La Unión Europea dio este lunes un paso que durante meses parecía políticamente imposible: aprobar nuevas sanciones contra colonos israelíes y organizaciones vinculadas al movimiento de asentamientos acusados de participar o promover ataques contra palestinos en la Cisjordania ocupada.
La medida, desbloqueada tras el cambio de Gobierno en Hungría, evidencia el creciente malestar europeo por el deterioro de la situación sobre el terreno y por la expansión de una violencia que, según organismos internacionales, se ha intensificado desde el inicio de la guerra de Gaza en octubre de 2023.
Aunque el paquete aprobado por Bruselas es limitado en términos prácticos —afecta a tres colonos y cuatro organizaciones—, su dimensión política resulta mucho más relevante. La UE llevaba meses atrapada entre quienes reclamaban endurecer la presión diplomática sobre Israel y quienes temían romper completamente el equilibrio tradicional de las relaciones europeas con Tel Aviv.
El resultado final es un compromiso mínimo, pero simbólicamente importante: sancionar a actores israelíes concretos sin alterar todavía la arquitectura general de cooperación con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, resumió el cambio de tono europeo con una frase contundente: “Es hora de que pasemos del punto muerto a la acción”. Y añadió: “Los extremismos y la violencia tienen consecuencias”.
Las sanciones incluyen congelación de activos en territorio europeo y prohibición de entrada a la UE. Entre las organizaciones afectadas aparecen grupos ligados al movimiento de colonización israelí, como Regavim, Nachala, HaShomer Yosh y Amana, todas ellas asociadas desde hace años a la expansión de asentamientos en Cisjordania. Algunas de estas organizaciones desempeñan un papel clave en la promoción de nuevos enclaves israelíes en territorios ocupados, considerados ilegales según el derecho internacional.
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La decisión europea llega en un contexto particularmente explosivo. La violencia de colonos contra comunidades palestinas en Cisjordania ha aumentado de forma drástica desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han documentado ataques contra aldeas palestinas, destrucción de propiedades, desplazamientos forzados y un incremento sostenido de víctimas civiles en la región.
Sin embargo, el debate dentro de la UE ha sido mucho más complejo de lo que aparenta la decisión final. Durante meses, Hungría —bajo el liderazgo de Viktor Orbán— bloqueó cualquier iniciativa contra Israel, alineándose estrechamente con Netanyahu. Solo el relevo político en Budapest permitió romper el veto y desbloquear el consenso necesario entre los Veintisiete.
Aun así, Bruselas continúa profundamente dividida sobre hasta dónde debe llegar la presión sobre Israel. Países como España, Irlanda o Eslovenia defienden medidas mucho más duras, incluida la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel o restricciones comerciales a productos provenientes de asentamientos ilegales. Otros gobiernos, como Italia, siguen apostando por la cautela diplomática.
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, expresó públicamente esa frustración: “Llevamos demasiado tiempo hablando de medidas”. Mientras tanto, Luxemburgo insistió en que “no se puede simplemente ignorar la situación”.
La reacción israelí fue inmediata y extremadamente dura. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, calificó las sanciones de “arbitrarias y políticas” y acusó a Bruselas de establecer “una equivalencia moral completamente distorsionada” entre ciudadanos israelíes y “terroristas de Hamás”.
La indignación israelí se centra especialmente en el hecho de que la UE aprobara simultáneamente nuevas sanciones contra representantes de Hamás. Aunque diplomáticos europeos sostienen que ambas decisiones obedecen a dinámicas separadas y responden a exigencias internas de algunos Estados miembros para alcanzar un equilibrio político, en Israel se interpreta como un gesto profundamente ofensivo.
El propio Netanyahu elevó aún más el tono al acusar a Europa de “bancarrota moral” por, según su visión, equiparar a israelíes con organizaciones yihadistas. Desde sectores de la derecha israelí se interpreta además que Bruselas intenta criminalizar el movimiento de asentamientos en un momento en el que el Gobierno israelí impulsa una expansión territorial acelerada en Cisjordania.
Esa expansión constituye precisamente uno de los grandes puntos de fricción internacionales. Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional y por resoluciones de Naciones Unidas. Sin embargo, sucesivos gobiernos israelíes han respaldado su crecimiento, especialmente desde el regreso de Netanyahu al poder en 2022 al frente de una coalición ultraderechista favorable a los colonos.
La UE intenta así enviar una señal política sin romper completamente con Israel. El problema para Bruselas es que la presión internacional aumenta más rápido que su capacidad de alcanzar consensos internos. Mientras algunos Estados consideran insuficientes las sanciones aprobadas, otros temen que cualquier escalada diplomática fracture definitivamente las relaciones con un socio estratégico en Oriente Próximo.
Tras meses de guerra en Gaza, Bruselas ha sido criticada por su incapacidad para actuar con una sola voz frente a las denuncias de violaciones del derecho internacional tanto en Gaza como en Cisjordania. La aprobación de estas sanciones busca proyectar una imagen de firmeza, pero al mismo tiempo expone los límites políticos de una Unión donde cada decisión exterior depende del delicado equilibrio entre gobiernos con visiones radicalmente distintas sobre Israel y un eventual Estado palestino. @mundiario
