Bolivia entra en la cuarta semana de protestas sin acuerdo y con una creciente presión sobre Paz

Bolivia atraviesa una etapa crítica de inestabilidad política y social. Las protestas contra el presidente Rodrigo Paz cumplen ya cuatro semanas consecutivas sin que los intentos de diálogo impulsados por el Gobierno hayan logrado abrir una negociación efectiva con los sectores movilizados. La acumulación de reclamos sectoriales vinculados al coste de la vida, la escasez de combustibles y las dificultades económicas ha terminado convirtiéndose en una crisis nacional que amenazan con desestabilizar el mandato del líder democristiano que apenas lleva seis meses en el poder.

La persistencia de los bloqueos, las marchas y la paralización parcial de varias regiones del país refleja el profundo malestar social que atraviesa Bolivia a menos de un años después de que Paz ganara la presidencia. Al mismo tiempo, la situación pone de manifiesto la enorme dificultad del nuevo Ejecutivo para gobernar un país todavía marcado por las fracturas políticas, territoriales y sociales heredadas de los años del Movimiento al Socialismo (MAS) y del liderazgo del expresidente Evo Morales.

Las movilizaciones han mantenido prácticamente aislado al departamento de La Paz durante casi tres semanas y se han extendido progresivamente hacia regiones clave como Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz. En las calles de la capital administrativa, miles de manifestantes vinculados a organizaciones campesinas aimaras, sindicatos mineros, la Central Obrera Boliviana y sectores afines a Morales continúan presionando al Gobierno con marchas diarias y bloqueos que rodean los principales centros de poder político.

La tensión ha aumentado especialmente en torno a la plaza Murillo, núcleo institucional donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Parlamento. Desde la semana pasada, la zona permanece fuertemente custodiada por unidades antidisturbios y efectivos militares, mientras grupos de manifestantes intentan acercarse al perímetro de seguridad. Los enfrentamientos registrados en las últimas jornadas, con uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía, evidencian el riesgo creciente de una escalada más violenta.

En paralelo, el país enfrenta un deterioro económico y logístico cada vez más palpable. Los bloqueos de carreteras están afectando el abastecimiento de combustibles y mercancías, provocando protestas de transportistas y dificultades en el funcionamiento de infraestructuras estratégicas como el Aeropuerto Internacional de El Alto. El conflicto ya no impacta únicamente en la dimensión política, sino también en la actividad económica cotidiana y en el abastecimiento básico de varias ciudades.

El Gobierno insiste en el diálogo

La situación resulta especialmente delicada porque Bolivia atraviesa además un periodo de transición política particularmente sensible. Paz llegó al poder tras las elecciones de 2025 prometiendo una nueva etapa política menos centralizada y más orientada al diálogo institucional, después de las décadas de hegemonía del MAS. Sin embargo, apenas medio año después, su Gobierno se enfrenta a una movilización social que desafía tanto sus medidas económicas como su capacidad para administrar la crisis.

El propio presidente ha intentado proyectar una imagen de moderación frente a la escalada del conflicto. En varias declaraciones públicas, incluido un reciente mensaje televisivo y entrevistas internacionales, Paz insistió en que no pretende resolver la crisis mediante la fuerza y defendió el diálogo como única salida viable.

“La única forma de ganar hoy día no va a ser a bala”, afirmó el mandatario al rechazar una respuesta represiva a las movilizaciones. El mensaje busca marcar distancia respecto a etapas anteriores de la política boliviana, donde los conflictos sociales derivaron frecuentemente en episodios de violencia estatal y fuertes crisis institucionales.

No obstante, el discurso conciliador del Gobierno convive con señales que alimentan la desconfianza de los sectores movilizados. Una de las más controvertidas ha sido la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 sobre la declaración de estados de excepción. Si la norma supera el trámite parlamentario restante, el Ejecutivo podría ampliar significativamente sus capacidades para desplegar fuerzas de seguridad sin autorización previa del Legislativo.

Paz descarta dimitir

Aunque el Gobierno sostiene que se trata únicamente de una adecuación normativa prevista en la Constitución, varios dirigentes sindicales y la oposición de izquierda indigenista interpretan la iniciativa como una posible preparación para endurecer la respuesta estatal frente a las protestas.  La crisis también refleja la compleja recomposición del escenario boliviano tras la salida del MAS del poder. Muchos de los sectores movilizados mantienen vínculos políticos, sindicales o territoriales con el entorno de Morales, que tiene una orden de su captura en su contra por abuso de menores.

Las protestas agrupan reivindicaciones económicas muy diversas como el rechazo a medidas de austeridad, exigencias salariales, alivios tributarios, aumento de pensiones, control del coste de vida y mejoras en el abastecimiento de combustibles. En ese contexto, la petición de renuncia presidencial funciona más como un elemento aglutinador del malestar que como una reivindicación homogénea compartida por todos los sectores movilizados.

Consciente de ello, Rodrigo Paz ha intentado transmitir que la crisis está cambiando de naturaleza y que las exigencias de dimisión presidencial pierden peso frente a demandas más concretas. El mandatario sostiene que el conflicto expresa también tensiones estructurales acumuladas durante décadas y no resueltas por anteriores gobiernos.

“Es un choque entre un pasado que no quiere dejar una visión de manejo del Estado y una Bolivia que está queriendo construir una patria desde una visión distinta”, afirmó recientemente el presidente. Esa interpretación revela que el Gobierno concibe la crisis no solo como una protesta coyuntural, sino como parte de una disputa más profunda sobre el modelo político y territorial del país.

En un intento por reducir la presión social, Paz anunció además la rebaja del 50 % de su salario y del sueldo de sus ministros, una de las demandas incluidas en el pliego reivindicativo de la Central Obrera Boliviana. La medida tiene un importante componente simbólico, especialmente en un contexto de creciente descontento económico y percepción de sacrificios desiguales. Sin embargo, hasta ahora los gestos del Ejecutivo no han logrado desactivar las movilizaciones ni abrir un canal de negociación estable. La falta de interlocutores claros, la fragmentación de las protestas y la profunda polarización política dificultan cualquier salida rápida al conflicto. @mundiario