidenses, el derecho a la libertad de expresión”, sentenció el presentador.
La FCC tiene competencias para otorgar y renovar licencias de emisión, pero históricamente ha evitado intervenir en contenidos salvo en casos muy concretos. La posibilidad de adelantar revisiones o incluso cuestionar licencias por el contenido emitido introduce un precedente delicado.
Voces dentro del propio organismo, como la comisionada Anna Gómez, han advertido de que este tipo de medidas podrían carecer de base legal y chocar con la Primera Enmienda, que protege explícitamente la libertad de expresión frente a interferencias gubernamentales, lo que convierte cualquier intento de sanción indirecta en un terreno jurídicamente complejo. @mundiario
