La crisis económica de Bolivia ha encontrado un nuevo escenario de confrontación: el Parlamento. La censura del ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, no es únicamente el relevo de un miembro del Gobierno. Es el primer gran choque institucional entre el presidente Rodrigo Paz y una Asamblea que acaba de demostrar que puede poner en dificultades a una pieza central de su programa económico.
La votación, además, deja una cuestión jurídica de considerable importancia. 91 parlamentarios votaron a favor de la censura, una cifra que el presidente de la Asamblea, Edmand Lara, considera suficiente al aplicar el requisito de dos tercios sobre los legisladores presentes.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, y el propio ministro Espinoza calificaron la resolución de «inconstitucional». El Ejecutivo defiende que el artículo 158 de la Constitución exige dos tercios del total de los miembros de la Asamblea (166 legisladores entre diputados y senadores). Bajo esta interpretación, el umbral mínimo obligatorio corresponde exactamente a 111 votos, por lo que el Gobierno alega que la votación de 91 apoyos no posee validez legal
La Asamblea Legislativa Plurinacional censuró a Espinoza después de que el ministro no acudiera a una interpelación en la que debía responder a 29 preguntas sobre política económica, política monetaria, planificación macroeconómica, combustibles, deuda, bonos soberanos y Presupuesto General del Estado.
Espinoza había solicitado aplazar su comparecencia alegando compromisos oficiales en Santa Cruz y posteriormente en Brasil. La Cámara rechazó esa petición por 81 votos frente a 43 y posteriormente aprobó la censura. La oposición convirtió la ausencia en el argumento político central. La diputada Elena Pachacute (Alianza Libre) sostuvo que la decisión “no es una revancha política”, sino el resultado de una interpelación en la que se reclamaban “respuestas y responsabilidades frente a una crisis económica que está golpeando a todos los bolivianos”.
Pero el problema para Paz no termina ahí. La Constitución boliviana establece que la censura de un ministro implica su destitución, mientras que la Ley 1350 establece que el presidente debe ejecutar esa decisión en un plazo máximo de 24 horas desde que recibe formalmente la resolución.
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La batalla de los dos tercios
El elemento que puede cambiar completamente el desenlace es el cómputo de la mayoría necesaria para aprobar la censura. El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, consideró que los dos tercios debían calcularse sobre los parlamentarios presentes en la sesión. Con 129 legisladores presentes, el mínimo requerido era de 86 votos y los 91 favorables superaron ese límite.
Por el contrario, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, sostiene una interpretación diferente: los dos tercios deben calcularse sobre el conjunto total de integrantes de la Asamblea. Bajo ese criterio, serían necesarios 111 votos, por lo que la censura no habría alcanzado la mayoría constitucional.
El Gobierno se ha aferrado precisamente a esta discrepancia. Desde el Órgano Ejecutivo se ha cuestionado formalmente que pueda ejecutarse una destitución con una votación que, según su interpretación, no alcanza el número exigido por la Constitución, un dilema jurídico cuyo desenlace final recaerá ahora en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional.
La segunda opción no significa necesariamente que el Ejecutivo pueda ignorar al Parlamento. Significa que puede intentar que el Tribunal Constitucional determine cuál es la interpretación correcta antes de ejecutar una decisión que considera jurídicamente discutible.
Tras la censura parlamentaria, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dispone fundamentalmente de tres vías de actuación bien diferenciadas. La primera opción consiste en acatar de inmediato la resolución y destituir al ministro en un plazo de 24 horas, procediendo seguidamente a nombrar un sustituto. Si bien esta fórmula rebajaría la crispación institucional de manera rápida, supondría asumir el coste de una derrota política para el Ejecutivo y dejaría sin resolver la incógnita de si la censura se aprobó conforme a derecho.
La segunda alternativa se basa en la impugnación judicial ante el Tribunal Constitucional. A través de esta vía, el Gobierno defendería la continuidad del ministro argumentando que los 91 votos a favor obtenidos en el parlamento no representan la mayoría de dos tercios de la cámara exigida por la normativa. Este movimiento permitiría ganar tiempo y congelar el cese mientras los magistrados dictaminan de forma definitiva la validez del procedimiento legislativo.
La tercera posibilidad, de carácter más complejo, radica en forzar el cese formal de Espinoza para cumplir estrictamente con el mandato legal y proceder a su restitución posterior. Esta estrategia se apoya tanto en precedentes legales del país como en un vacío normativo, ya que la legislación actual no prohíbe de forma explícita que una autoridad censurada por la Asamblea pueda volver a ocupar una cartera ministerial poco tiempo después de su destitución.
Durante los gobiernos de Jeanine Áñez y Luis Arce se produjeron casos en los que ministros censurados fueron destituidos y posteriormente restituidos. Aquella práctica generó críticas precisamente porque podía convertir la censura parlamentaria en un procedimiento de efectos temporales y fácilmente reversibles.
La diferencia ahora es que el Gobierno de Paz se encuentra ante una Asamblea que parece dispuesta a utilizar hasta el límite sus mecanismos de fiscalización.
El problema no es solo Espinoza
Espinoza se ha convertido en una figura central de la estrategia económica de Paz. Su salida llegaría precisamente cuando el Ejecutivo intenta avanzar en un programa de reformas para afrontar la escasez de divisas, los problemas de abastecimiento de combustible, el deterioro fiscal y las dificultades de financiación.
Además, el Gobierno necesita apoyo parlamentario para avanzar en el programa negociado con el Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es contribuir a estabilizar las cuentas públicas y aliviar las tensiones económicas.
Si Paz pierde a uno de los principales responsables de su política económica en plena negociación y ejecución de reformas, el mercado puede interpretar el episodio como una señal de debilidad política. Pero también puede ocurrir lo contrario: si el presidente consigue preservar a Espinoza mediante una batalla constitucional, quedará demostrado que dispone de mecanismos para resistir la presión legislativa.
La oposición ha descubierto además una herramienta eficaz para presionar al Ejecutivo: el control parlamentario.
Espinoza ya había tenido problemas anteriormente para acudir a una interpelación. En abril alegó compromisos en Washington relacionados con reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquella comparecencia no prosperó por falta de quórum.
La oposición puede interpretar ahora que la primera experiencia no produjo consecuencias y que la censura constituye el mecanismo necesario para obligar al Gobierno a responder ante el Legislativo. El oficialismo, en cambio, puede considerar que se está utilizando una herramienta constitucional con una finalidad esencialmente política. @mundiario
