POR AIK AMBIORIX.
 El autor es gerente de Prensa Hispana.Miembro de la Fundación Verdées.

Durante años, el empresariado dominicano ha sido un aliado estratégico del desarrollo nacional, generador de empleos, pagador de impuestos y motor permanente de la economía. Sin embargo, algunas autoridades del presente gobierno parecen empeñadas en tratar al sector privado como si fuera un adversario, olvidando que el crecimiento del país solo puede construirse sobre la base del diálogo, la cooperación y la sinergia entre el Estado y quienes arriesgan su capital para producir riquezas.

El caso que actualmente afecta a los detallistas de combustibles agrupados en ANADEGAS constituye un preocupante ejemplo de esa desconexión. Se pretende imponer a las estaciones de servicios un cobro exorbitante por concepto de desechos sólidos, calculado bajo criterios propios de actividades industriales de gran escala, cuando la realidad demuestra que las estaciones no generan los volúmenes de residuos que pretenden atribuirles. La medida resulta desproporcionada, injusta y peligrosamente lesiva para la sostenibilidad de cientos de pequeños y medianos empresarios.

Lo más preocupante es que las reuniones prometidas nunca llegan, los compromisos asumidos permanecen sin cumplimiento y las respuestas continúan siendo postergadas. Mientras tanto, los detallistas observan cómo se acerca una amenaza capaz de poner en riesgo inversiones de décadas, empleos y la estabilidad económica de cientos de familias. Las promesas se acumulan, las soluciones no aparecen y el tiempo sigue corriendo en contra del sector.

Nadie parece comprender la magnitud del problema. Nadie parece escuchar los reclamos legítimos de más de 780 estaciones de combustibles representadas por ANADEGAS. Pero llegará el momento en que la paciencia se agotará. Ningún empresario puede permanecer indefinidamente sentado esperando que las autoridades atiendan planteamientos razonables mientras continúan imponiéndose cargas que amenazan la supervivencia de sus negocios.

Por ello, ANADEGAS plantea una alternativa justa y proporcional. Que el pago por concepto de desechos sólidos sea calculado de acuerdo con el nivel de inversión de cada estación: RD$25,000 para inversiones entre RD$30 y RD$50 millones; RD$50,000 para estaciones entre RD$50 y RD$100 millones; RD$75,000 para inversiones entre RD$100 y RD$150 millones; RD$100,000 para establecimientos entre RD$150 y RD$200 millones; y una escala diferenciada para inversiones superiores a RD$200 millones. Esta propuesta reconoce la realidad económica del sector y evita castigar injustamente a los más pequeños.

La historia demuestra que cuando los sectores productivos son ignorados, terminan recurriendo a acciones legítimas de defensa. El país recuerda experiencias empresariales donde la unidad de los detallistas logró corregir decisiones equivocadas que afectaban su operatividad. ANADEGAS debe prepararse para encabezar una lucha firme, organizada y responsable contra cualquier medida abusiva que amenace la viabilidad de sus asociados. El empresario no es un enemigo del Estado ni un «saco de boxeo» para funcionarios indiferentes; es un socio indispensable para el desarrollo nacional.

Las Sagradas Escrituras enseñan que existe un tiempo para orar y un tiempo para actuar. Cuando el pueblo de Israel quedó atrapado frente al Mar Rojo, Dios habló a Moisés con una orden clara y contundente: «Dile al pueblo de Israel que marche». Quizás ha llegado el momento de que las autoridades escuchen antes de que el conflicto escale innecesariamente. Y quizás también ha llegado el momento de que ANADEGAS marche con firmeza en defensa de sus derechos, de sus inversiones y de la dignidad de un sector que por décadas ha servido fielmente a la República Dominicana.

Hasta una próxima.