El control del estrecho de Ormuz reafirma la vulnerabilidad del suministro energético global frente al pulso entre Irán y Occidente. Este cuello de botella de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más crítico canaliza diariamente más de 20 millones de barriles de crudo, el equivalente al 20% del consumo mundial, además del 20% del gas natural licuado (GNL). Cualquier amago de bloqueo por parte de Teherán no solo ha desatado una escalada militar con la Quinta Flota de EE UU, sino que estrangula de inmediato la cadena de suministro de las economías asiáticas y europeas.
La Casa Blanca sacudió los mercados globales al proponer que Estados Unidos operara como el «guardián del estrecho de Ormuz», exigiendo un reembolso del 20% sobre el valor de toda la carga civil a cambio de escolta militar contra las amenazas iraníes. No obstante, tras intensas presiones diplomáticas de reyes y emires aliados del golfo Pérsico, el mandatario dio un giro radical a través de Truth Social, donde canceló el polémico gravamen marítimo para reemplazarlo por acuerdos milmillonarios de inversión directa en industrias y fábricas estadounidenses.
La anterior propuesta habría supuesto un cambio sin precedentes en la gestión de una de las rutas marítimas internacionales más importantes del mundo. Sin embargo, pocas horas antes de que la medida comenzara a aplicarse, Trump comunicó públicamente su decisión de dejarla sin efecto. «Basándome en las conversaciones sumamente productivas que he mantenido con los líderes de Oriente Próximo, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de los Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en el país».
El anuncio llegó acompañado de otro mensaje poderoso: Washington mantendría abierto el estrecho para toda la navegación internacional, excepto para el tráfico vinculado con Irán. «El estrecho de Ormuz está abierto a TODO el tráfico de buques, excepto para Irán». De esta manera, se confirma que el cambio no implica un relajamiento de la presión sobre Teherán, sino una modificación del instrumento elegido para ejercerla.
El giro no puede entenderse únicamente como un cambio de opinión, ya que detrás aparecen varios factores diplomáticos, económicos y jurídicos que convergieron en muy poco tiempo. El primero fue la reacción de los principales socios árabes de Washington: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y otros países del Golfo dependen enormemente de la libre circulación por Ormuz para exportar petróleo y gas hacia Asia, Europa y América, por lo que una tarifa del 20% habría incrementado de forma muy considerable los costes comerciales precisamente en un momento de elevada tensión regional.
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En lugar de asumir ese coste, los dirigentes del Golfo optaron por ofrecer otra vía de cooperación. Según explicó Trump, las conversaciones mantenidas con ellos desembocaron en el compromiso de impulsar nuevos acuerdos comerciales e inversiones en fabricas en Estados Unidos. «Esas inversiones serán MULTITUDINARIAS pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro».
Aunque la Casa Blanca no detalló públicamente los compromisos alcanzados, el mensaje deja claro que Washington considera que esas futuras inversiones generan un beneficio político y económico superior al que habría proporcionado el cobro directo de peajes.
El problema jurídico del plan inicial
La ofensiva legal contra el plan de la Casa Blanca fue inmediata. La Organización Marítima Internacional (OMI) recordó a Washington que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) consagra el «derecho de paso en tránsito». Este estatus prohíbe taxativamente que un Estado ribereño —y mucho menos una potencia externa— condicione la navegación con gravámenes unilaterales. El rechazo no provino únicamente de las cancillerías aliadas; el propio portavoz de la OMI zanjó que «no existe ningún fundamento jurídico» para convertir las aguas de Ormuz en un peaje obligatorio. Esta contundencia legal desarmó la justificación de Donald Trump, exponiendo la fragilidad de su estrategia ante el derecho internacional marítimo.
Durante los meses anteriores, la propia administración Trump había criticado cualquier intento de restringir la libre navegación internacional y había acusado a Irán de poner en riesgo precisamente ese principio, por lo que mantener el peaje habría abierto una evidente contradicción con ese discurso.
No obstante, la retirada del peaje no supone el final de la presión estadounidense sobre Irán; por el contrario, Trump confirmó que el bloqueo naval selectivo contra el tráfico iraní permanece plenamente vigente: «Por lo tanto, aplicaremos un bloqueo TOTAL, pero solo a los buques que vayan hacia o desde puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa que tenga que ver con cargamento iraní».
Esto significa que Washington mantiene su estrategia de aislamiento económico contra Teherán, aunque evita extender los costes de esa política a los países árabes aliados.
Mientras el peaje forzoso del 20% amenazaba con castigar de forma indiscriminada a aliados clave y flujos logísticos globales, el giro estratégico de la Casa Blanca busca asfixiar quirúrgicamente los ingresos de Teherán. Al sustituir el gravamen marítimo por un bloqueo naval enfocado exclusivamente en los buques cisterna y el crudo iraní, Washington intenta mitigar el impacto inflacionario en los mercados occidentales.
Este viraje responde a la presión de los parqués internacionales: la reactivación de las hostilidades en el golfo Pérsico ya había empujado al crudo Brent a rebasar sus máximos recientes, por lo que encarecer artificialmente los fletes comerciales a través de una tasa de tránsito habría desatado una crisis de precios y una incertidumbre insostenible en el suministro global.
Paradójicamente, el propio Gobierno estadounidense habría terminado alimentando nuevas subidas energéticas en un momento especialmente sensible para la inflación mundial.
En lugar de convertir la protección naval en una fuente directa de ingresos mediante tarifas obligatorias, Washington busca reforzar su relación con los Estados del Golfo mediante inversiones que, según el presidente estadounidense, impulsarán nuevas fábricas, infraestructuras y empleo dentro de Estados Unidos.
La rápida rectificación de Trump refleja que, incluso en un contexto de máxima presión sobre Irán, Washington continúa necesitando preservar la confianza de los países del Golfo, cuya cooperación resulta esencial tanto para el equilibrio regional como para el funcionamiento del mercado energético internacional. @mundiario
